La dictadura envenenaba presos políticos

GUILLERMO Rodríguez Morales, dirigente del MIR que fue envenenado en la Cárcel Pública en 1981

dictadura873_1Durante la dictadura se emplearon numerosos métodos de aniquilamiento físico y destrucción sicológica de opositores, entre ellos el envenenamiento con armas químicas, prohibidas por la ONU.

Eugenio Berríos, químico de la Dina, conocía ese engranaje para matar, pero fue ultimado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en Uruguay. Su cuerpo apareció en abril de 1995. El agente de la Dina, Michael Townley, también sabe demasiado y vive en Estados Unidos, país que no ha concedido la extradición por los crímenes en los cuales participó.

Ahora se conoció otro eslabón. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, condenó a los militares Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú, a 20 años de cárcel en calidad de autores de homicidio calificado de los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, y en grado de frustrado de los ex presos políticos Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos. Además, Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez deberán pagar 10 años y un día de presidio si se ratifica el fallo del ministro Madrid.
Todo comenzó el 7 de diciembre de 1981 en la galería Nº 2 de la ex Cárcel Pública. Ocho reos presentaron síntomas de una enfermedad gastrointestinal. Las condiciones sanitarias en esa prisión eran deplorables. “Desde la galería superior chorreaban aguas servidas”, recordó Ricardo Aguilera a Punto Final.

Elizardo Aguilera fue el primero en sufrir vómitos y diarreas. Continuaron el día siguiente. Luego perdió el habla, tuvo doble visión y parálisis del cuerpo. Sin perjuicio de su gravedad “no fueron atendidos ni en la enfermería del penal, ni en la misma celda”, señaló el juez Madrid en su dictamen. El responsable de la Cárcel Pública era el coronel Ronald Bennett.
El estado de salud de Elizardo Aguilera se agravó y comenzó el calvario de sus otros compañeros. El 9 de diciembre siete de ellos fueron llevados a la enfermería de la cárcel.

INYECTARON LA BACTERIA EN LOS TOMATES

Los hermanos Aguilera habían llegado hacía pocos días, en prisión preventiva. “Yo todavía tenía las articulaciones de las rodillas reventadas, producto de los colgamientos en la Brigada Investigadora de Asaltos de la PDI”, puntualizó Ricardo. Se encontraron en la celda con Guillermo Rodríguez, condenado a presidio perpetuo por un Consejo de Guerra.
A las 19:03 horas del 9 de diciembre los trasladaron al hospital de la ex Penitenciería. Se informó que el reo común Víctor Hugo Corvalán Castillo murió en el trayecto. Sin embargo, Ricardo sintió el golpe seco de la caída de su cuerpo desde la camilla de la enfermería de la ex Cárcel Pública. No volvió a escuchar sus quejidos ni movimientos y “minutos después fuimos trasladados”.

El reo común Héctor Walter Pacheco Díaz, falleció el 10 de diciembre. Al día siguiente llegó un médico de la Cruz Roja Internacional. En el hospital penitenciario no entendían el cuadro clínico de los envenenados. Gendarmería decía “que habíamos ingerido pájaro verde(*). El profesional de la Cruz Roja dijo de inmediato que lo más probable es que fuera botulismo”, añadió Ricardo. Elizardo sufrió un paro respiratorio. Lo reanimaron y enviaron a la Posta Central.

Guillermo Rodríguez, debido a su gravedad, fue enviado el 10 de diciembre al Hospital San Juan de Dios. Requirió ventilación mecánica e hizo una neumopatía aguda. Fue transferido al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Le apareció una úlcera corneal en el ojo derecho. En abril de 1982 se le paralizaron las cuerdas vocales.
Adalberto Muñoz Jara recuerda que en la cárcel recibieron víveres. “Guillermo preparó el almuerzo, que consistió en carne, papas, tomates y una conserva de papayas. Recuerda que sobró ensalada de tomates y la compartieron con los cuatro reos comunes que se encontraban en la celda contigua”.

Muñoz no se sintió mal el mismo día que sus compañeros, sino al siguiente. Coincidió con el día de visitas. Fue el único que las pudo recibir. Relató a su esposa lo que estaba sucediendo y le pidió que avisara a la Vicaría de la Solidaridad. “Alguien debe haber inyectado algo en los tomates, ya que ese fue el único alimento que se compartió con los reos comunes”, aseguró.
Gendarmería revisaba todos los alimentos que ingresaban al penal. “Fue responsabilidad de ellos la demora en la atención médica”, expuso Muñoz al tribunal.

LA TOXINA LLEGO A LA CANCILLERIA

Días antes un funcionario de Gendarmería, Juan Segura, a cargo de la calle 2 de la Cárcel Pública, aconsejó a Muñoz que no siguiera compartiendo con los otros reos de la celda. ‘Muñoz, cámbiese de carreta, no coma nada con ellos porque usted no tiene nada de político’, y me dijo que comiera solo”. Cuando regresó a la calle 2 se percató que ya no estaba el funcionario Segura.
A pesar del pacto de silencio, el juez Madrid logró desentrañar la forma cómo producía armas químicas. El proceso se inició con una querella presentada por los hermanos Aguilera, a la cual adhirieron las otras víctimas y sus familiares. Expusieron que fueron “elegidos como conejillos de Indias para probar la efectividad de un agente tóxico empleado como arma química”.
En la investigación por el asesinato del químico de la Dina Eugenio Berrios, un detective concurrió al Instituto de Salud Pública (ISP), entrevistó a numerosos funcionarios “entre los cuales estaba el químico farmacéutico Marcos Poduje Frugone, quien trabajaba en el departamento de liofilización”, consigna el fallo. Poduje reveló que los coroneles Joaquín Larraín Gana, director entonces del Instituto de Salud Pública (ISP) y Jaime Fuenzalida Bravo, director y jefe de seguridad, colaboraron con la Dina y la CNI “para fabricar armas químicas en el complejo que el ejército tenía en Talagante”, señalaba el fallo.
“En 1981, entre el 22 de julio y el 7 de agosto, el comandante Fuenzalida le telefoneó para que fuera a buscar un encargo a la Cancillería, que en la época estaba en La Moneda. Se le hizo firmar un documento y se le entregó un paquete pequeño (…) Al llegar al Instituto Bacteriológico (actual ISP), lo abrió y extrajo un tubo con la leyenda clostridium botulinum”. La guardó en un refrigerador por tratarse de una bacteria muy peligrosa, declaró.
El lunes siguiente llevó el tubo a la oficina del jefe del Departamento, Hernán Lobos, creyendo que él lo había solicitado. Sin embargo, Lobos desconocía el hecho, así que preguntó al coronel Joaquín Larraín. “El coronel se quedó con la toxina y nunca más supo qué pasó con ella”, puntualizó. Meses más tarde Poduje hizo el cuadro: la relacionó “leyendo la prensa, con la intoxicación de unos militantes del MIR”, expresó Poduje.

LABORATORIO SECRETO

En tanto, el coronel Larraín confesó a la PDI que entregó la toxina clostridium botulinum a pedido de Arriagada. Agregó que como las cepas no existían en el ISP, se solicitaron “a Brasil a uno de los tres institutos que se encontraban en la ciudad de Sao Paulo, al parecer, uno de nombre Butantan (…) Dichas cepas no es posible encargarlas de forma particular, es necesario hacerlo por medio de un organismo como el Instituto Bacteriológico”, detalló.
Poduje explicó que se refaccionó un viejo liofilizador por orden de Larraín. “Lo arreglaron y después lo llevaron a la Vicaría de Carabineros, una iglesia ubicada en calle San Isidro, y dejaron el aparato detrás del altar”.
Por su parte, Jaime Fuenzalida Bravo, dijo que en esa fecha existía un laboratorio de investigación a cargo de Arrriagada.

La PDI interrogó a la suboficial (r) Kathya Estela Medina Hidalgo, quien perteneció al Batallón de Inteligencia y confirmó la hipótesis de un laboratorio químico secreto del ejército. Declaró que fue creado en 1980 para producir bacterias y agentes patógenos letales, “a cargo del médico cirujano del ejército, general (r) Eduardo Arriagada Rehren (…) Hablaban de bacterias. El laboratorio estuvo en calle Carmen, en una casa militar antigua”, precisó. El laboratorio se encontraba cerca de la Alameda, en la Vicaría Castrense.
Siempre cambiaban de lugar al laboratorio. Después se enteró que se encontraba en la localidad de Nos, dentro de la Escuela de Inteligencia. Trabajaba con un suboficial y una secretaria empleada civil. En 1998 supo que se encontraba en otro un lugar, manifestó Medina.

El coronel (r) del escalafón de veterinarios Sergio Rosende Ollarzú, señaló que en 1977, aproximadamente, cuando “estaban malas las relaciones con Argentina, lo llamó a su oficina el responsable de la jefatura veterinaria, Eugenio Tastets Solís, quien le presentó al médico de sanidad doctor Eduardo Arriagada Rehren, donde se enteró que este último estaba a cargo de un proyecto de antídoto de ántrax”, expresó a los investigadores.
Este proyecto duró hasta 1991 y por ese motivo lo visitaba periódicamente el doctor Arriagada en su laboratorio. Rosende supo que cuando comenzó el proyecto, en 1977, Arriagada ya trabajaba para el Servicio de Inteligencia. Elena Eugenia Díaz Durán, empleada civil del ejército, fue destinada al laboratorio en calle Carmen a la altura del 300. Su superior directo fue Arriagada, que era jefe administrativo del laboratorio, y Rosende trabajaba en él.

En la Vicaría Castrense el laboratorio estaba ubicado en el segundo piso. Consistía en una oficina administrativa, dos baños y una sala que se ocupada de living. “La entrada principal era controlada por guardia militar todo el día”, precisó Díaz.
La función de Elena Díaz era administrativa: “Confeccionaba oficios y documentos varios como la orden del día; a veces por órdenes del doctor Rosende le ordenaban trabajar en los medios de cultivo, indicándole él mismo cómo debía realizar el procedimiento. Solamente le preparaba el agar que se dejaba en las placas, una especie de gelatina que una vez que se enfriaba, se esterilizaba y era dejada en el refrigerador”. Respecto “a lo más delicado, había un tubo donde se mantenía el cultivo de ántrax y este siempre permanecía en un refrigerador. El único que lo manipulaba con implementos de seguridad era el doctor Rosende (…) Los cultivos sembrados se mantenían con calor de estufas por dos días, crecían en este ambiente, luego se dejaban en frascos o en las mismas placas y se guardaban en el refrigerador”.

CARLOS ANTONIO VERGARA

(*) Bebida alcohólica preparada en base a destilado de alcohol de quemar.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 873, 14 de abril 2017).

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Corrupción en Carabineros: las más de 40 alertas que nadie quiso escuchar

INVESTIGACIONES DE CONTRALORÍA Y CIPER SEÑALARON “ÁREAS DE RIESGO” ANTES DEL FRAUDE DE LOS $8 MIL MILLONES

Por : , y en Actualidad y EntrevistasPublicado: 16.03.2017

CIPER CHILE:  ciperchile.cl

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Aunque el alto mando fue elogiado por la transparencia con que manejó el fraude recién descubierto, nada se ha dicho por la falta de reacción ante más de 40 alertas que recibió desde 2010 sobre irregularidades internas. Compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles, son parte del menú que descubrieron decenas de inspecciones de Contraloría y reportajes de CIPER. La jefatura reforzó las unidades que manejan más recursos y les puso oficiales de inteligencia, pero no fue suficiente.

El robo a las arcas de Carabineros –hasta ahora cifrado en al menos $8 mil millones– no debió causar sorpresa en el alto mando. Aunque la jefatura policial informó el fraude con una transparencia que le granjeó elogios, nada ha dicho sobre su propia responsabilidad por no haber actuado más enérgicamente tras conocer más de 40 alertas que en los últimos siete años revelaron graves irregularidades en el manejo de los fondos institucionales, desorden en las cuentas y fallas en los sistemas de fiscalización.

Un total de 39 inspecciones de la Contraloría General de la República y 11 investigaciones periodísticas de CIPER mostraron estas falencias. En la mayoría de los casos, los responsables al mando siguieron sus carreras en nuevos puestos o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Los informes de la Contraloría fueron despachados con copia al Ministerio del Interior, cartera que tiene autoridad para intervenir en Carabineros, pero que en los últimos cinco años, pese al cúmulo de irregularidades denunciadas, nunca lo hizo.

