LAS REFORMAS NO SON EL PROBLENMA, SINO EL REFORMISMO… ” LAS REFORMAS DE BACHELET A LA DERIVA “

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Giorgio Boccardo • Nicolás Romero TM

RESUMEN

La actual coyuntura política se caracteriza por la dificultad del Ejecutivo para orientar de forma coherente su programa de reformas y la capacidad del empresariado para condicionar los proyectos de ley. El bacheletismo se aferra con todas sus fuerzas al programa y se niega a forjar pactos con la sociedad, particularmente rechazando dialogar con las fuerzas estudiantiles. En tanto, los partidos políticos se encuentran concentrados en las próximas elecciones municipales y presidenciales. Además, estallan escándalos que hacen patente la estrecha relación entre negocios y partidos, pero sobre todo la extrema colonización del empresariado sobre la política. Lo anterior reafirma la orientación neoliberal de la Concertación y agrava la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema político institucional.

Palabras clave ›

Colonización empresarial, crisis de representación, bacheletismo, reformas.


El gobierno de Bachelet ha presentado dificultades para empujar su programa original de reformas, al punto que los escasos elementos de cambio que contenía en sus inicios se han diluido. La reforma tributaria quedó presa de los intereses empresariales de tal modo que el Parlamento terminó aprobando el blanqueo de capitales depositados en paraísos fiscales en el extranjero; la reforma educacional, inmovilizada por contradictorios intereses particulares, está en serio riesgo de ser abortada; mientras que la reforma constitucional fue relegada y el mecanismo de Asamblea Constituyente, desechado. A todo esto se suma que la Agenda Laboral fue retrasada hasta fines de año. En paralelo, avanza silenciosamente la Agenda en Energía que busca disminuir costos de producción al gran empresariado

y entregar confianzas al capital multinacional para que invierta en nuevas centrales1.

Este freno al ímpetu reformista es explicado de varias maneras. Inicialmente, se acusó a la derecha política y los “poderosos de siempre” de vetar toda reforma posible pese a no tener mayoría en el Parlamento. Luego, se apuntó a las fuerzas estudiantiles y a su negativa a respaldar los proyectos de ley educacional enviados por el Gobierno. Posteriormente, se argumentó que las diferencias históricas en la Concertación, entre neoliberales y progresistas, volvieron a frustrar los anhelos de cambio. Además, intelectuales de la derecha liberal plantean que sería un error suponer que las banderas de cambio radical enarboladas desde 2011 representan los anhelos de la mayoría de chilenas y chilenos. Finalmente, se esgrimió que el “progresismo ingenuo” -que ingresó recientemente al Gobierno- cometió el error de empujar todas las reformas a la vez y con un discurso refundacional.

En los últimos dos meses la desaceleración económica y los sucesivos bombazos en Santiago modificaron la discusión pública. Los economistas neoliberales advierten que en el actual escenario no resulta prudente empujar reformas de envergadura como las prometidas inicialmente por el Gobierno. Más bien, reclaman, hay que reactivar una alianza público-privada que vuelva a dinamizar los ritmos del crecimiento. En tanto, los guardianes del orden y de la seguridad pública acusan que los actuales organismos de seguridad e inteligencia son insuficientes para combatir el crimen organizado y el terrorismo, de lo que se deriva la necesidad de inyectar mayores recursos en esa dirección.

Las principales fuerzas políticas operan con prescindencia del malestar expresado por la sociedad chilena, en 2006 y 2011, a través de la protesta estudiantil. Más grave aún, sin embargo, es que actúan bajo la premisa de que no habrá cambios sustantivos en el gobierno de Bachelet. De lo anterior concluyen que la centralidad es prepararse para afrontar las próximas elecciones municipales y presidenciales. En contrapartida, tres son los actores que presionan porque existan cambios en alguna dirección: una fracción del empresariado, el bacheletismo y las fuerzas estudiantiles.

A continuación se analizan los pasos de las principales fuerzas políticas y sociales en la coyuntura reciente.

