La represión en Chile y la violación a los Juicios Justos van de la mano

Ante el aumento de las violaciones a los derechos de los imputados y las faltas al debido proceso de los presos politicos -mapuche o no-, que ahora se generaliza a todos los que piensen diferente y/o quieran que sus derechos sean respetados, es necesario denunciar esta situaciones.

Libertad a todos los presos políticos y derogación de la Ley Anti-Terrorista. ¡Ahora!

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Fiscal Alejandro Peña, quien ha estado envuelto en los mal llamados "casos bomba", y desde donde ha demostrado total desprecio por el Debido Proceso y por los derechos de los detenidos.

Fiscal Alejandro Peña, quien ha estado envuelto en los mal llamados "casos bomba", y desde donde ha demostrado total desprecio por el Debido Proceso y por los derechos de los detenidos.

José Venturelli

Complicado el asunto de la promoción del Fiscal Alejandro Peña, quien ha estado envuelto en los mal llamados “casos bomba”, y desde donde ha demostrado total desprecio por el Debido Proceso y por los derechos de los detenidos. Se confirma la colusión desde el Ministerio del Interior con este personaje a quien ahora “premian” con la responsabilidad de la Seguridad. Estas son malas noticias: confirman que el gobierno se sigue alineando con las violaciones de los DDHH’s. Obviamente el Fiscal Peña ha estado haciendo carrera (y vaya que corre bien y tiene quienes le aplauden) cuando el Ministerio del Interior lo premia con un cargo de tan alta responsabilidad.

El problema es que funciona sólo con su imaginación y su virulencia persecutoria, dispuesto a humillar y a abusar de todos aquellos que no le agraden ideológicamente. La persecución política es lo que el Ministerio parece haberse acostumbrado a hacer y, habiendo sido formado bajo la Constitución anti-democrática que nos rige, seguramente seguiremos escuchando de sus reiteradas violaciones. El gobierno debe recapacitar y parar este total contrasentido social de atropellos “legales”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados escuchó hoy atentamente a familiares y a organismos de DDHH’s en estos casos y reconocen que la situación de los DDHH’s sigue siendo grave y de que el mundo identifica en Chile a un país que no cumple los tratados firmados sobre DDHH’s. La Ley Anti-Terrorista, que permite y fomenta esta irracionalidad represiva debe ser derogada. Hay que apaciguar la imitación que continúa de querer eliminar, por razones políticas, a quienes no sean del gusto del poder político. Chile actúa de modo anti-democrático. También la Comisión Constiucional reprueba la relación entre el Ministerio del Interior y su apoyo a medidas represivas del fiscal Peña.

Los jóvenes perseguidos por el Ministerio Público llevan ya casi 8 meses detenidos en Alta Seguridad. Son 8 hombres y dos mujeres. Cuatro imputados adicionales están con medidas cautelares fuera de prisión. Las amenazas del Fiscal Peña ofrecen prisión a perpetuidad a dos “líderes” (El Mercurio, con su clara forma de sugerir y ordenar represión, como lo ha hecho con los dirigentes mapuche, ya los ha condenado y no es capaz de ejercer ni la más mínima capacidad crítica o de duda cuando se trata de las violaciones de los DDHH’s. Una tradición vergonzante en un país donde no existe el derecho real de informar o de ser informado sobre la realidad política). Se les acusa de asociación ilícita sin haber demostrado nada. No hay evidencia participativa tampoco y, simplemente, se trata de culparlos por un pasado anarquista que, bajo ninguna norma internacional judicial o de DDHH’s puede justificar las condiciones inhumanas en que se los tiene y que los ha forzado a esta huelga de hambre para que sus derechos sean respetados.

Ninguno ha estado en acciones terroristas -pese a haber sido investigados por cinco años y con los medios persecutorios ilegítimos que usan los cuerpos políticos policiales. Lo que procede es dejar de torturarlos con estas formas de detención y de negación de su libertad de modo prolongado. Tres de los detenidos estuvieron once años presos por sus ideas. Pero de ahí a acusarlos de ser líderes terroristas es la evidencia misma de que la represión sigue siendo rutina en estos poderosos mandamases que aún siguen en un pasado inmoral.

El gobierno acepta que se sigan usando métodos anti-democráticos de Testigos Protegidos, de detenciones preventivas con castigos prolongados y de una permisividad irresponsable, abusiva, contra los detenidos. La forma como esta ha sido usada con los dirigentes mapuche por simplemente ser dirigentes de su pueblo en la defensa de los derechos fundamentales y a quienes tampoco lograron demostrarles ni una sola evidencia, debe hacer capacitar al gobierno de que los tiempos de la represión abusiva ya pasaron y que en Chile, como en el mundo, el rechazo a esos métodos crece. La dictadura perfecta y el pinochetismo sin Pinochet no son tolerables. Esta actitud se confirma en el despido de la Defensora Nacional, Paula Vial quien ha denunciado estas mismas violaciones a la Justicia. La eliminación de los presupuestos a las acciones de apoyo a la construcción de una Memoria Histórica y el desmantelamiento del equipo de Derechos Humanos en el mismo Ministerio del Interior forman parte de la única asociación perfectamente ilícita del Estado. El Presidente debe dejar de esconderse: aún no cumple lo que prometiera a los huelguistas de hambre mapuche. Estos han retomado su huelga por la mantención de la Ley Anti-Terrorista a la que sólo le pintaron la cara diferente pero se sigue usando a todos los que se atrevan a denunciar la realidad y a luchar por sus derechos. Esta Ley Maldita se está usando hasta con los menores Mapuche y con otros sectores de la sociedad. Las huelgas de hambre proliferan por la incapacidad de entender que la democracia, los derechos humanos y una justicia verdadera deben ser para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. La salud de los detenidos se deteriora y Gendarmería agrega su propia violencia y falta de cumplimiento en lo que corresponde a su responsabilidad de protegerles su salud y derechos carcelarios. Sumarse a esta represión es inquietante e ilegal. La salud obedece a patrones éticos que no están siendo considerados y en Gendarmería se pretende que “ellos deciden” cuando y a quien llamar para que atiendan a sus presos. Ignorancia y violación de los preceptos éticos van de la mano: Gendarmería tiene la obligación de que esos preceptos sean respetados. La atención de la salud es un derecho inalienable, especialmente en personas a los que no se les ha juzgado y que están presos por el carácter permisivo y abusivo de la Ley Anti-Terrorista.

Una exigencia creciente está ante nosotros: Libertad a todos los detenidos y derogación de la Ley Anti-Terrorista. Ahora, para terminar con la brutalidad que está ocurriendo.

Varias declaraciones de organismos de Derechos Humanos (Comisión Ética contra la Tortura, CODEPU, Familiares de los presos políticos y de noticias denuncian estas situaciones:

http://radio.uchile.cl/noticias/109441/ ;
http://www.biobiochile.cl/2011/04/06/alejandro-pena-renuncia-a-fiscalia-sur-para-ocupar-alto-cargo-en-ministerio-del-interior.shtml ;
http://www.elciudadano.cl/2011/04/06/por-la-libertad-de-todas-y-todos-los-presos-politicos-contra-la-represion-de-la-protesta-social/

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