Una evidencia de que en todos esos años el alto mando no protegió debidamente el patrimonio fiscal es que un oficial que hoy figura en la red que se apropió de los $8 mil millones, ya en 2012 había sido identificado por CIPER como uno de los involucrados en una compra de generadores eléctricos con sobreprecio, operación que según el Consejo de Defensa del Estado provocó un perjuicio fiscal de $928 millones. El comandante Ramiro Martínez Chiang integraba entonces la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

Tras la publicación de CIPER, Martínez Chiang fue llamado a retiro. Pero la investigación interna de la policía no advirtió sus vínculos con el gigantesco fraude que ya entonces estaba en marcha y que recién ahora se ha conocido. Un oficial que cuenta con la confianza del actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló a CIPER que Martínez Chiang recibió depósitos con dinero del fraude cuando ya había dejado la institución, razón por la cual no fueron detectados sus nexos con la red cuando se le investigó por la compra de los generadores.

La misma fuente reveló que el general Villalobos no ha recibido críticas del gobierno porque desde que asumió la jefatura, en 2015, impartió órdenes para intervenir las unidades donde CIPER y la Contraloría habían detectado manejos irregulares y corrupción. Esto, según la misma versión, habría provocado que los desvíos de dinero del millonario desfalco se detuvieran, de acuerdo con la investigación interna de Carabineros, a fines de 2015. En todo caso, si esa fue la fecha en que el fraude terminó de ejecutarse, aún no está claro por qué la investigación de la Fiscalía se inició recién en octubre de 2016.

Según la versión que se maneja en Carabineros, para evitar la corrupción en las unidades policiales que gestionan más recursos, el alto mando hizo varios movimientos estratégicos. El primero fue la creación de la Dirección de Compras Públicas, a fines de 2014, la que centralizó los procesos de licitaciones. Al asumir Bruno Villalobos como general director, se elevó el rango del Departamento de Cuarteles, que dependía de la Dirección de Logística, y se convirtió en la Dirección de Abastecimiento e Infraestructura. Esta nueva dirección está encargada de la construcción de cuarteles. Este movimiento fue la respuesta a un fraude que involucró más de $365 millones en la reposición de cuarteles en Aysén.

Villalobos también impulsó la separación del Departamento de Remuneraciones –epicentro del fraude de los $8 mil millones– de la Dirección de Finanzas. Actualmente, las remuneraciones están a cargo de un general inspector, quien a su vez es supervisado por el subdirector de Carabineros.

Villalobos proviene de las filas de Inteligencia de la institución y tras asumir como general director destinó personal de inteligencia a varios departamentos que manejan recursos millonarios. Es lo que ocurrió en la Dirección de Compras Públicas, donde asumió como jefe de gabinete el coronel René Ureta Toledo (quien hace una semana fue ascendido a la Dirección de Finanzas, en reemplazo del general Flavio Echeverría, quien fue separado del cargo por su responsabilidad de mando en el desfalco). Villalobos también instaló en el Departamento de Bienestar a un comandante de inteligencia a cargo de la supervisión de las viviendas fiscales y los créditos habitacionales.

Las alertas que Villalobos tuvo en cuenta para hacer esta serie de cambios, fueron variadas y todas de alto calibre. En octubre de 2013, un año después del episodio de los generadores eléctricos revelado por CIPER, la Dirección de Logística adquirió 29 carros blindados en US$3,5 millones. Los vehículos venían con serias fallas de seguridad y blindaje, lo que impidió su uso inmediato y motivó indagaciones por el riesgo de corrupción en esa compra.

El desorden en los gastos de la policía seguía dando campanadas de alerta. Un tercer reportaje de CIPER advirtió en 2015 que se compró un sistema para pinchar teléfonos por US$3,3 millones que presentó fallas. Un año después de su adquisición seguía sin funcionar y Carabineros, en vez de exigir al proveedor que se hiciera cargo, asumió a su costo las reparaciones.

Quien firmó el contrato de esa compra fue el general Marcos Tello Salinas, en ese momento Director de Logística. El episodio no significó una mancha en su hoja de vida: actualmente es el subdirector de Carabineros.

Las alarmas no solo fueron encendidas por investigaciones periodísticas. En los últimos cinco años la Contraloría General de la República realizó 39 auditorías a Carabineros. Hace una semana, cuando estalló el escándalo por el robo de dinero en la institución, el órgano fiscalizador elaboró una minuta en la que acusó que el desorden había sido avisado a tiempo:

En tales fiscalizaciones (la Contraloría) ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros”, señaló la minuta elaborada por la Contraloría.

Jorge Bermúdez, contralor

CIPER revisó 34 informes sobre Carabineros que están disponibles en la página de la Contraloría, emitidos entre 2010 y 2016, y pudo refrendar las numerosas irregularidades detectadas. Por ejemplo, en un análisis realizado en 2015 a la Dirección Nacional de Logística se constató que entre 2012 y 2015 no se realizaron auditorías internas a las compras de esa sección; se detectó un contrato por US$1 millón para la compra de motos de tránsito que no fue publicado en el portal de Compras Públicas; aparecieron diferencias entre facturas y egresos por $82 millones y se denunció la omisión de información a la Contraloría por compras que sumaban $892 millones. Era solo una muestra.

En otra investigación de diciembre de 2015 la Contraloría dio cuenta de serias irregularidades en la construcción de cuatro retenes en Aysén: se realizaron pagos a una constructora por $365 millones sin verificar el avance de las obras. Además, se devolvió una boleta de garantía por otros $19,3 millones, a pesar de que esos trabajos no fueron terminados por la constructora. Finalmente, Carabineros firmó contratos directos con un tercero para habilitar los retenes. En este caso dos oficiales terminaron formalizados y detenidos por su eventual responsabilidad.

Otras auditorías dieron cuenta de desorden e irregularidades en el área de remuneraciones, unidad en la que finalmente se produjo el gigantesco fraude ahora revelado. La Contraloría detectó la práctica irregular de pagar asignaciones específicas a todos los funcionarios de una región, a pesar de que no les correspondieran. Esta era una fórmula institucionalizada para abultar las remuneraciones y si se hubiese investigado a fondo lo que ocurría en esta unidad, probablemente el fraude actual se habría detectado antes.

Los informes de Contraloría también están plagados de pequeñas faltas: oficinas de Carabineros contratando TV cable premium con fondos fiscales, un mayor presionando a particulares para contratar a su propia empresa de seguridad, altos mandos utilizando vehículos policiales y funcionarios para sus mudanzas particulares, una esposa de un general recorriendo el río Calle Calle en una lancha institucional y un mayor utilizando carros policiales para ir a dejar a sus hijos al colegio. Una cultura de fraudes menores y granjerías que fueron tierra fértil para incubar la manga ancha que dio paso a la corrupción en gran escala.

LAS MILLONARIAS COMPRAS DEL TIC

El ex comandante Ramiro Martínez Chiang es uno de los 17 carabineros que el pasado domingo 12 de marzo entraron esposados a la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Pero no era la primera vez que se encontraba en el banquillo de los acusados.

En 2012, CIPER documentó en una serie de reportajes las millonarias irregularidades en las compras y contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). Martínez Chiang fue el jefe de Infraestructura de este departamento entre 2010 y 2012, e intervino en compras millonarias de productos con sobreprecio (vea el reportaje de CIPER “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros). Por este caso, Martínez Chiang ha sido investigado en la causa que originalmente llevó el fiscal José Morales y que actualmente tiene en sus manos el fiscal Marcelo Carrasco, aunque no ha sido formalizado, según consignó una nota de Emol del pasado viernes 10 de marzo.

Solo entre enero y diciembre de 2011, la empresa Mellafe y Salas, gracias a un convenio marco con Carabineros, facturó más de $2.850 millones en productos con sobreprecio para el TIC.

Una de las compras más grandes se gestó a comienzos de 2011. Martínez Chiang, junto a tres funcionarios, recibió a dos ejecutivos de Mellafe y Salas en las oficinas del TIC. El objetivo del encuentro era entregarle a la empresa detalles de las próximas compras. El resultado: Mellafe y Salas tuvo tiempo para inscribir en el convenio marco el modelo de los generadores eléctricos que licitaría Carabineros y así adjudicarse la compra inicial de 295 unidades. La empresa cobró más de $2,3 millones por cada generador, a pesar de que en el mercado se vendían por la mitad de ese valor.

Mellafe y Salas recibió cerca de $700 millones en esa transacción, una cifra que después aumentó cuando la institución le solicitó 367 generadores más. Una posterior querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) concluyó que esa venta habría provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928 millones.

La investigación del periodista de CIPER Gustavo Villarrubia a las compras del TIC, que sumó seis reportajes publicados entre 2012 y 2014, también dio cuenta de otros proveedores privilegiados por relaciones de amistad, “contratos de palabra” y sobreprecios, que burlaron todos los controles internos entre 2008 y 2011.

Tras la primera publicación de CIPER en febrero de 2012, la institución anunció una investigación interna. El jefe del TIC en esos años, el coronel Iván Cortés, fue trasladado a la Prefectura Norte de Santiago. En junio de ese año se descubrió que Mellafe y Salas le había pagado un viaje a Japón a un funcionario del TIC con conocimiento de la jefatura. Al funcionario se le solicitó la renuncia y el coronel Cortés fue “llamado a retiro voluntario” (vea el reportaje “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros). Pero a los generales en la línea de mando del TIC, nadie les pidió explicaciones.

Flavio Echeverría, general de Carabineros dado de baja

Los directores nacionales de Logística en los años en que se produjeron estas compras del TIC fueron los generales Aquiles Blu Rodríguez y Eduardo Muñoz Poblete. Ambos se acogieron a retiro en 2012. Lo mismo ocurrió con el Director de Finanzas, Iván Whipple, que dejó el puesto para que asumiera Flavio Echeverría Cortez, el general que encabezó durante casi cinco años la estructura donde se incubó el actual fraude que remece a la institución. Echeverría ahora pasó a retiro sólo por su responsabilidad al no haber advertido el robo y continúa al margen del puñado de oficiales que enfrenta a la justicia por el fraude.

La investigación de CIPER en el TIC apuntó a otro general responsable: Gerardo González Theodor, director de Planificación y Desarrollo entre 2007 y 2011. Desde ese puesto, González Theodor tuvo bajo su mando al TIC, hizo acuerdos de palabra con la empresa Mellafe y Salas para armar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros, saltándose el conducto regular, y monitoreó telefónicamente los contratos del departamento con Héctor Alegría Melo, un proveedor muy cercano al general que había sido acusado de estafa y presentaba un amplio historial de causas judiciales (vea el reportaje “Claves de la web de Carabineros y base de datos del personal policial en manos de un estafador).

En 2011 González Theodor fue ascendido a Inspector General y a fines de 2012 se acogió a retiro con un desahucio de $82 millones y una pensión vitalicia de $2,9 millones mensuales.

El fiscal designado en ese momento para investigar estos hechos al interior de Carabineros fue el general Julio Pineda Peña. Según testimonios recogidos por CIPER, Pineda no entrevistó a ningún general y se encargó de que el nombre de González Theodor no quedara en las actas, a pesar de que fue mencionado por subalternos. Desde 2016 Pineda es director nacional de Personal.

CARROS BLINDADOS, MOTOS Y RADIOPATRULLAS

No solo en el TIC se descubrieron irregularidades. Entre 2013 y 2015 CIPER continuó publicando investigaciones sobre dudosas compras bajo la Dirección de Logística.

En diciembre de 2011 el Director de Logística, Eduardo Muñoz Poblete, firmó un contrato por US$ 3,5 millones para adquirir 29 carros blindados a Automotores Gildemeister. Los vehículos entregados por la compañía tenían serias fallas de seguridad y no estaban blindados como lo exigían las bases técnicas (vea los reportajes “Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad” y “Director de Logística de Carabineros confirma fallas de carros blindados que costaron US$ 3,5 millones).

Dos altos oficiales firmaron la recepción de los carros y el certificado de que todo estaba conforme: Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer. En 2012 Carrasco Hellwig y Rojas Langer eran directores de Personal y Logística, respectivamente. Ambos continuaron ascendiendo. En 2013, Carrasco asumió como Inspector General y Rojas mantuvo su cargo como director nacional de Logística. En 2014, Carrasco se transformó en el segundo hombre de Carabineros, asumiendo como subdirector, y Rojas lo reemplazó como inspector general, quedando en el tercer lugar de la jerarquía. En 2015 Rojas Langer se acogió a retiro.

Otro carabinero involucrado en la millonaria compra de los carros con fallas de seguridad es Jorge Garrido Díaz. Su firma quedó estampada en la orden de compra que pagó los US$ 3,5 millones a Automotores Gildemeister el 25 de diciembre de 2011. De esa forma, la millonaria adquisición se selló en medio del relajo por la celebración de Navidad. El nombre de Jorge Garrido ya había aparecido en el radar de CIPER durante la investigación por las compras del TIC, pues era cercano al general que tenía el mando sobre ese departamento, Gerardo González Theodor.

