Patrocinador del Terrorismo: Estados Unidos Prestó sus Sicarios a Pinochet






Documental “La verdad detrás de Siria” producido por el comité de Acción Política de Lyndon LaRouche en Estados Unidos, se trata sobre la operación imperial detrás de la desestabilización terrorista en Siria, organizada y financiada desde Gran Bretaña, Arabia Saudita y EE.UU. Aquí se exponen todas las redes terroristas que van desde Al-Qaeda, hasta la empresa británica BAE systems y los grandes bancos del mundo.

Jean-Guy Allard-Tercera Información.-

Siniestra casualidad. Mientras Estados Unidos promociona a través de su red mediática su lista anual de países “patrocinadores del terrorismo”, en Chile se desclasifican los archivos de la DINA, la gestapo de Pinochet, donde se confirma la presencia en Chile, en los años del Plan Cóndor, de sicarios y terroristas cubanoamericanos formados por la CIA y “facilitados” a la dictadura chilena para sus operaciones más sucias.

Los nuevos elementos que documentan esta colaboración mortífera surgen con la publicación de un intercambio de comunicaciones entre la fiscalía norteamericana, el FBI y altos cargos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante el año 1977.

Joya de estos archivos de la DINA, el telex dirigido a la cancillería chilena por Eugene Propper, el fiscal que investigó la muerte del excanciller Orlando Letelier en Washington, solicita información sobre la entrada o salida de Chile de Guillermo Novo, Orlando Bosch y Alvin Ross Díaz.

Está hoy documentado que Guillermo Novo Sampoll – este mismo terrorista que fue encarcelado con Luis Posada Carriles en Panamá en el 2000 – había sido contratado por la DINA, con Ross Díaz junto a otros dos asesinos cubanoamericanos, José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, para matar a Letelier.

El ex canciller fue asesinado el 21 de septiembre de 1976 en el barrio diplomático de la capital estadounidense, con su colaboradora Ronni Moffit,

El ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, pidió entonces al jefe de la DINA, Manuel Contreras, que busque la fecha de entrada y de salida de Chile de Novo, Bosch y Ross-Díaz.

En respuesta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen pinochetista, remitió un informe con datos no solo sobre Novo y Bosch sino sobre otros dos matones cubanoamericanos presentes en Chile, José Dionisio Suárez y Rolando Otero Hernández.

En un proceso judicial adaptado a los terroristas del imperio, los “anticastristas” fueron más tarde sentenciados a penas de prisión… que luego se disolvieron por la magia de los poderes ocultos de la inteligencia imperial.

Gracias a jueces cómplices en el caso de Novo y Ross… y del propio presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en el caso de Suárez y Paz.

La CIA/CORU al servicio de la Operación Cóndor

El 11 de junio de 1976, en Bonao, República Dominicana, Orlando Bosch Avila, creó – bajo orientaciones precisas de la CIA y en un entorno proveído por la agencia – la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU) que reunió los elementos más peligrosos del terrorismo cubanoamericano de aquella época, empezando por individuos tales como Luis Posada Carriles, agente de la CIA entonces oficial de la DISIP – la policía secreta venezolana.

El general chileno Manuel Contreras, exjefe de la DINA, reveló hace unos años que en Bonao, estaba presente su agente Michael Townley, personaje clave del atentado contra Letelier. Pronto, la CORU se asociará a la Operación Cóndor promovida por Pinochet, y convendrá acuerdos secretos con la DINA chilena.

Posada vinculará los servicios especiales venezolanos a las acciones terroristas de la Operación Cóndor. Según el afamado autor cubano José Luis Méndez Méndez, “el recluta a Otero Hernández, quien había colocado bombas contra intereses norteamericanos en Florida y se había refugiado en Venezuela y lo envía a Chile para penetrar y conocer los planes que estaba desarrollando la DINA”.