I. LOS PODERES FÁCTICOS: EL EMPRESARIADO COMO VANGUARDIA Y LA IGLESIA COMO REFUGIO.

En Chile se ha naturalizado hasta el extremo que los líderes de la CPC y los grandes empresarios crucen el Patio de los Naranjos todas las semanas, que los presidentes anuncien en la Enade grandes proyectos concesionados de inversión, o que los recursos para financiar políticas sociales terminen, por la vía del voucher, en las arcas de distintos grupos económicos. También, que el propio Estado promueva la creación de nichos de acumulación de capitales o que dirima las tensiones que se producen entre distintas fracciones empresariales por la vía de regulaciones o sanciones. Fue de esta forma que en los noventa la Concertación se ganó la confianza del empresariado, y éste paulatinamente le entregó su apoyo. Tras el gobierno de Piñera, sin embargo, un fenómeno nuevo comenzó a expresarse en la política nacional: la creciente colonización empresarial sobre la política institucional2.

En los primeros meses del Gobierno los discursos refundacionales respecto al arranque de un nuevo ciclo político pusieron en alerta a la elite empresarial. Pero al poco andar la capacidad de control de ésta sobre el Ejecutivo no sólo se ha

2 Boccardo G. & Romero N. (2014, junio). ¿Se inicia un nuevo ciclo político en Chile? Entre la restauración y el arranque de una transformación de la política. Cuadernos de Coyuntura,

TM Giorgio Boccardo
Sociólogo de la Universidad de Chile. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad y Director de la Fundación NodoXXI.

TMNicolás Romero
Abogado de la Universidad de Chile y Director de la Fundación Decide.

POLÍTICA Y COYUNTURA

LAS REFORMAS DE BACHELET A LA DERIVA

Recuperado; en la actual coyuntura se ha exacerbado a niveles que atentan contra toda pretensión democrática del sistema político. A la bullada negociación tributaria que finalizó con un acuerdo entre el Ejecutivo y el empresariado -legitimada con la firma del Parlamento-, se agregan las modificaciones de último momento que permitirán el blanqueo de capitales depositados en paraísos fiscales. Una suerte de “borrón y cuenta nueva” que obligará al evasor a pagar impuestos sólo a contar de la fecha del blanqueo. Esto, argumentan aquellos que votaron a favor –entre los que se incluyen parlamentarios socialistas y comunistas-, con el propósito de aumentar las recursos del erario público y alinearse con una recomendación de la OCDE.

En este escenario aumenta la presión empresarial sobre el Estado para que reactive una agenda de concesiones en base a la construcción de obras públicas a cargo de capitales privados, que los recursos que recaude la reforma tributaria -mientras no exista acuerdo en educación- se destinen a la construcción de infraestructura o a la entrega de bonos que reactiven el consumo, o que la Agenda Energética atraiga la confianza de nuevos inversores para la construcción de mega centrales. En esa dirección, el ex presidente Lagos expresó en un foro empresarial que la senda del desarrollo sólo se recuperará con la reedición de la alianza entre el sector público y el privado3. El aplauso empresarial no se hizo esperar.

Tras el “impasse tributario”, cuya responsabilidad fue atribuida a la “intransigencia” del ministro Arenas, la Presidenta optó por restar autoridad a Hacienda y estableció vínculos directos con los jerarcas empresariales. En esa línea, extendió invitaciones a connotados emprendedores nacionales para las giras presidenciales y aclaró en Nueva York, ante representantes de los capitales multinacionales, que su principal preocupación hoy es el crecimiento económico.

Lo anterior no significa que las fuerzas empresariales actúen como bloque monolítico en la orientación de la política nacional, o que no existan fricciones en la arena económica. De hecho, la CPC encabezada por Andrés Santa Cruz, tuvo enormes dificultades para consensuar entre sus ramas una posición común ante la reforma tributaria. Frente a los anuncios de cambio al sistema de pensiones o a los mecanismos de aseguramiento de la salud, no ha existido una voz común, y en el bullado caso Cascadas, las sanciones a las empresas avícolas por colusión o el escándalo por el financiamiento ilegal del consorcio Penta a campañas políticas, las posiciones han transitado desde la condena al silencio total.