Gerardo González Theodor, ex general inspector de Carabineros

Tras un incendio que destruyó el computador de González Theodor en octubre de 2012, distintos testimonios recogidos por CIPER indicaron que el aparato siniestrado contenía información sobre compras del TIC y acerca de millonarias adquisiciones de equipos con sobreprecio para el Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior. Este último caso, revelado por CIPER días antes del incendio, provocó la renuncia del ex fiscal que dirigía el plan, Alejandro Peña, quien hoy actúa como abogado defensor de carabineros involucrados en el fraude (vea el reportaje“Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”).

Las revelaciones de CIPER sobre las compras del Plan Frontera Norte también provocaron la renuncia de otro ex fiscal que trabajaba para el Ministerio del Interior, Felipe Baeza, quien se habría entendido en muchas de esas compras directamente con Jorge Garrido Díaz, subdirector de Gestión, Control y Adquisiciones de Carabineros en ese momento.

Cuando se creó la Dirección de Compras Públicas en Carabineros, Garrido Díaz asumió como jefe de gabinete de su director, Jorge Vidal Varas. Actualmente, Garrido figura como director de Zona de Tránsito y Carreteras en la Región Metropolitana.

Otra compra irregular denunciada por CIPER se gestó en noviembre de 2013. A través de una licitación privada, Carabineros le adjudicó a la empresa Mipoltec la contratación de un sistema para pinchar teléfonos en US$ 3,3 millones, destinado al OS-7. Pero cuando Carabineros lo instaló, no funcionó (vea el reportaje “Carabineros pagó US$ 3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

Mipoltec era propiedad de Jorge Lorca, quien solo 10 meses antes de vender el sistema de escuchas se desempeñaba como técnico informático a cargo de efectuar la mantención de equipos que Carabineros había comprado a la empresa Tecnodata. Esta última fue la que en 2012 fue investigada por la venta con sobreprecios equipos para el Plan Frontera Norte.

Este contrato con Mipoltec es el que fue firmado el 5 de marzo de 2014 por el general Marcos Tello Salinas, hoy general subdirector.

LAPIDARIOS INFORMES DE CONTRALORÍA

El pasado martes 7 de marzo, un día después de que se conoció el millonario fraude que sacude a la policía uniformada, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dictó la clase inaugural del año académico 2017 de la Escuela de Carabineros.

Hoy un periodista decía “¿y dónde estuvo la Contraloría?”, a propósito de las irregularidades que se han detectado y que se han puesto a la luz pública en esta institución. La Contraloría en estos últimos cinco años había hecho 39 auditorías en Carabineros. Muchas de ellas con consecuencias, con denuncias al Ministerio Público, otras con sumarios, otras con ningún problema. Pero la Contraloría sí había hecho su trabajo. Pero si se fijan, este es un trabajo muy ingrato. Porque a lo mejor esas 39 auditorías (…) tuvieron un efecto disuasivo, pero no fue total –sostuvo Bermúdez, según una cita publicada por El Mercurio.

Ante el contralor, en las primeras filas del auditorio, estaba el alto mando policial y el ministro del Interior, Mario Fernández.

CIPER solicitó a la Contraloría la copia de los 39 informes que esa institución declaró haber hecho a Carabineros antes de que estallara el fraude de los $8 mil millones. La respuesta fue que no estaban disponibles. Por ello, buscamos en la información pública de la web de la Contraloría, donde encontramos 34 informes finales de auditoría o investigaciones especiales realizadas a Carabineros, entre 2010 y 2016. Prácticamente todas estas inspecciones de la Contraloría detectaron desórdenes o, derechamente, faltas a la probidad. Varias de estas prácticas estaban institucionalizadas, como lo comprobaron los fiscalizadores de la Contraloría.

Carabineros

Así ocurría, por ejemplo, en la Región de Los Ríos, donde todos los funcionarios recibían como parte de su sueldo la gratificación especial de riesgo, correspondiente a un 10% del salario no imponible. Según la Contraloría, ese beneficio solo corresponde otorgarlo a los funcionarios “que se desempeñen en misiones de emergencia peligrosas de excepción”. Sin embargo, en esa región todos los efectivos vieron incrementadas sus remuneraciones mes a mes.

La investigación del órgano contralor (revísela aquí), de junio de 2014, da cuenta de cómo en la misma región otros 23 carabineros recibían la “asignación de máquina” sin cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento: trabajar exclusivamente frente a la pantalla de un computador.

La misma práctica fue detectada en 2014 por otro informe del órgano contralor respecto de la Dirección Nacional de Personal en la Región Metropolitana: desde 1993 se otorgaba a todo el “personal de fila” la asignación de riesgo, bajo el nombre de “Asignación Zona Metropolitana”. La Contraloría no calculó los dineros irregulares pagados a todo el personal desde 1993, pero sin duda la cifra es gigantesca (revise aquí el informe sobre la Dirección Nacional de Personal, de marzo de 2015).

Dentro de su programa anual de fiscalización, la Contraloría revisó las compras de vehículos hechas por Carabineros durante 2014. La sumatoria de irregularidades fue abultada: se adquirieron 30 radiopatrullas Dodge antes de que fueran tramitados los actos administrativos que aprobaban el pago, es decir, primero se hizo la compra y luego el papeleo para que pareciera una operación en regla: según la Contraloría esta práctica generó un déficit presupuestario de US$124 mil.

En este informe sobre compras de vehículos, también se detectaron otras anomalías: el contrato para la compra de 63 motos de tránsito a Williamson Balfour Motors, por US$1 millón, no fue publicado en Mercado Público; garantías de contratos no fueron registradas en la contabilidad; en los últimos tres años (2011–2013) no se habían realizado auditorías por parte de la Contraloría Financiera interna; diferencias entre facturas y egresos por $82 millones, y omisión de información entregada por la Dirección Nacional de Logística a la Contraloría sobre compras de vehículos que sumaban $892 millones: 30 radiopatrullas, un camión transportador de explosivos y dos mini buses (revise aquí el informe de Contraloría).

Otra investigación especial realizada a la jefatura de Carabineros de la Región de La Araucanía (de septiembre de 2016) da cuenta de las presiones del mayor de la 7ª Comisaría de Villarrica, Jaime Valenzuela Anders, para que particulares contrataran una empresa de seguridad que es de su propiedad. El notario de Villarrica, Francisco Muñoz Flores, declaró que luego de sufrir varios robos el mayor Valenzuela Anders le recomendó contratar los servicios de su empresa. Lo mismo hizo con el administrador de obra del Condominio La Puntilla, Cristián Salvo Córdova.

El informe de Contraloría (revíselo aquí) señala que solo se alcanzó a firmar el primer contrato, con el notario de Villarrica, por $1,5 millones mensuales. Luego de que estallara públicamente el caso, el mayor figura con un traslado: en diciembre de 2016 asumió como comisario de la 1ª Comisaría de Curicó.

En junio de 2014 la Contraloría emitió un informe sobre irregularidades denunciadas en la 15ª Comisaría de Buin, en la Región Metropolitana. Se comprobó que en 2012 el mayor Ignacio Núñez Soto, utilizó vehículos policiales para trasladarse a diario a su casa y para ir a dejar a sus hijos al colegio. Carabineros lo sancionó con un “llamado de atención”. El informe de Contraloría dejó constancia de que las hojas de ruta de los vehículos de esa comisaría no siempre registraban las firmas de autorización, ni el origen ni destino de los viajes, lo que implica que los hechos “dan cuenta de una falta de fiscalización y de vigilancia de los vehículos de Carabineros de Chile“.

La misma falta de control sobre el uso de los vehículos policiales se detectó en un informe de julio de 2013 sobre la V Zona de Carabineros (Región de Valparaíso). En ese documento la Contraloría señala: “Para los vehículos de comando asignados al uso de los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales jefes o jefes de otros servicios de la institución, la citada repartición no elabora una hoja de ruta que permita verificar el correcto uso de tales bienes fiscales, lo que también da cuenta de falta de control sobre los mecanismos para gestionar tales registros” (vea ese informe aquí).

En enero de 2016 la Contraloría emitió un informe sobre la Academia de Ciencias Policiales (Acipol). Ahí detectó que el ex director de la Academia, Marcello Palavicino Lasarte, se auto contrató como docente y emitió dos boletas por su participación en un seminario (por poco más de $2 millones en total, pero una no se habría cobrado). El 4 de septiembre de 2015 fue trasladado como jefe a la Oficina de Informaciones de la Región Metropolitana. El informe dio cuenta, además, del pago de poco más de $7 millones a profesores que no tenían carga académica. También se cuestionó el pago de $7,4 millones a 20 docentes, ya que algunos recibieron más dinero que el correspondiente a sus horas de clases  (revise aquí el informe sobre la Acipol).

El coronel Palavicino Lasarte fue llamado a retiro el año pasado, según informaron a CIPER en la oficina de comunicaciones de Carabineros. Actualmente, aparece como gerente de la Consultora de seguridad MAP, donde se destaca “su trayectoria de más de 31 años en Carabineros”.

Los informes de Contraloría están plagados de otras irregularidades que no involucran montos millonarios pero que sí dan cuenta de la falta de control al interior de comisarías y oficinas de Carabineros. En julio de 2016 se emitió un informe que investigó una denuncia sobre mal uso de bienes fiscales para beneficio particular del mayor Richard Gutiérrez Lamilla. Se pudo comprobar que el uniformado utilizó un camión fiscal, a un cabo y a 15 alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros para una mudanza particular.

La misma investigación chequeó la utilización de una lancha por parte de la cónyuge del general Pedro Larrondo Borsotto, quien recorrió el río Calle Calle para visitar las localidades de Niebla y Corral, para difundir las actividades de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. La Contraloría dictaminó que eso no correspondía, ya que se trataba de una corporación privada.

FRAUDE EN LOS CUARTELES DE AYSÉN

Uno de los mayores hechos de corrupción detectados por la Contraloría se dio en el proceso para reponer cuatro retenes en la Región de Aysén (Villa Ortega, Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Castor). La investigación de la Contraloría fue publicada en diciembre de 2015, justo antes de que la Fiscalía tomara las riendas del caso y llevara a dos ex funcionarios policiales a prisión preventiva.

El informe del órgano contralor dio cuenta de cómo se pagaron dineros a la Constructora CGM sin supervisar el avance de las obras. Los retenes nunca fueron terminados por esa empresa. El informe del órgano fiscal también detectó que se había devuelto una boleta de garantía a la misma constructora, por $19,3 millones, sin chequear la existencia de un acta de entrega del retén de Villa Ortega.

carabineros-3La Contraloría concluyó que el servicio solventó obras cuya existencia no fue acreditada, por un monto de $365 millones. También constató que se aceptó una recepción provisoria del retén de Villa Ortega, a pesar de que existían partidas no ejecutadas (pero ya pagadas). Recién 533 días después de vencida la fecha de entrega del retén de Villa Ortega se puso término anticipado al contrato. Debido a esto se firmaron tratos directos con la Constructora Grossman, para que se terminaran las obras.

Para identificar a los funcionarios responsables se ordenó un proceso disciplinario, el que se acumularía al sumario administrativo que ya se había iniciado. Se estableció que el coronel Félix Flores Santis y el ex coronel Christian Bustos Morgado no ejercieron un control jerárquico permanente sobre los hombres a su cargo (vea acá el informe de Contraloría).

En septiembre de 2016 el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a Christian Bustos Morgado y al ex mayor César Rojas Gaete, luego de acusarlos por fraude al Fisco, cohecho y negociación incompatible. La tesis de la Fiscalía es que los dos se habrían concertado para adjudicar de manera irregular la licitación. También fueron imputados el representante legal de la Constructora CGM, Cristián Gutiérrez, y el inspector técnico de obras de Carabineros, Francisco Pizarro. Ambos quedaron con arresto domiciliario total (ver nota publicada por Emol).

Por el cúmulo de irregularidades descubiertas por la Contraloría en los últimos cinco años, el comunicado que el órgano fiscalizador emitió apenas se conoció el enorme robo que ahora investiga la justicia fue un duro golpe para el alto mando. La declaración no solo detalló que sus informes dieron pie a “sumarios, denuncias penales y correcciones de procedimientos”. También recordó que sus auditorías “permiten ir acotando las áreas de riesgo”. De esta forma, dejó en evidencia que las áreas de riesgo en Carabineros estaban muy claras y que las correcciones, si las hubo, fueron insuficientes.

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Frente Amplio: ¿ni de izquierda, ni de derecha?