Se sabe que en Chile, Otero Hernández se vinculó con el oficial DINA Michael Townley,

Townley es ahora un protegido de la ley norteamericana, bajo el programa de protección de testigos, y vive tranquilamente en la ciudad de Miami, santuario del terrorismo continental.

Bosch en Chile durante meses

El documento especifica que Orlando Bosch entró a Chile el 3 de diciembre de 1974 con el nombre de Pedro Antonio Peña, con nacionalidad dominicana, y se quedó hasta agosto del año siguiente.

Entró junto a Novo Sampoll que viajaba bajo su propio nombre y con pasaporte norteamericano legitimo.

Bosch regresó a Chile en diciembre de ese año, en esa ocasión con pasaporte chileno con nombre falso, prueba material de la estrecha colaboración de Chile con el jefe de la CORU.

Bosch, fallecido en 2011 en Miami, ordenó y orientó con Luis Posada Carriles, el atentado de 1976 contra un avión civil cubano en el que fallecieron 73 personas. “La Operación Cóndor y la CORU actúan en alianza cuando el 21 de septiembre de 1976 es asesinado Letelier y el 6 de octubre estalla en pleno vuelo el avión de Cubana, a menos de 15 días de diferencia”, subraya Méndez, autor de Las Alas del Cóndor.

La DINA satisfecha

Según los documentos desclasificados, tanto en el caso de Novo Sampoll como de José Dionisio Suárez, la DINA aseguró irónicamente que no existían “antecedentes negativos” sobre su estancia en Chile.

Lo mismo opinaba la DINA de Rolando Otero Hernández.

En otro documento, el entonces director del FBI, Clarence M. Kelley, agradece al jefe de la DINA “sus esfuerzos por facilitar el arresto de Rolando Otero Hernández”, a quien califica de “fugitivo de la justicia americana”…

Especialistas atribuyen a Otero Hernández, el atentado “nunca explicado” que provocó la muerte de 29 personas en el Aeropuerto Internacional La Guardia, en Nueva York, el 29 de diciembre de 1975. Cuando el FBI ya sabía de la responsabilidad del terrorista en atentados ocurridos apenas 28 días antes en Miami contra edificios federales, incluyendo las oficinas del FBI.

En julio de 1980, el candidato presidencial Ronald Reagan, en una conversación con el periodista Brian Crozier, expresó que era “bueno que botaron a Letelier fuera…”. En el momento del asesinato de Letelier, el candidato a la vicepresidencia de Reagan, George HW Bush, era el director de la CIA.

Todos los sobrevivientes de esta colaboración entre la CORU, una criatura de la CIA, y la DINA, viven hoy tranquilamente en Miami. Sin problema alguno. Bajo la protección del Estado norteamericano, con muchos otros terroristas, asesinos, torturadores, mercenarios que vendieron sus servicios a su patria imperial.

La que inscribe en su “lista” de patrocinadores del terror a los países que rechazan su poder hegemónico y que se niegan a arrodillarse ante su voluntad de dominar.

Chile: revelan los secretos de la DINA, la Gestapo de Pinochet

La policía secreta de Augusto Pinochet comandó una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos a los que tuvo acceso DPA.

Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) primero y la CNI (Centro Nacional de Informaciones) después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones en todo el mundo.

El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado, como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975.

“Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, el general Raúl Benavides.

En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública.

La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite.

La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon.

La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición.

El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono.

La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina” para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que “festinen” con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.

También son propuestas campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción.

Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier.

La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas, que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.

Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.

“De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como consejeros administrativos o civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, escribió Valdés.

El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, el almirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente.

Los archivos secretos revelan, además, el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera.

Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica.

“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953.

Las operaciones detalladas en estos archivos revelan, además, el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon, de Le Monde, y James Pringle, de NewsWeek, entre casi un millar referidos en estos documentos.

También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman “activismo intelectual”.

Los textos desnudan, también, los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen.

En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan “el principio de autoridad”.

“Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho.

Los cambios finalmente serán acordados con la oposición de centro izquierda. La Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.

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