En tanto, la Iglesia Católica, pese a su crisis interna debido a la avalancha de acusaciones por abusos sexuales, recuperó cierta posición en la política. Logró negociar con el Mineduc prerrogativas especiales para mantener su extensa red de colegios, y de ese modo no ver afectada una de sus principales fuentes de recursos e influencia. De hecho, llamó la atención que durante el Tedeum religioso connotados políticos rogaron a monseñor Ezzati para abogar contra el aborto o para hacer un llamado y alcanzar un acuerdo nacional en educación. Así, además de asegurar la continuidad de una de sus principales instituciones de reproducción cultural y económica -a saber, los colegios subvencionados- la Iglesia

3 Retamal, C. (2014, 27 de agosto). Ex presidente Ricardo Lagos en Icare: “Debemos ordenar Chile en los próximos 15, 20 ó 30 años”. Pulso. Recuperado en: http://www.pulso.cl/noticia/actualidad-politica/politi- ca/2014/08/5-49022-9-ex-presidente-ricardo-lagos-en-icare-debemos-ordenar-chile-en-los-proximos-15-20. shtml.

Católica vuelve a ser vista por ciertos políticos como depositaria de “verdades finales” a la cuales recurrir cuando la coyuntura se polariza.

El CEP y El Mercurio (ambos ligados al grupo Matte) intentaron incidir en el curso de la reforma educacional mediante una agresiva campaña que argumentó que una mayoría de chilenos estaba en contra de las reformas planteadas por el Ejecutivo. La tradicional encuesta del CEP arrojó que un 52% de los padres y apoderados estaba de acuerdo con el copago, el 57% en contra de la gratuidad universal en educación superior y un 54% que los liceos emblemáticos pudiesen seleccionar4. Pero, más allá de los cuestionamientos técnicos que recibió el módulo de educación de la mentada encuesta, lo que llama poderosamente la atención es que el CEP ha perdido capacidad para generar grandes acuerdos entre la Concertación, la Alianza y los intereses empresariales; y, paulatinamente, se ha convertido en una suerte de “guerrilla intelectual” similar a Libertad y Desarrollo. Esto, en definitiva, merma su capacidad para incidir en la dirección “intelectual y moral” de la sociedad chilena.

Otros intelectuales de la derecha liberal han defendido la tesis de que el apoyo ciudadano a las protestas del 2006 y del 2011 no era una exigencia por cambios radicales, sino por más y mejor neoliberalismo. Liberales como Carlos Peña o Juan Andrés Fontaine han insistido recurrentemente que “la calle”, pese a su enorme capacidad para instalar temas, ha sido un grupo de presión más que debe ser tratado como tal. En esa línea, la agenda de cambios debe apuntar a eliminar los excesos en que han caído las minorías empresariales, fortalecer la democracia –concebida como una práctica individual- y, asegurar la libertad de emprendimiento para recuperar así la senda del crecimiento. En suma, tras el velo del liberalismo político, lo que se defiende es una agenda típica del liberalismo económico.

Ante los reiterados bombazos en Santiago, el discurso del orden y de la amenaza terrorista ha recuperado peso. Unánimes fueron los llamados respecto a condenar los hechos y a la necesidad de fortalecer las policías y las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado. En paralelo, se inició una sistemática campaña del terror, encabezada por medios de comunicación e intelectuales cortesanos del orden, que vincula arbitrariamente estos casos con el desenvolvimiento de las fuerzas estudiantiles, la ideología anarquista o el conflicto chileno-mapuche.

En suma, las fuerzas empresariales han logrado sostener su peso en el Ejecutivo. La coyuntura económica les ha permitido volver a enrielar la agenda hacia sus intereses, postergando otros que se expresaron con fuerza en los últimos años y que habían condicionado inicialmente la gestión de Bachelet. Tras la impronta inicial, el empresariado y, en menor grado, la Iglesia, logran pactar con el Ejecutivo aquellos elementos que los afectan en forma particular y también recuperan su influencia sobre la política institucional en general. Esta situación es posible, en gran medida, gracias a la crisis institucional del sistema político formal y la nula reacción de los partidos para revertir esta situación.

4 Estudio Nacional de Opinión Pública (2014, julio). Estudio Nacional de Opinión Pública. No 71. Centro de Estudios Públicos. Recuperado en: http://www.cepchile.cl.