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No es la primera vez que emerge ese discurso en nuestro país, lo hizo la concertación en 1989 en su campaña presidencial de Patricio Aylwin, abandonó su discurso de izquierda, se llenó de nuevos bríos europeos cuando instalan la teoría de la “Renovación Socialista” de los años 80 de Tony Blair y Anthony Guidden. Años más tarde lo hizo La Surda cuando se estaba descomponiendo como propuesta politica entre los años 2000 y 2005 y luego terminaron trabajando la campaña de Michelle Bachelet y entraron en masa a su primer gobierno del 2006 al 2010. Si vamos más atrás en la línea del tiempo fué el discurso que levantó Carlos Ibáñez del Campo en 1952 en la campaña presidencial de su segundo gobierno, su estrategia se basaba en no hacerse apoyar ni por la izquierda, ni la derecha clásica…

Levantó una campaña populista que tuviera la demanda de la izquierda del período y la inyección económica que precisaba el empresariado respaldado por la CORFO. De esa manera tenía comiendo de su mano al gallo rojo y al gallo negro. La idea de Carlos Ibáñez del campo era ubicarse en el centro. A los dos años de gobierno ya estaba gobe rnando para los grandes monopolios, pero por otra parte dejó contento al Partido Comunista al derogar la ley de defensa de la democracia también conocida como la “Ley maldita” que creara Gabriel Gonzales Videla para dejar fuera del parlamento a los Comunistas en 1947 (en plena guerra fría y por mandato del presidente de EE.UU. Harry Truman).

Volviendo al gobierno de Ibáñez del Campo se situó en una posición tercerista (al medio o al centro de las dos grandes posturas: Izquierda Vs Derecha) su objetivo fué ganarse las grandes masas electorales, sobre todo a los sectores más despolitizados, cosa que consiguió sacando un aplastante votación cercana a los 500 mil electores. Superó lejos a la derecha que sacó cerca de 350.mil votos. Allende sacó solo 50 mil votos. Quienes mantenemos viva la memoria histórica de las luchas de nuestro pueblo recordamos la masacre del 2 y 3 Abril de 1957. Ibáñez cerco en el centro de Santiago haciendo una encerrona a los estudiantes que protestaban, instalando nidos de ametralladoras punto 30 en plena Alameda y Mapocho, desato una de las grandes masacres “en período democrático”.

EL FRENTE AMPLIO Y LA ESTATEGIA TERCERISTA

Creo que el Frente Amplio en el actual contexto histórico quiere rescatar la estrategia que utilizó entre 1988 y el 2000 La Concertación que es la postura tercerista, ubicarse al centro del Vs Izquierda-derecha. El objetivo es llegar a los sectores despolitizados que en el actual período que es bastante más de lo que imaginamos, Con una derecha desprestigiada por sus relación con la dictadura y los millonarios negocios de Sebastián Piñera en su gobiernos de 2010 al 2014 y una Nueva Mayoría (ex Concertación democrática) agotada con 5 gobiernos a cuesta que ya no tiene nada que ofrecer. La descomposición de una izquierda institucionalizada como el Partido Socialista y el Partido Comunista coludidos con la corrupción institucional y desprestigiada por sus instrumentos que controlan la CUT para frenar las demandas de los trabajadores. El control que hacen de los instrumentos del Estado para frenan las demandas de las masas.

El Frente amplio no se posiciona, ni se identifican dentro de la izquierda clasista y revolucionaria (que sigue existiendo), sino que se posiciona bajo un contexto reformista (en el buen sentido, sin ser peyorativo) creen, piensan que la institucionalidad chilena permite las reformas. Que basta con las buenas intenciones y los deseos, pero abandonan un análisis de la realidad concreta, histórica. Su apuesta es copar el espacio que abandonó la Concertación o la Nueva Mayoría, la apuesta Tercerista, ubicarse al centro de la lucha de clases, ni a favor de los trabajadores ni a favor de los empresarios. Es resucitar el modelo agotado de los años 80 y 90 de la Renovación Socialista en Europa e importada a Chile y latino América.

Dentro de los grupos que participan de la construcción del Frente Amplio están los teóricos de la Surda, también están los liberales (ojo son de derecha). De ahí nace la idea que el F.A no debe teñirse de rojo, hay que dar cobertura a la derecha democrática. La derecha liberal que históricamente se ha confrontado con la derecha Conservadora. No olvidemos que durante el período del gobierno de Salvador Allende la derecha Liberal hizo una tregua con la derecha conservadora y, en alianza, impulsaron el Partido nacional que fue el opositor más férreo contra el gobierno de Salvador Allende. La derecha liberal estuvo en contra de Allende y durante la dictadura no sacaron la voz, muchos de ellos participaron del gobierno de Pinochet. Hoy una expresión de esta derecha liberal quiere ocupar un lugar en el Tercerismo que impulsa el Frente Amplio, pero con una exigencia que el F.A no esté controlado por la izquierda….

¿Uno se pregunta a qué obedece esas concesiones a la derecha liberal dentro del Frente Amplio?, si los liberales tienen una insignificante votación. La pregunta queda abierta

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Las elecciones municipales profundizan la quiebra entre la presidenta y sus partidos

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Montserrat Rollano

La Democracia Cristiana congeló su participación en las reuniones del bloque a la espera de un cónclave citado para este jueves. Voces de otros partidos oficialistas critican la defensa que Michelle Bachelet hace de su equipo político.
Un tenso “día después” de los comicios municipales fue el que se vivió en el oficialismo. Suspensión de reuniones, y declaraciones cruzadas marcaron la jornada luego de la derrota sufrida a manos de Chile Vamos.

La Democracia Cristiana anunció que suspenden su participación en las reuniones del bloque. La decisión viene a confirmar la crisis que se vive en la Nueva Mayoría.

Las declaraciones de la Falange no dejan lugar a dudas: “Habíamos planteado ya la semana pasada la necesidad de una relación distinta, de mayor conversación y diálogo y en particular con la Democracia Cristiana. Entonces, lo que hemos señalado es que vamos a citar a este consejo nacional el jueves para abordar esta situación como partido y, mientras tanto, no vamos a participar en las reuniones de coordinación del gobierno, de las actividades, como una señal concreta”.

No solo la Falange cuestiona al Gobierno. Los escándalos provocados por el cambio del domicilio electoral de 463 mil chilenos, sumados al “ajuste ministerial” realizado por Michelle Bachelet fueron la antesala de unas elecciones para el olvido.

El bloque de gobierno no solo sacó menos votos que en 2012, sino también perdió en cantidad de alcaldes elegidos y porcentaje de concejales. Además, se quedó sin comunas emblemáticas como Santiago, Providencia, Maipú y Ñuñoa.

Con todos esos números sobre la mesa, las explicaciones las dio la jefa de Estado rodeada de simpatizantes y secretarios de Estado. Ningún representante de la Nueva Mayoría la acompañó a reconocer la derrota.

El día después, todos se quejaron.

En ese marco, durante la jornada comenzó a tomar fuerza la idea de la salida de algunos de los integrantes del comité político, algo que uno de sus integrantes, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, no quiso descartar.

“Hemos analizado cuidadosamente los resultados. Ya tendrán más versiones de la reunión, ha sido una mañana de reflexión. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para lo que la Presidenta decida, hemos tenido una reflexión profunda hoy día, reflexión que tiene que continuar”.

Mientras, desde los partidos realizaban sus propios análisis sobre la compleja situación en la que se posiciona el oficialismo, a raíz de los resultados electorales.

Antes de anunciar la suspensión de participación, Carolina Goic explicaba que hubo un error en “presidencializar” las municipales apuntando a la figura del ex presidente Ricardo Lagos, cuya candidatura, aseguró, se hace cuesta arriba y está en condiciones muy complejas. Asimismo, la líder de la Falange pidió que exista una autocrítica desde el Gobierno.

“Nosotros hicimos una crítica desde el punto de vista constructivo. No la hicimos hoy día, la hicimos la semana pasada como Democracia Cristiana y yo espero que esa autocrítica esté también en el Gobierno (…) eso es lo que hay que hacer y eso tiene que tener también consecuencias que den cuenta de cambios sustantivos en la gestión, en prioridades, en formas de hacer las cosas”.

Una visión en la que coincide su par del Partido Radical, Ernesto Velasco, para quien parte de la responsabilidad en estos resultados recae en la gestión del Gobierno.

En esa línea el dirigente político enfatizó que la Nueva Mayoría debe realizar una profunda reflexión y una autocrítica que se haga cargo de los problemas que se han suscitado durante los últimos meses, y que tienen a la coalición gobernante sumida en una crisis.

“Creo que el Gobierno tiene una altísima cuota de responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Yo creo que es evidente que en el último tiempo ha habido muchos errores que no tienen que ver sólo con el padrón electoral (…) hoy día no hay posibilidades racionales de proyectar una coalición que ha sufrido una derrota electoral, nuestra única oportunidad es tener la humildad y la autocrítica de rectificar”.

El líder del PR indicó además que el cambio de Gabinete dos días después del episodio del padrón electoral, fue un error producto de la soberbia y que generó mucho daño en la coalición.

Asimismo, manifestó que la Presidenta tiene que tener un nuevo trato con los partidos y hacer cambios de fondo, apuntando al comité político el que a su juicio “está totalmente superado por la realidad”.

En este sentido, el objetivo principal de gran parte del oficialismo es el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, uno de los últimos “sobrevivientes” del círculo de confianza de la Presidenta, y sobre quien recaen las mayores críticas, tal como lo señaló el diputado de la DC Patricio Vallespín al referirse a los errores en el padrón electoral.

“Creo que en el comité político Nicolás Eyzaguirre supo de este tema y no tomó las acciones ni fue capaz de ponderar, como en muchos otros casos, la implicancias que tenía, y en el escenario actual creo que el comité político debiera estar muy en entredicho y ojalá fueran capaces, autónomamente, de dar un paso al lado, pero parece que no es la costumbre en este gabinete”.1477277021_252068_1477277420_noticia_normal.jpg

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de la DC, Fuad Chahín, señaló que es necesario hacer “un cambio profundo” en el comité político. Si bien, en un principio el diputado de la Falange declinó personalizar en algunos secretarios de Estado, luego apuntó sus dardos al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

“Tenemos un ministro de Economía que ha sido un cero a la izquierda. Cuál ha sido su aporte: cero, nada y, sin embargo, sigue ahí ganando sueldo, ganando viáticos sin hacer nada. A mí me parece absolutamente incomprensible”.

Consultado Chahín sobre el “blindaje” realizado por la Presidenta este lunes a su comité político, el parlamentario concluyó: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Pese a todas estas críticas, la Presidenta mantiene su decisión.

De hecho, en una actitud inusual, al ser abordada por la prensa, se refirió a estas controversias con el oficialismo enfatizando que cada quien debe asumir su responsabilidad y no achacársela a tres o cuatro personas, en alusión al gabinete político.

“Yo soy la Presidenta y voy a tomar las decisiones que yo crea que debo tomar, pero también yo quiero decir que suponer de que los resultados de ayer son responsabilidad de 3 o 4 personas me parece que es un análisis superficial. Aquí cada cual tiene que ver sus responsabilidades, nosotros como gobierno vemos las nuestras, las distintas organizaciones verán las propias”, dijo mostrando distancia sobre lo que puedan pensar en la Nueva Mayoría.

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El precario triunfo de la cobardía

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Politika

Los corruptos lograron el poder en Brasil: el mundo de los grandes negocios celebra. Lo que recuerda el verso de Guillén:

Juran los que te matan que eres feliz… ¿Será verdad?

El mismo tipo de malandras que hace 43 años asesinó la democracia y un Presidente en Chile para imponer el poder de los privilegiados. Lo que trae a la memoria otro verso de Guillén:

Ay, yo bien conozco a tu enemigo, el mismo que tenemos por acá…

Dilma Roussef ya había sido juzgada. Por militares cobardes, que escondieron su rostro (ver foto). Ahora, quienes manejan los hilos del complot también se esconden. Los que aparecen en la TV son los mandados, los esbirros, los sicarios.

Mensaje desde Brasil


En esta foto Dilma Rousseff era juzgada por un tribunal militar a fines de los años 60. Tenía 21 años. Los militares cubren sus rostros. No por vergüenza, sino por cobardía.

Hoy, casi 55 años después, Dilma es juzgada nuevamente. Los verdugos que se tapan la cara parecen ser los mismos: Hombres, Blancos, Oligarcas, Clasistas, Pechoños de día domingo. Son los herederos de la misma clase esclavista que quisiera volver a los privilegios de hasta antes de Pedro II.

Los verdugos, que vuelven a tapar su cara frente a la vergüenza de la cobardía, hoy vuelven a dar un golpe de estado: legal, jurídico, blando, institucional, blanco, como quieran llamarle. Pero un Golpe de Estado a fin de cuentas.

No se trata de defender a Dilma, o el Partido de los Trabajadores bajo el manto de que instauró o no el Socialismo en Brasil. Ni Dilma, ni Lula, ni el PT asaltaron el Palacio de invierno, y cometieron errores: Y puta que cometieron errores. Pero el logro más grande –ese que los revolucionarios de panfleto no ven– es que con todas sus limitaciones, el Partido de los Trabajdores, Lula y Dilma les entregaron lo más importante que puede tener una persona, la Dignidad.

La dignidad de tener un trabajo, la dignidad de tener una casa, la dignidad de salir de la pobreza, la dignidad de ser incluidos y sentirse parte de algo. Nadie pensó que algún dia en Brasil existiría la Dignidad para que un obrero, un tornero mecánico, salido de una fabrica llegara a ser Presidente de la Republica: El 2002 probó exactamente todo lo contrario.

Hubo un proyecto que intentó recuperar, reconstruir, pero por sobre todo entregar algo a quienes nunca en su vida han sido considerados en nada, y que parecen ser nada más que una cifra de un mal indicador.

Menudo desafío nos entrega como Izquierda esta situación. Podemos reflexionar sobre los errores, las causas, las consecuencias pero por sobre todo, para la izquierda, para quienes somos Socialistas nuestra defensa y compromiso irrestricto es siempre con la Democracia, con los Procesos Democráticos de Cambio Social, con el Partido de los Trabajadores, con Lula, y hoy con Dilma.

No hay medias tintas.

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El Partido comunista de Chile y su giro terminal hacia el neoliberalismo.

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Daniel M. Giménez

La presencia de Teillier en el evento del ‘Council of the Americas’ de Rockefeller fue el corolario, el punto cúlmine de una política de profunda transformación del PC
Texto completo en: http://www.lahaine.org/el-partido-comunista-de-chile

Durante la primera década de este milenio, abandonó progresivamente su condición de organización política y abrazó crecientemente la de grupo económico, en el sentido más estricto del término; o al menos en el sentido especificado por Ricardo Lagos en su legendaria tesis de grado de 1962.

El 23 de junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó un poco habitual reajuste del salario mínimo. Hasta el 1 de enero de 2018, dice la ley respectiva, dicho salario mínimo ascenderá desde los míseros 250.000 pesos que se pagan en la actualidad hasta la friolera desorbitante de… (fanfarrias y redoble de tambores, por favor)… de (¡preste atención!)… de… ¡¡¡unos abultados 276.000 pesos!!! No se preocupe, no se equivocó, leyó bien: en dos años, subirá 26.000 pesos. Como se puede apreciar, la elite neoliberal está completamente decidida a terminar por la vía de la mejora salarial con ese Chile que se encuentra en el top 10 de los países más desiguales del mundo. Qué duda cabe.

En el circuito de medios de información alternativos –o de “contrainformación”, como se los llama en ciertos sectores especialmente dados a la grandilocuencia vacía– el famoso incremento de 26.000 pesos, un asunto que se puede considerar, por lo bajo, como una mofa insensible hacia los(as) trabajadores(as), pasó a segundo plano debido a la tragicómica vuelta de chaqueta de los(as) diputados(as) del Partido Comunista y su pequeño vagoncito de cola (Sergio Aguiló, también conocido con el apodo de “IC”) que lo permitió.

En efecto, un día antes de aprobar la ley de marras, “la bancada PC-Aguiló” votó en contra del monto del reajuste, argumentando que era insuficiente y que, además, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no había considerado los planteamientos formulados en esta materia por los(as) trabajadores(as) de la CUT (¿Concertación Única de Trabajadores?).

La pobre Camila Vallejo, a quien, como quedó claro tras este affaire, su comité central la tiene haciendo el loco, incluso publicó en su página oficial un minimanifiesto en formato de comunicado de prensa justificando el rechazo de su bancada. El texto abunda en sentencias lapidarias respecto a la propuesta del Gobierno y, por supuesto, lleva por título “Bancada PC-IC rechaza reajuste de salario mínimo y espera nueva propuesta”.

Como al día siguiente el Gobierno logró aprobar la propuesta de reajuste presentada inicialmente sin cambiarle ni una sola coma, tan solo 24 horas después todos los titulares y el contenido de las notas de prensa versaron sobre la vuelta de chaqueta de la bancada comunista (y del señor IC también). Y así, como si nada, el problema fundamental –el artero insulto a los(as) trabajadores(as) que representa semejante “reajuste” de hambre del salario mínimo, y a dos años más encima–, quedó velado y escondido por el pequeño e inconducente problema moral del transfugio del PC.

Obsérvese, por ejemplo, la nota de la querida Radio Villa Francia al respecto: tres párrafos y un pequeño cuadro dedicados a evaluar el reajuste, pero once párrafos –varios de ellos bastante extensos– y hasta un video dedicados a la vuelta de carnero –¿vuelta en el aire?– del PC.

Con su oprobiosa conducta, entonces, el otrora Partido Comunista está generando un problema práctico para las embrionarias fuerzas transformadoras de Chile: invierte y distrae las prioridades de reflexión y acción, lo que, ciertamente, favorece de una forma u otra a los intereses dominantes y atenta contra los de los actores subalternos. Que cada quien juzgue si hay dolo o no de parte del PC en esto.

UnknownPor si fuera poco, además del problema práctico mencionado, la actuación de la “bancada PC-Aguiló” deja también en evidencia un grave problema teórico-analítico: todavía miramos la realidad político-social del siglo XXI con las anteojeras del siglo XX, cuando el PC efectivamente era una herramienta política de los(as) trabajadores(as) organizados(as). El ya habitual rasguido actual de vestiduras cada vez que el PC se comporta como un partido de derecha –algo del día a día a estas alturas– obedece a esta lectura rezagada de la realidad político-ideológica chilena.

En vista de las tareas urgentes que demanda la creación y organización de un sujeto capaz de terminar con el Chile neoliberal del pinochetismo-concertacionismo, se hace cada vez más necesario poner fin, de una vez por todas, a esto de distraerse con las conductas pro patronales del PC, por creer que todavía corresponde evaluarlo como la organización política de los(as) trabajadores(as) que fue durante el siglo XX.

Permítaseme, por lo tanto, presentar, de forma definitiva, toda la evidencia que muestra que, al menos desde que Gladys Marín inició su tratamiento oncológico en Cuba, el partido que comandaba ha dado un espectáculo de transfugio solo comparable a la transformación de la internacional socialista –y sus capítulos locales: PS, PPD, PRSD– en un staff de lobbistas al servicio de la banca mundial.

Sentándose en la mesa patronal

El PC, que nació a inicios del siglo XX como una organización política del movimiento de trabajadores(as), hoy se sienta al otro lado de la mesa. Y no de la mesa de las alianzas políticas, lo que, a la larga, es casi irrelevante. El PC se sienta hoy del otro lado en la mesa de la lucha de clases. Y literalmente.

El año 2009, la minera canadiense Barrick Gold, muy agradecida por haber recibido de manos de Michelle Bachelet el regalo de Pascua Lama, se unió al Council of The Americas, think tank pro dominación global norteamericana, presidido por nada más ni nada menos que David Rockefeller, para organizar una cena en honor a la Presidenta chilena y su política favorable a la expoliación transnacional de nuestros recursos naturales.

A primera vista, nada nuevo bajo el sol; el mismo agasajo bien podría haber recaído en cualquiera de los(as) seis mandatarios(as) de derecha que han ocupado La Moneda en los últimos 43 años. Excepto por un detalle: el magno evento contó con la simbólica presencia del presidente del PC chileno, Guillermo Teillier, que fue a zamparse una opípara y muy burguesita cena de gala para ostentar que a él también le toca su migaja en la repartija de poder local/global.

Entiéndase bien el alcance de este hecho: el presidente del partido que alguna vez fue del movimiento obrero de Chile viajó a Estados Unidos y no se juntó a cenar con los(as) trabajadores(as) de ese país, entonces profundamente alicaídos(as) y afligidos(as) por la crisis subprime. Teniendo la oportunidad de codearse con la crema y nata de la burguesía global –estaban presentes en la cena, además del propio Rockefeller, altos directivos de Citibank, JP Morgan y Nestlé–, Teillier no iba a ser tan gil de desaprovecharla por estar con los(as) trabajadores(as). Así que se terneó de pies a cabeza y partió a la burguesita cena de gala.

Literalmente, optó por sentarse en la mesa patronal.

La presencia de Teillier en el evento del Council of the Americas de Rockefeller fue el corolario, el punto cúlmine de una política de profunda transformación del PC, que, durante la primera década de este milenio, abandonó progresivamente su condición de organización política y abrazó crecientemente la de grupo económico, en el sentido más estricto del término; o al menos en el sentido especificado por Ricardo Lagos en su legendaria tesis de grado de 1962: un conglomerado con intereses en diversos sectores productivos que es fácilmente identificable por la presencia de los mismos nombres en todos los directorios u órganos ejecutivos de las empresas/organizaciones que controla.

En el caso del PC, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos, Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Jorge Insunza (el padre), Cristián Cuevas –antes de su sospechosa y no del todo verosímil renuncia–, Claudia Pascual, Marcos Barraza y Claudio De Negri han formado parte de y rotado en las instancias directivas y/o ejecutivas de los principales caballitos de batalla del grupo económico “Partido Comunista de Chile”: El Siglo, ICAL, Radio Nuevo Mundo, Inmobiliaria Araucaria y –¡cómo olvidarlo!– Universidad Arcis. El último cálculo del patrimonio de todo el grupo asciende a la módica suma de $3.625 millones de pesos, que incluye la propiedad de al menos 250 bienes inmuebles.

El PC, sin embargo, se comporta como un grupo económico, y de los peores, no solo por su estructura y modus operandi, sino también y fundamentalmente por su inclinación a vulnerar y pasarse por el fundillo hasta los escuálidos derechos que se digna a reconocer la neoliberal legislación laboral chilena. Apenas tomó control de la Universidad Arcis, “desvinculó” a Gabriel Salazar, negándose a pagarle los beneficios mínimos que le correspondían por años de servicio y obligaciones previsionales.

Cinco días después de publicar una nota sobre las prácticas antisindicales en las que incurría reiteradamente la CUT controlada por el PS y el PC, el periodista Arnaldo Pérez Guerra fue despedido del semanario El Siglo; la dirección alegó “reestructuración económica” y ofreció pagarle una indemnización muy inferior a la que le correspondía. Y cuando un grupo de periodistas, fotógrafos y otros(as) funcionarios(as) del mismo pasquín decidieron, en 2007, poner en práctica el derecho laboral fundamental a sindicalizarse para defender sus puestos de trabajo, cuando el PC quiso redefinir su línea editorial para asegurar lo que entonces se llamó “pacto por omisión”, fueron despedidos(as) inmediatamente, sin derecho ni a indemnización.

La demanda en tribunales laborales de Arnaldo Pérez Guerra terminó con un acuerdo que, reconociendo y aceptando lo que el periodista demandaba, evitó un largo juicio de 3 años. Y tanto la de Gabriel Salazar como la de los(as) ex trabajadores(as) de El Siglo que querían sindicalizarse, terminaron con sentencias desfavorables a las filiales del grupo económico comunista. Lo grave es que en los juicios de estos(as) últimos(as) quedó en evidencia que el PC no solo vulnera el derecho recontra elemental a la sindicalización, sino que además mantuvo a sus trabajadores y trabajadoras en las condiciones de precariedad laboral más extremas que permite el neoliberalismo chileno: años boleteando, con contratos ficticios por el salario mínimo o abiertamente sin contrato y, por consiguiente, sin que se pagaran los beneficios básicos por concepto de salud, previsión y seguro de cesantía…

El PC, en suma, tomó las principales páginas del manual chilensis del empleador explotador por excelencia y, con total devoción y fidelidad, puso en práctica sus enseñanzas con o, más bien, en contra, de sus propios(as) trabajadores(as).

Cualquiera diría que, después de eso, el grupo económico “Partido Comunista de Chile” no puede ser un empleador más explotador y precarizador. Pero no. El PC demostró que es capaz de más, mucho más.

Cuando el tribunal de cobranza laboral emitió una orden de embargo contra El Siglo por no pagar los montos a los que había sido condenado, el pasquín vació sus cuentas corrientes y fijó una dirección comercial que no tenía más que un par de computadores viejos y sin valor; así se mantuvo firme e incólume en su decisión de continuar vulnerando a sus ex trabajadores(as) no pagándoles lo que les adeudaba por años de precarización y explotación… ¡Simplemente de culto!

En fin. Como se puede apreciar, cuando el Partido Comunista se comportó igual que los más nefastos grupos económico-confesionales que operan en el sistema de educación superior chileno, retirando utilidades de la Universidad Arcis, ya hacía mucho tiempo que se había graduado, y con honores, de “empresario chupasangre”. Comparado con todo esto, que apruebe hoy los reajustes salariales miserables e insultantes que propone el Gobierno recontra-archi neoliberal de Bachelet, paladín de la capitalización individual y del sistema de AFP, es solo un pelo de la cola.