CUADERNOS DE COYUNTURA

No5 · AÑO 2 · OCTUBRE 2014

POLÍTICA Y COYUNTURA

LAS REFORMAS DE BACHELET A LA DERIVA

II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE SU PROPIA CRISIS RESPONDEN CON… ¡NUEVAS ELECCIONES!

No se cumplen ocho meses de Gobierno y los partidos políticos ya renunciaron a jugársela por el programa de Bachelet u oponerse de forma efectiva. Se han concentrado en dirimir los nuevos liderazgos de sus directivas, buscar candidatos para las elecciones municipales de 2016 y potenciar liderazgos para la presidencial de 2017. Así, el problema de legislar queda reducido a la impronta del Ejecutivo, a las iniciativas individuales de parlamentarios y al alegato de las distintas fuerzas sociales que presionan por cambios.

En el caso de los partidos de la derecha, ha sido sintomática su incapacidad para constituirse en oposición efectiva. Ni la UDI ni RN se han repuesto de la derrota electoral 2013 y sus nuevas directivas han sido incapaces de volver a articular al sector. En específico, la nueva ley electoral (que aumenta el número de parlamentarios) ha abierto el apetito de diputados de ambos partidos, además de los recién creados Amplitud y Evópoli, que ven en la reforma una opción de ascender rápidamente a la Cámara Alta. La novedad en el sector es la oposición empujada por el “piñerismo” mediante las apariciones públicas del ex presidente y su círculo de ex ministros que cuestionan las políticas de Bachelet, y las negociaciones específicas entre Amplitud y el Ejecutivo; pero que, justamente, responden al accionar de referentes que no se constituyen aún como partidos.

En tanto, los partidos de la Concertación comienzan a abandonar el programa de Gobierno y preparan los eventuales agrupamientos para enfrentarse en las próximas elecciones municipales y presidenciales. La DC se mantiene como la oposición más combativa a Bachelet y explora marcos de alianza con el ala neoliberal de la Concertación (Fuerza Pública) o con algunos históricos del PS (Escalona). Destaca también la irrupción de Gutenberg Martínez que pone presión a la definición de un candidato presidencial propio. Algunos sectores del PS (Andrade-Solari) y el PPD (Girardi-Quintana) han anticipado una “federación progresista” en que podría caber el PRO y, eventualmente, su candidato presidencial. Sin embargo, la actual presidenta del Senado, Isabel Allende, en las últimas semanas irrumpió con fuerza como presidenciable (tuvo una evaluación positiva de 45% en la CEP) y descartó a Velasco y Enríquez-Ominami como candidatos de la Concertación. En una línea similar reaccionaron en el PPD aquellos que defienden la opción de Tohá, Lagos Weber o Peñailillo. En tanto, el PC, el MAS y la IC articularían una tercera corriente en la que podría tener un espacio Revolución Democrática, pero totalmente condicionados a las negociaciones de las otras fuerzas de la Concertación, a las que les deben sus puestos parlamentarios. En este contexto, los candidatos MEO (PRO) y Velasco (Fuerza Pública) intentan perfilarse como los genuinos herederos de cada una de las “almas” de la Concertación y, con ello, ser ungidos como el relevo de Bachelet.

En suma, los partidos políticos se distancian del curso de los proyectos de ley y del debate público en general, y con ello, se desentienden de la voluntad ciudadana que los ha elegido. Son, más bien, el Ejecutivo y los parlamentarios concertacionistas quiénes están preocupados por empujar los proyectos de Ley. Pero, el peso que tiene la iniciativa presidencial hace que la mayoría de los alegatos de parlamentarios queden reducidos a encendidas declaraciones públicas que finalizan con la aprobación obediente de las propuestas del Ejecutivo. En consecuencia, el juego electoral se transforma en un fin y la promesa de cambio social en un medio para ser reelegido en la futura elección.