Adiós, Karl Marx; bienvenido, Milton Friedman

El comportamiento del PC en su condición de empleador muestra de forma escandalosa cómo y cuánto se ha cambiado al bando de los(as) que explotan a los(as) trabajadores(as). Pero el ámbito en el que más se puede apreciar su transfugio radical es el ideológico. Su vuelta de chaqueta en este plano hace que el ex “partido nacional” Francisco Vidal parezca un piojo tuerto.

En términos genéricos, la reconversión ideológica radical del PC se ha materializado en un abandono y casi abjuración de cualquier vestigio de marxismo. Tanto quiere olvidarse de Marx, que cuando su presidente es invitado a tertuliar respecto a los postulados marxistas se limita a responder que no le interesa.

En el proceso de abjuración del marxismo, los(as) militantes del PC se han convertido en férreos(as) defensores del modo de producción capitalista. Por ejemplo, José Cademartori, histórico militante comunista y ex ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende –¡todo un genio el pibe!, ¡cómo no lo postularon al Nobel!–, justifica de la siguiente forma el tránsito de China y Vietnam hacia el capitalismo:

“… Los regímenes orientados al socialismo en China y Vietnam no solo sobrevivieron y superaron serias crisis económicas y políticas, sino que se encaminan a paso acelerado hacia la modernización de sus atrasadas infraestructuras materiales y culturales… El concepto acuñado [para referirse a estas políticas] es ‘socialismo de mercado’, con espacio delimitado para el capital privado y otras formas de propiedad de los medios de producción […]. La economía socialista de mercado ya fue prevista y propuesta por Lenin. Aceptaba diversas formas de existencia del capitalismo dentro de la URSS, pero regulado y controlado por el Estado de proletarios y campesinos”.

(José Cademartori, “Los marxistas y el capitalismo del siglo XXI” en Claudia Drago, Tomás Moulian y Paula Vidal (comps.), Marx en el siglo XXI. La vigencia del(os) marxismo(s) para comprender y superar el capitalismo actual. Santiago: Lom, 2011, pp. 34 y 35).

Así como se lee: China se encuentra en camino a instaurar la experiencia de capitalismo más radical, salvaje y extrema que haya conocido la humanidad, pero como ocurre en “espacios delimitados” (?)… ¡todo pasando! Al final, gracias al capitalismo, acabará con una “infraestructura material y cultural” modernizada. Y para ello cuenta además con la bendición del sumo pontífice Vladimir Illich Ulianov.… ¡Excelso! El nuevo lema del PC es “¡abajo el comunismo!, ¡arriba el socialismo capitalista feudalista mercantilista fisiócrata monopolista social de mercado!”.

Ahora, una cosa es ser pragmático(a) y abrirse a la posibilidad de reconvertir a condiciones capitalistas determinados (o la mayoría de los) ámbitos de una economía premoderna, pero una muy distinta es sostener y defender públicamente postulados y principios neoliberales. Y esto último es precisamente lo que hace la militancia PC en la actualidad, prueba irrefutable de su terminal reconversión ideológica. Obsérvese, por ejemplo, el siguiente comentario de Hugo Gutiérrez:

“Se requiere a quien reúna los requisitos para una etapa nueva, con un mayor empoderamiento ciudadano y personalidad para el trabajo colectivo. Y hoy, esas características no las reúne Lagos”.

Épico: un diputado comunista promoviendo el neoliberal “empoderamiento ciudadano”, que durante más de quince años ha sido la receta de nada más ni nada menos que el Banco Mundial para parchar las oligarquías electivas occidentales –mal llamadas “democracias representativas”– e incluso para combatir la pobreza. En su versión más popular, la de la también neoliberal “participación ciudadana” –acá la posición del Banco Mundial al respecto–, se ha convertido en eslogan de campaña de los candidatos a concejales de las Juventudes Comunistas por Estación Central: “100% participación ciudadana”, dice su afiche hipertrofiado de tanto Photoshop.

No se preocupe, no se equivocó, leyó bien. No dice “100% organización proletaria”. Dice, efectivamente, “100% participación ciudadana”. La agudización de contradicciones, la lucha contra el capital, los(as) trabajadores(as) tomándose el aparato de dominación de clase que es el Estado… nada de eso se puede rastrear en el vocabulario de Hugo Gutiérrez y los militantes de “la Jota”.

En la práctica, el PC chileno ha sustituido total y completamente la revolución proletaria que propugna el marxismo-leninismo por el “empoderamiento” y la “participación ciudadana” que propugna el Banco Mundial, uno de los principales agentes de la globalización a la fuerza del neoliberalismo.

Otro ejemplo igual de elocuente es la respuesta de Lautaro Carmona a la pregunta de por qué el transfugio de aprobar el reajuste del salario mínimo tan solo un día después de haberlo rechazado con bombos y platillos. He aquí la joyita que se despachó: ver Video https://www.youtube.com/watch?v=MXJnZtpDTE0

“Dilatar una situación que ya conocemos… y más alternativas los parlamentarios no tenemos… y pedir que ese reajuste… que nosotros queríamos que fuera superior e indicamos razones de por qué… y las alternativas todos saben desde el punto de vista parlamentario no existen de subir números cuando son compromisos de arcas fiscales…”.

Entre el cantinfleo y la completa estulticia. Así puede caracterizarse la intervención de Carmona. El cantinfleo está a la vista y no requiere ulteriores explicaciones. Y la estulticia… Bueno, la completa estulticia también: reajustar el salario mínimo no supone “compromiso de arcas fiscales” [sic] alguno, porque el reajuste no se paga con recursos públicos. Un reajuste del salario mínimo afectaría “a las arcas fiscales” únicamente en caso de que debiera pagarse a empleados(as) públicos(as). Pero, hasta donde sabemos, en el sector público, al menos en el gobierno central, el salario más bajo que se paga está cerca de 20% por encima del salario mínimo.

Un reajuste menor a 55 mil pesos, por lo tanto, no tocaría al bolsillo del fisco por concepto de salarios públicos. Y lo que proponía el PC era un reajuste de míseros 15 mil pesos por año en lugar de los 13 mil que finalmente se aprobaron. Sobre la base de esto, el solo insinuar que se aprueba un reajuste del salario mínimo de hambre por cuidar “las arcas fiscales” es una falta de respeto a la inteligencia ajena. Y ciertamente una muestra incontrovertible de carencia de inteligencia propia.

Lo llamativo del cantinfleo de Carmona, sin embargo, no es la evidente torpeza mencionada. Es su apelación a la “responsabilidad con las arcas fiscales” en las remuneraciones para justificar su vuelta de chaqueta. Como se sabe, la “responsabilidad fiscal” en materia salarial es, junto a la liberalización y apertura de los mercados, la privatización de todo lo privatizable y el equilibrio en la balanza de pagos, uno de los pilares fundamentales de la política económica neoliberal. En El Ladrillo se pueden apreciar las siguientes “recomendaciones”:

“De lo dicho más arriba fluyen lógicamente las siguientes medidas [para reducir el ritmo inflacionario]:

[…]

“c) Imponer sobriedad en las remuneraciones, sobre todo en el sector público. Es imperativo establecer una relación real y directa entre las remuneraciones y la productividad; estamos convencidos de que ésta deja mucho que desear en el sector público…

[…]

“d) Reducir el gasto fiscal, principalmente en lo que se refiere a gastos corrientes, compuestos por remuneraciones, gastos previsionales y transferencia… el grueso de los gastos corresponde a remuneraciones…”

(Sergio De Castro et al., El Ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: CEP, 1992, pp. 96 – 99).

Espectáculo único, ¿cierto? Un diputado comunista justifica su decisión de apoyar un reajuste salarial de hambre repitiendo como muñeco de ventrílocuo uno de los principios fundamentales del documento fundacional del neoliberalismo y de la política económica de la dictadura… De El Capital a El Ladrillo, así se puede resumir el transfugio ideológico que se aprecia en el cantinfleo de Carmona.

Sin embargo –y con el perdón de Carmona y Gutiérrez, que esta vez no se alzan con el título–, de todos los actos de defensa pública de los principios fundamentales del neoliberalismo por parte de un(a) militante del Partido Comunista, el más impresionante ha sido, hasta ahora, el que se despachó Bárbara Figueroa como panelista del soporífero “Estado Nacional” de TVN.

En el programa del 6 de diciembre de 2015, en medio del debate por la acción presentada por la UDI y RN al Tribunal Constitucional por considerar “discriminatoria” la ley de gratuidad del Gobierno, la presidenta de la CUT salió con esta joyita que bien podría hacer que Milton Friedman se pusiera de pie para aplaudir:

“Yo diría cuidado con malentender una cosa que pudiera uno considerar, desde una vereda, ‘discriminación’ y, otros, una legítima opción para poder garantizar que… eh… el aporte, la focalización de los recursos de hoy efectivamente lleguen a todos los estudiantes que corresponde que lleguen, sin camino intermedio, sin camino intermedio… Eso no es discriminación. Es un criterio político para separar…”.

Esta declaración ya deja de ser un simple chascarro y califica como un acto de analfabetismo histórico-político imperdonable. “La focalización” del gasto público es el pilar ideológico fundamental del modelo de política social del neoliberalismo y que impuso la dictadura a través de ODEPLAN. Sus bases se encuentran formuladas también en El Ladrillo, que plantea que las medidas redistributivas aplicadas antes de septiembre de 1973, en particular el control de precios y los reajustes salariales, han sido regresivas.

Contra estas políticas que afectan a todos los sectores de la sociedad, El Ladrillo propugna una “política redistributiva” orientada a erradicar la extrema pobreza, lo que se lograría a través subsidios dirigidos únicamente a los sectores más pobres:

“El sistema más eficiente de redistribuir el ingreso en favor de los más pobres es el de otorgar subsidios directos en dinero por parte del Estado. Esto beneficiaría a toda persona cuyo nivel personal de ingreso estuviera por debajo de un cierto mínimo…”.

(Sergio De Castro et al., El Ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: CEP, 1992, p. 42).

Lo que De Castro y sus boys formados en Chicago expresan en El Ladrillo respecto a la focalización no es nada nuevo, creativo o inventivo. Ya había sido formulado por Milton Friedman en sus principales documentos de divulgación, especialmente en Capitalismo y libertad (cf. Capitalism and freedom. Chicago: The University of Chicago Press, cap. 12, pp. 190 y ss.). Por ello, al defender en plena televisión abierta “la legítima focalización de los recursos” de la gratuidad en educación implementada por el Gobierno, Bárbara Figueroa, presidenta de la principal confederación sindical del país, está defendiendo, en definitiva, los postulados Milton Friedman.

Es cierto que, con cantinfleada y todo, Lautaro Carmona también había realizado una defensa de principios fundamentales de la doctrina –que no dogma– de Friedman.
Pero en el caso de Bárbara Figueroa hay una importante agravante. Resulta que –y traigo esto a colación porque la presidenta de la CUT no parece haberse enterado– el año 2011 se levantó un importante movimiento estudiantil en demanda de una “educación gratuita y universal”. Hoy, 5 años después y en vista de cómo ha procesado el sistema político dicha demanda, el movimiento estudiantil puede considerarse totalmente derrotado.

O casi. En estricto rigor, es como el vasquito de la canción de Joaquín Sabina: si este había perdido todas las batallas excepto la de la imaginación, los(as) estudiantes perdieron todas las batallas excepto la del sentido común.

En efecto, no lograron transformar el sistema educativo instaurado y desarrollado por el pinochetismo-concertacionismo; al contrario, lograron que el Gobierno profundizara sus principales vicios, en particular el del financiamiento de proyectos educativo-ideológicos privados con recursos públicos. Pero al menos el movimiento estudiantil (y este es su único triunfo) logró desarticular uno de los núcleos de la doctrina en los que se sustenta dicho sistema educativo y, en su lugar, instaló en el imaginario colectivo un nuevo concepto de educación.

El núcleo de la doctrina neoliberal que logró desarticular es el de “educación como bien consumo”, como una mercancía que se transa en un mercado. Y el que instaló en su lugar es el de la educación como un derecho y que, como tal, debe ser garantizado de forma gratuita y universal por el Estado a todos los(as) ciudadanos(as) del país, de la misma forma que garantiza –en teoría– el derecho a la protección y la seguridad.

Y, bueno, un derecho universal es exactamente lo opuesto a un beneficio focalizado. Para empezar, que sea un derecho supone que, a diferencia de un simple beneficio, su garantía no depende de la buena voluntad del(a) gobernante de turno; es una condición estable e instituida en la organización política de un Estado. Y que sea universal supone que, a diferencia de becas por ingresos, rendimientos o similares, no existen ciudadanos(as) a los(as) que corresponde más (!!!) que lleguen los recursos públicos.

La misma condición ciudadana los(as) hace titulares del derecho, sin importar sus ingresos u otra condición sociodemográfica o educativa. Este es el concepto de educación que, tras arduas luchas, lograron instalar los(as) estudiantes en el sentido común chilensis. ¿Y qué hace la brillante presidenta de la CUT? Borra de un plumazo el logro al proclamar “la legitimidad” de la neoliberal focalización de la educación gratuita en plena televisión abierta.

Que Carmona cometa un acto de analfabetismo histórico-político al defender la neoliberal austeridad fiscal para justificar un reajuste salarial de hambre, vaya y pase. Pero que Bárbara Figueroa defienda principios neoliberales actuando, además, a contrapelo de lo poco que ha avanzado el movimiento estudiantil, es simplemente imperdonable. Con esto, el PC se gradúa no solo de nuevo paladín del neoliberalismo chileno, sino, además, de abierto adversario de las demandas levantadas por los movimientos sociales.

En este marco, el único papel que el PC ha desempeñado en el actual Gobierno ha sido la legitimación de sus políticas neoliberales ante las organizaciones que controla.

Que un ex ministro del Interior no lo haya notado, indica cuán pobre y desorientada es la capacidad de lectura de la realidad de La Moneda…

El mostrador

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SEPULTURERO DE LA CARAVANA DE LA MUERTE ROMPE EL SILENCIO 40 AÑOS DESPUÉS.

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 Por: Felipe Henríquez Ordenes

Primera Piedra 684 Análisis Semanal Del 25 de julio de 2016

Casi al atardecer del 19 de octubre de 1973, el grupo de soldados baja con displicencia los 26 cadáveres de un camión. Cerca de ahí, detrás de los cerros, está la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama.

Víctor Gutiérrez Ramírez, 19 años, cabo del Ejército y hombre de confianza del teniente Contreras, bebe un sorbo de pisco puro que le fue entregado para darse valor. Tras esto, se echa un cuerpo a la espalda y camina lento, casi zigzagueando. Los fluidos que expele el fallecido le hacen apurar el paso. La fosa que ya está dispuesta es de un metro 80 de profundidad y de una dimensión comparable a un jacuzzi. Apila el cuerpo, que minutos antes fuera acribillado por fusiles Sig, y respira.

Repite la acción un par de veces. Minutos más tarde sube al camión militar para perderse en el desierto. Han pasado casi 40 años de este hecho. Hoy, Víctor Gutiérrez, 58 años, quien mantiene la profesión de docente de francés, casado y cuatro hijos, decidió revelar ese período de su vida.

Estamos en una playa en el sector sur de Antofagasta. Con la mirada puesta en el mar reconoce no estar arrepentido, pues para arrepentirse está el segundo antes de cometer el hecho. “El daño ya está”, afirma. Si bien entregó su testimonio a la Comisión de Derechos Humanos a finales de la década de 1980 e incluso acompañó a los abogados al lugar de la fosa, Gutiérrez nunca contó esto con su nombre y apellido. “No se puede justificar lo injustificable. No puedo esperar comprensión por las condiciones en que quedaron”, dice.

Un ejército de locos

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Gutiérrez Ramírez se enroló al ejército en 1972. Hizo su servicio militar en el Regimiento de Calama y se especializó en morteros. A pesar de las aparentes lealtades de los generales de entonces, hacia el gobierno de Salvador Allende; Gutiérrez recuerda que dentro de la milicia se podía evidenciar el futuro. Había un concientización a los soldados de que en algún momento, ellos salvarían al país. Recuerda que la paranoia era resumible en los cigarrillos Monza. Al invertir la palabra quedaba como “Z Now”, o sea (traducción al inglés) “Plan Z ahora”.

El denominado Plan Z era un supuesto autogolpe de Allende. “Eso nos decían en el ejército”.

“Lo primero que me dijeron es que estábamos en guerra.

Todos los días, durante la mañana, había una arenga patriótica donde se nos decía que éramos los salvadores de Chile, los guardianes del país; fue comparable al nazismo hitleriano. Nuestro uniforme nos daba superioridad. Los milicos estábamos de moda. En adelante, todos nos sentimos como Rambo. Fui Rambo.” Primera Piedra 684 Análisis Semanal Del 25 de julio de 2016 11 El protagonista de esta historia se hizo de confianza del teniente Contreras. Durante la mañana del 19 octubre de 1973, Contreras buscó cuatro personas de su confianza. En Calama ya habían aterrizado los helicópteros de la célebre “Caravana del muerte”, con Sergio Arellano Stark a la cabeza. los Excesos El general Arellano viaja a la mina de Chuquicamata.

Quienes vienen con Arellano permanecen en el regimiento y abren el juicio, “que nunca fue un juicio pues a los prisioneros se les leyeron los cargos, que en la mayoría de las veces eran inventados, y sin derecho a defensa, se les condena a la muerte”. Los prisioneros son llevados en un camión para ser fusilados en algún punto del desierto. Gutiérrez, quien no participa en la matanza, dice que eran alrededor de las 17 horas.

Gutiérrez reconstruye las ejecuciones según relatos que conoció después:

“Algunos prisioneros fueron acribillados en ráfaga de 20 tiros por fusil; en consecuencia sus cuerpos quedaron prácticamente destrozados. A uno de los prisioneros le dispararon en el bajo vientre y su cuerpo se vino hacia adelante; sin embargo a puras ráfagas lo levantaron hacia atrás. Todos los cuerpos soltaron los esfínteres. Fue deplorable lo que hicieron con ellos”.

Los excesos continúan antes de ser enterrados en la fosa. Esto vio Gutiérrez:

“Algunos soldados estaban nerviosos. Cuando fueron acomodados los cuerpos, alguien vio que uno de estos pareció moverse. Debimos tranquilizarlo antes que le disparara”.

El acto más infame lo comete un cabo de apellido Concha:

“Con su corvo le cortó el dedo anular a algunos cadáveres para extraerle el anillo de matrimonio. Mientras cortaba, el cabo decía: este oro servirá para la reconstrucción nacional”, dice Gutiérrez.

-¿Se ha encontrado hoy con alguno de sus compañeros?-

-He visto a dos, pero nadie saluda ni siquiera mira. Uno de estos maneja un taxi en Antofagasta. Otros continuaron en el ejército.

-¿Hay un pacto de silencio?-

-En ese momento nuestros superiores nos recalcaron que no debíamos contarle ni a la familia de lo que sucedió ese día; a nadie. A la vez, había un temor tácito pues quienes hablaban podían correr la misma suerte de los prisioneros.

Deshumanización La vorágine de aquellos días, genera una deshumanización entre los soldados, que Gutiérrez, intenta explicar. “Proyectábamos temor entre la gente. Había detenciones arbitrarias sólo porque tal persona te miró mal o antes, hablo mal de ti. Se detenía sin previa explicación”. Primera Piedra 684 Análisis Semanal Del 25 de julio de 2016 12

Gutiérrez recuerda que, entre otras acciones, resguardó prisioneros.

“Ellos se ubicaban por horas en cuclillas y con las manos en la nuca; así quedaban indefensos. Había otro método en que uno les echaba la espalda hacia adelante y caían como dominó”.

-¿Qué lleva a algunos soldados a cometer ensañamientos?

-Hay estados mentales que derivan en situaciones de abuso como el continuar golpeando al no existir respuesta. La respuesta pasiva ante los golpes genera más castigo. En general, la tortura fue un triste acto de cobardía; de abuso de poder. Hay un ejemplo: el marido que golpea a su esposa. Al no haber respuesta; la violencia intrafamiliar continúa. Cuando las fuerzas en disputa son similares la situación cambia. En este caso el ejército de Chile no tuvo respuesta del otro lado, la supuesta subversión. Al final el abuso de poder corrompió y sucedió lo que todos saben.

-¿A su juicio, que responsabilidad tuvo Pinochet?

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-Hay una frase del general: En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Eso lo resume todo. Pinochet siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en Chile y en su ejército. Al final, los ingleses hicieron el trabajo de la justicia chilena. A la vez, Arellano Stark y Contreras (“Mamo”) han recibido un castigo mínimo por las atrocidades que se cometieron.

A Gutiérrez le pregunto cómo ha sido convivir 40 años con esto. El hombre guarda silencio. Dice que dos veces se ha quebrado contando; ambas con sus hijas. Ahora se mantiene firme. Confiesa que casi todo se puede resumir en algo es que no puede ver películas de guerra, pues le afloran las imágenes. “No pretendo justificarme, sin embargo la carga sicológica siempre está presente”, afirma este hombre que no exagera ni teme.

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Golpe a la Libertad de Prensa en Chile

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León Retamal, periodista de HispanTV, reprimido por la policía…

POLITIKA

Una policía armada con fusiles Uzi, M4 y MP5 -armas de guerra- reprime a los estudiantes. Y un carabinero se da maña para acusar a un periodista de agredirlo con un pie de aluminio, 150 gramos que sirven para apoyar una cámara fotográfica… Así, lo injustificable se une a lo imperdonable. Nos lo cuenta otro periodista, Andrés Figueroa Cornejo.

El comunicador social Leonel Retamal fue detenido por la policía arbitrariamente el 28 de julio y al día siguiente fue formalizado judicialmente. ¿Objetivo? Amedrentar a la prensa independiente que existe en el país y agredir al periodismo que disiente de los intereses del poder. Que nadie sepa, que nadie hable, que nadie se mueva.

Escribe Andrés Figueroa Cornejo

El 28 de julio pasado, en medio de una protesta de estudiantes de secundaria por los incumplimientos de la administración de la Nueva Mayoría sobre materias educacionales, las Fuerzas Especiales de Carabineros (policía-militar) de la 19º comisaría de la comuna de Providencia se encargaron de la represión contra las y los jóvenes, y en un nuevo atentado sobre los derechos fundamentales de las personas, detuvieron al periodista y corresponsal de HispanTV en Chile, Leonel Retamal, en pleno cumplimiento de sus funciones profesionales.

Entre los varios uniformados que metían en un carro blindado a un estudiante “por sospecha” (1), se encontraba el capitán Nelson Bersezio Toro quien de manera particular se ensañó contra el periodista Leonel Retamal mientras el profesional cubría el arresto del joven. En una nueva violación de la libertad de prensa e información en Chile, el comunicador social fue detenido también. La situación ocurrió entre un forcejeo de un contingente de policías bien adiestrados y apertrechados para reprimir gente, y un comunicador social sin más poderes que sus credenciales de la Secretaría General de Gobierno y del Colegio de Periodistas que lo identifican como profesional de la prensa. Como es recurrente, la coacción blindada del Estado hizo caso omiso de su propia legislación. La violencia del orden es el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es la expresión de la opresión organizada institucionalmente desde arriba contra todo disenso por abajo.

Al día siguiente, en los Tribunales de Justicia, el periodista Leonel Retamal fue formalizado, según la fiscal, porque en medio del incidente el comunicador habría golpeado al capitán Nelson Bersezio “tres veces en el pecho, no provocándole lesiones a él, pero si resultó dañado el fijador de la cámara GoPro que ‘la víctima’ llevaba en su pecho”. Los supuestos golpes propinados por el comunicador al policía militar habrían sido con el monopie que portaba y que sirve para sostener la cámara periodística de su compañero que estaba en otro sitio en ese momento. En el relato absurdo y pobre, la fiscal aseguró que el uniformado avaluó por cuenta propia los daños al fijador de la cámara en $30 mil pesos (USD46). Y para la acusación contra Leonel Retamal no hay más testimonio ni testigo que el del propio capitán Bersezio. Finalmente la jueza del tribunal, Ely Cecilia Rothfeld, acató la investigación de los hechos solicitada por la fiscalía, con un plazo de 30 días para la entrega de pruebas. Al menos permitió la libertad del periodista durante ese mes. Menos de media hora duró el acto judicial.

“Lo que yo veo aquí es un ataque artero a la libertad de prensa”

Fuera de la sala, Leonel Retamal informó: “recién me acabo de enterar de los cargos por los que fui detenido y ahora formalizado. Durante los cientos de manifestaciones que he cubierto con el equipo de HispanTV, jamás me había pasado algo así”, y añadió: “espero que en el juicio se pruebe lo inverosímil de la acusación. Lo que yo veo aquí es un ataque artero a la libertad de prensa. Lo cierto es que carabineros impide el trabajo de la prensa de mil formas.”

Por su parte, la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, manifestó su apoyo al reportero y criticó el accionar de Carabineros. “Nos parece gravísimo, preocupante y atentatorio contra un derecho pilar de toda democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, que se proceda a una detención violenta y se juzgue a un periodista que estaba ejerciendo su trabajo” y agregó que “Cuando un trabajador de las comunicaciones ve que se vulnera su integridad física, evidentemente intentará defenderse. No debería ocurrir eso, no es comprensible que en una democracia los comunicadores tengamos que defendernos para realizar nuestro trabajo. Estamos desarrollando un quehacer que es necesario para el sistema democrático, informar sobre las manifestaciones de la ciudadanía, ¿y qué recibimos? Represión del Estado”.