En este contexto, vuelve a estallar la conflictiva relación entre los empresarios y la política institucional. Los bullados casos Cascadas y Penta, que son investigados por la Fiscalía Nacional Económica, terminaron abriendo un cuestionamiento general al financiamiento de las campañas políticas. Respecto al primero, la comisión investigadora de la Cámara quedó duramente cuestionada, dado que parlamentarios que la integran podrían haber sido financiados por Ponce Lerou. En tanto, respecto a las empresas Penta, controladas por Carlos Délano y Carlos Lavín, de la millonaria evasión tributaria de las que se les imputa el caso se amplió a un oscuro sistema de financiamiento de las campañas de la UDI, pero cuya amplitud se extendería a figuras concertacionistas. No obstante, más allá de la ilegalidad del hecho concreto, el problema de fondo radica en las consecuencias que tiene para la democracia que la principal fuente de financiamiento de la política provenga de las arcas empresariales. De ahí que reducir el dilema a cómo hacer “más transparente” este vínculo obvia la gravedad del asunto: que el desenvolvimiento de todos los partidos políticos queda condicionado a los dictámenes empresariales.

Son situaciones que, además de empañar la imagen del empresariado criollo y la transparencia de la que supuestamente gozan los mercados nacionales, acrecientan el distanciamiento entre la ciudadanía y los partidos. En consecuencia, no resulta casual que la Concertación y la Alianza no superen una evaluación positiva del 30 y 20% respectivamente, o que los partidos políticos sean las instituciones que menos confianza generan a la ciudadanía (alcanzan apenas el 6%)5. La propia política institucional acrecienta su crisis de legitimidad y, con ello, el peso que alcanzan los liderazgos personalistas y los propios empresarios en la política.

III. AFERRARSE AL PROGRAMA: LA ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA DEL BACHELETISMO PERO TAMBIÉN DE COMUNISTAS Y PROGRESISTAS

Bachelet es la figura que permitió a la Concertación retornar al poder en un contexto de elevada abstención electoral y de crisis de representación de los partidos políticos. Logró movilizar en su campaña anhelos de cambio al modelo neoliberal y, con ello, hacerse cargo momentáneamente del malestar social expresado en las protestas de los años recientes. Inicialmente, consiguió articular bajo un mismo paraguas a fuerzas que van desde empresarios como Luksic y Awad, a los partidos de la Concertación, a ex dirigentes estudiantiles que se movilizaron en 2011, además del Partido Comunista, la IC y el MAS. Su estilo distante de los partidos le permitió mantener niveles de adhesión ciudadana muy superiores al resto de aquellos liderazgos vinculados a los partidos, pero al mismo tiempo, ese rasgo le ha dificultado enormemente a su Gobierno instalarse y, más todavía, llevar adelante su programa. Sin embargo, a diferencia de su primer mandato, en que tras

la Revolución Pingüina tuvo que someterse a la dirigencia histórica de la Concertación, en su segunda estadía en La Moneda el “bacheletismo” busca extender su poder más allá del mandato de su líder.

El fenómeno dejó de ser simplemente una base de apoyo electoral, principalmente de origen popular, que se benefició de las políticas focalizadas del primer mandato de la Presidenta. Ahora se encuentra integrado por ministros y subsecretarios, una red de altos funcionarios de la administración pública que hicieron carrera en el Estado en los noventa, la burocracia clientelizada que orbita alrededor de estas dependencias, líderes históricos de la Concertación que se han distanciado del legado “autocomplaciente” de las gestiones anteriores a Bachelet, cierta intelectualidad progresista, economistas neodesarrollistas y personalidades de la cultura, organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y la democracia, el medio ambiente o que abogan por la igualdad de género, entre otros. Pese a no tener una configuración definida ni liderazgos establecidos se ha constituido en la fuerza que defiende con mayor ímpetu los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.

Los principales objetivos del bacheletismo son: cumplir el programa con independencia, al parecer, de las desnaturalizaciones y dificultades que su implementación puedan significar, y demostrar su capacidad para administrar eficazmente el Estado; imprimirle un sello progresista a su gestión, dentro de los marcos del neoliberalismo, para diferenciarse cultural e ideológicamente de la “Vieja Concertación” y de la impronta de la transición; y, lograr perpetuarse en el poder más allá del mandato de la presidenta Bachelet. Es decir, la realización exitosa del programa, casi con independencia de lo que ello signifique, se transforma en una estrategia de sobrevivencia política.