Consultado por las fotos que enseñó la fiscal con el fin de inculpar a Leonel Retamal, su abogado defensor, Rodrigo Román, afirmó “que la foto mostrada por la fiscalía es el congelamiento de un video. Lo que se me viene a la cabeza es que conforme a lo que señala la RAE, un montaje es una apariencia de algo que se cree que es. Si de un video uno hace una captura de imagen podría parecer que Leonel agredió a un policía, pero lo que hay acá es el relato falaz de un policía”.

Inmediatamente después del control de detención, organizaciones como el Colegio de Periodistas, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, la Asociación de Reporteros Independientes (ARI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Corresponsalía de HispanTV en Chile acudieron a La Moneda a entregar una carta dirigida al ministro Marcelo Díaz, donde manifestaron su rechazo a la detención de Retamal y solicitaron un pronunciamiento del gobierno por los reiterados hechos de hostigamiento a los trabajadores de la comunicación. Asimismo, indicaron que no se descarta acudir a tribunales u organismos internacionales que puedan intervenir en esta situación.

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Bachelet en entrevista: ¿Presidenta de la República o vocera de la casta política chilena?

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Las empresas fantasmas de la familia Bachelet ( Leea mas abajo...)

Leopoldo Lavín Mujica

Bachelet expresó en entrevista a El País que la crisis política “es universal”. Lo hizo para no asumir responsabilidades ni deberes (¿no es acaso el primer deber de los gobernantes políticos responder por el mal gobierno antes de exigirles “deberes” a los ciudadanos sin poder, o achacarle el problema a un indefinido mal universal?). En lugar de lo anterior debió haber dicho “global”, puesto que con sus dichos defendería a pie juntillas la “globalización neoliberal” propugnada por las empresas y los Estados; que no nombra claro, pero que aprueba (“ La globalización es un hecho, no va a desaparecer porque no me guste. Estamos conectados por todos lados. Tenemos desafíos enormes que no podemos resolver solos los países” ).

Además se guardó de decir que la “crisis” es la crisis de instituciones políticas que surgen del capitalismo neoliberal aplicado a sangre y fuego (el caso chileno) o de aquellas que experimentan la embestida gradual o frontal de las políticas de las oligarquías neoliberales que controlan el planeta (el caso de la Unión Europea). Ex funcionaria de la ONU, tendría que saberlo.

El de la Presidenta no es un análisis socialdemócrata en el sentido estricto del término, sino el de una neoliberal “progresista” camuflada. De aquellos/as que dicen (como ME-O) que el “progreso no puede detenerse”. Es la misma ideología de la “modernidad capitalista” y de la educación mercantil del Rector Peña de la UDP y de la ministra de Educación Adriana Delpiano. El del fatalismo tecnológico y del conocimiento instrumentalizado al servicio de las dinámicas del capital.

Además, Bachelet y cuánto político se refiere al tema, olvida decir que una de las razones —y no la menos importante— de la crisis de legitimidad de la política dominante y de las instituciones de los sistemas representativos liberales es el no respeto o incumplimiento de las promesas inscritas en los programas de los gobiernos que se hacen elegir y que recuperan las justas demandas ciudadanas y de los trabajadores para desvirtuarlas. Como en Francia, dónde el hecho es patente.

El Gobierno actual del presidente socialista François Hollande prometió “atacar el poder financiero y conectarse con las mayorías”. Hoy hace todo lo contrario (lo mismo que la Nueva Mayoría): promueve los intereses del capitalismo empresarial con la ley del trabajo “El Khomri” que propone un retroceso enorme en las conquistas del movimiento sindical francés. Éste ha reaccionado masivamente (a diferencia de Chile donde la CUT ha acatado sin chistar —ni movilizarse— el consenso neoliberal del cual ella misma es parte; el pataleo de la cúpula no logra ocultar su obsecuencia ante el empresariado). Y el presidente galo aplica los planes “austericidas” impulsados por los poderes de la Unión Europea; planes, que en Chile se aplican desde la época de la dictadura (basta con constatar la situación de los pensionados actuales y futuros para entender la dimensión social catastrófica generada por las AFP; uno de los pilares estructurales de la “modernidad capitalista” y del modelo neoliberal chileno, vitrina hoy resquebrajada).

La globalización capitalista ha impuesto tratados e instituciones neoliberales que comienzan a ser rechazados por los pueblos

Nada de qué extrañarse entonces que sectores populares de las naciones del viejo mundo quieran salir de la camisa de fuerza neoliberal impuesta por las instituciones de la Unión Europea. Sectores importantes de la izquierda europea ya habían propuesto la salida del Euro, una Europa con una Constitución social y el desacato a las medidas impuestas por la Unión Europea con el fin de reapropiarse de los mecanismos soberanos de los estados nacionales. Precisamente para aplicar políticas anti austeritarias. La humillación que los poderes e instituciones europeas le impusieron al pueblo griego después del referéndum en que éste rechazó los diktats de la troika europea y su memorándum reveló la brutalidad de la lógica del capital (sobre todo del alemán) y la apatía de los estados y de las instituciones de la Unión Europea por el futuro de la democracia y el pueblo heleno. De esto el dispositivo mediático no habla, ni tampoco de la feroz represión del Estado mexicano del PRI contra maestros y estudiantes que se oponen a la reforma educacional de corte neoliberal.

Las extremas derechas se apropian de las demandas populares ante el fracaso de las nuevas derechas ex socialdemócratas

Han sido las extremas derechas las que se apropiaron de la demanda de salida del Euro y de las políticas monetarias de la UE ante la incapacidad de las socialdemocracias neoliberalizadas y de las izquierdas anticapitalistas divididas e impotentes. El resultado fue el triunfo del voto Brexit que a algunos despistados se les olvida contextualizar. Cabe señalar, que aunque inteligente y mordaz a veces, el periodista Oscar Contardo de La Tercera no se tomó el tiempo de investigar esta vez, al calificar el voto del Brexit como “triunfo del monstruo populista”. Es así como avanza el leit motiv de los 1 a 5 % que gobiernan el planeta y de los tecnócratas a su servicio: la consigna que la desigualdad social es el precio que hay que pagar —es el nuevo relato totalizador o la utopía neoliberal— por el avance de la globalización de los mercados bajo el signo neoliberal, como en la UE (muchos jóvenes europeos están dispuestos a trabajar en empleos inestables y mal pagados con tal de “viajar”; un neoproletariado globalizado, desarraigado y explotable). Considerada la globalización como algo ineluctable “que no va a desaparecer” según la presidenta, pero que a la larga es … buena …(quizás para cuando no quede árbol parado ni pez por pescar). Poco importa que la globalización neoliberal no conozca límites en la depredación de los modos de vida comunitarios y el saqueo del planeta y que sean 147 corporaciones multinacionales que la dirigen y cooptan los centros de poder (*Ver: Susan George, State of Corporations (El ascenso del poder ilegítimo y el desafío para la democracia). Ni la destrucción de los equilibrios ecológicos de la bioesfera de la cual dependemos en tanto que ellos son la matriz estructural y condicionante de toda vida digna sobre la Tierra (cabe reflexionar acerca de la estulticia cortoplacista y de la falta de visión ecológica de los que gobiernan Chile al culpar a los “asados” de la contaminación, para así, esta vez, no pensar de manera holística, es decir realmente global).

La Presidenta evita hablar de los estragos de la corrupción política

La presidenta de Chile olvidó hablar en su entrevista a El País de los efectos de la corrupción política o de la captura de la política institucional chilena por el dinero empresarial para explicar la crisis de “su” política. Omite que ha sido la casta del duopolio que gobierna Chile desde la expulsión por el pueblo de la dictadura neoliberal pinochetista del poder la que ha roto con los valores y la institucionalidad republicana. Esta brutal ruptura de los parlamentarios y de funcionarios del Estado con la moralidad y la ética republicana así como con sus virtudes democráticas de probidad, honestidad, prudencia y transparencia han corroído la fe pública y la confianza popular en los mecanismos de la representación. Tal situación y el sentimiento de impunidad de la que gozan los corruptos sólo puede ser reparada esta vez con una ruptura ciudadana con los partidos del régimen y la institucionalidad salida de la dictadura (que, por ejemplo, nunca ha regulado la puerta giratoria entre empresas y función pública que ha permitido que un operador de la laya de Enrique Correa influya, moviendo sus peones, con la complicidad de toda la casta en los destinos de una nación entera) Y cabe el mérito a Mónica Echeverría el haber puesto el acento en la responsabilidad que le cabe a un tránsfuga de la política y operador de la transición en la crisis de legitimidad de la política duopólica.

Una nueva constitución que remedie en algo lo mal hecho sólo emergerá de un auténtico proceso constituyente que conduzca a una Asamblea Constituyente cuya mitad debe ser electa y la otra resultado de un sorteo donde cualquier ciudadano podrá ser elegido. La casta y sus políticos ya no pueden invocar un “savoir faire” o conocimientos de tipo legal o político específicos para gobernar o legislar. El resultado está a la vista: más ganan, más se alejan de la vida del común y más corrompibles son. Si la codicia es un “pecado capital”, lo es porque la forma dinero coloniza la subjetividad; se convierte en una pasión destructora de la vida social. Quienes se dejan capturar sus afectos por el dinero (los Orpis, Insunza, Correa, Golborne, Piñera, Novoa etc,) significa que han interiorizado la lógica del Capital; (en lenguaje de Lacan, sus afectos y subjetividad han sido capturados por el Significante Amo: el dinero como manifestación del capital y del poder de la oligarquía propietaria).

Cabe preguntarse entonces si el pueblo soberano y sus movimientos sociales (trabajadores, estudiantes, pensionados, pueblos-naciones sometidos) no deben autonomizarse (recuperar la soberanía para sí y no delegarla) hasta que no aparezca una alternativa política viable, creíble y salida de las luchas sociales reales y desconfiar mientras no existan en una nueva Constitución instituciones de control popular para impedir la corrupción y las trampas de la representación política que implica desposesión del poder político de la multitud en manos de un puñado de poco confiables “representantes”.

(*) Ver: Susan George, State of Corporations (el ascenso del poder ilegítimo y el desafío para la democracia). https://www.tni.org/files/download/state_of_corporation_chapter.pdf

 

Las empresas fantasmas de la familia Bachelet

Medio argentino “Polo Sur Noticias”, hace eco de los graves hechos de corrupción protagonizados por la familia Bachelet, y publica una lista con empresas fantasmas utilizadas por la familia para robar millones de pesos.

Según el artículo de Polo Sur Noticias, las empresas fantasmas de la familiaBachelet son las siguientes:

Asia Pacific Brokers: En diciembre de 2006 Dávalos Bachelet era funcionario de la Direcon, donde fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón. En esa misma fecha, Compagnon -con sólo 23 años- constituyó junto al taiwanés Yun-Tso Lee la sociedad “Comercial, Inversiones y Consultorías Asia Pacific Brokers” con un capital de $10 millones.

CBR Group. Ltda: Entre 2008 y 2009, Compagnon forma la sociedad “CBR GRoup Ltda.” junto a Steve Rogers y Ricardo Baraona con un capital de $4 millones.

C&D Asociados: En esta unión comercial figuran Sebastián Dávalos y Manuel Contreras Chamorro con el fin de realizar asesorías informáticas; se constituyó con un capital de $3 millones.

Caval Ltda.: El 3 de febrero de 2012 nace Caval Ltda. conformada por Natalia Compagnon y Mauricio Valero, su capital inicial fue de $6 millones aportados en partes iguales por cada uno de los socios.

Compagnon y Dávalos Sociedad Anónima: El 17 de febrero de 2012 se constituye la sociedad conformada por el matrimonio, con un capital de $4 millones.

Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A.: El 30 de agosto de 2012, Natalia Compagnon junto a su madre Margarita Soto forman una nueva sociedad. La primera socia aportó $4,5 millones mientras que Soto $500 mil.

 

 

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CHILE: BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL A MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

 

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Represión en Chile: La respuesta de un gobierno a demandas estudiantiles

Desde las 10:00 de esta mañana, estudiantes secundarios convocados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones)se congregaron en Plaza Italia, acompañados de organizaciones universitarias, para iniciar una marcha hasta Los Héroes, pese a no contar con la autorización de la Intendencia Metropolitana. Sin embargo, la columna no pudo salir del perímetro ya que, en la intersección de Vicuña Mackena con Alameda, fueron de inmediato reprimidos por Carabineros

Entre los asistentes, destacó la ocurrencia de los dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes marcharon con los gorros naranjos, famosos luego que los estudiantes los utilizaran de señuelo el pasado martes 24 para hacerse pasar por visitantes en gira de estudios y así entrar a La Moneda.

Noticia en desarrollo…

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