El principal liderazgo del sector que ha emergido en los primeros meses de gobierno es el ministro del Interior. Peñailillo no sólo ha mostrado eficacia para impulsar la reforma al binominal (más allá de sus efectivos alcances) o para intervenir -en el curso de la reforma educacional- el Mineduc cuando lo estimó necesario. A partir de los bombazos en Santiago, Peñailillo emerge potencialmente como el “hombre del orden interno”, sobre todo si avanza en el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia. Si bien parece apresurado ungirlo como presidenciable, en especial porque Tohá y Lagos Weber se encuentran bien posicionados en la última encuesta CEP, el titular de Interior puede terminar constituyéndose como uno de los articuladores del clientelismo que cohesiona a buena parte del sector. Adicionalmente, Bachelet lo nombró como su representante oficial ante los gremios empresariales –desplazando en este papel al ministro Arenas- y su gestión ha sido destacada positivamente por líderes históricos de la Alianza y de la propia Concertación.

El Partido Comunista también se encuentra atado al éxito del programa de Bachelet. El debilitamiento del eje histórico DC-PS, que le posibilitó acceder a puestos en el Parlamento, sumado a su temprano apoyo a la candidata Bachelet –confirmado para las primarias concertacionistas- le permitió acceder a posiciones en el aparato de Gobierno. Pese a que dirigentes históricos de la Concertación criticaron su ingreso, fruto de la amenaza comunista de mantener “un pie en la calle y otro en el gobierno”, ha resultado ser el partido que defiende de forma más férrea al Ejecutivo.

A nivel político, la dirección del Partido Comunista dice que su participación en el Gobierno hace retroceder el modelo neoliberal y además fortalece la democracia. Es por ello que participó desde un inicio del ensanchamiento de la Concertación. No obstante la retórica, en la práctica el Gobierno no ha empujado medidas en la dirección defendida (de hecho, en algunos casos el neoliberalismo se ha reforzado) y la participación de los comunistas en la Subsecretaría de Previsión Social ha legitimado el sistema de previsión vigente mediante la creación de una AFP estatal que operará en condiciones similares a las de propiedad privada.

La lealtad del Partido Comunista a Bachelet también se ha expresado en lo social. Ha intentado contener la movilización estudiantil de secundarios y universitarios, o en su defecto, ha tratado que las protestas sean en apoyo a las reformas propuestas por el Mineduc. Además, intentó sumar el respaldo del Colegio de Profesores a los proyectos de ley en educación -gestión que fracasó producto de la protesta interna de los profesores-; y, situó a la CUT en una posición de colaboración con la Agenda Laboral del Ejecutivo, pese a que esta se comienza a posponer producto de la desaceleración económica.

En suma, la realización del programa de “corrección neoliberal” se transforma en la única forma de proyectar a la burocracia parlamentaria y gubernamental del PC en el tiempo. En consecuencia, uno de los principales referente históricos de la izquierda política termina por renunciar explícitamente a las banderas de la transformación social y, con ello, a su razón de ser como proyecto histórico. De ahí en más, en la disputa por su conducción terminan ganando terreno proyectos subpartidarios que distribuyen empleos y asesorías en el Estado.

El progresismo situado fuera de la Concertación ha virado de un discurso crítico a una posición de apoyo a los proyectos de ley de Bachelet. Sin desconocer su distanciamiento con el legado neoliberal de las gestiones anteriores, Carlos Ominami y el propio MEO empujan activamente un acercamiento al bacheletismo y a líderes de todos los partidos que defienden ideas consideradas progresistas. En específico, se ha especulado con la posibilidad de que MEO sea el candidato presidencial del progresismo de la Concertación (Solari dentro del PS ha empujado esa opción) y que participe de las primarias del conglomerado.

Esta opción, al parecer única fórmula viable que consideran los Ominami para acceder a La Moneda, depende en buena medida del éxito del programa de Bachelet. O que al menos una parte de éste se realice. Esto fortalecería la línea del PRO y las opciones del propio MEO, que reclaman que buena parte de las reformas emblemáticas de la Presidenta son sus propuestas de campaña, y que afirman que para completar el programa de transformaciones es necesario que su fuerza política ingrese a la Concertación. Así, se acabaría con el veto impuesto por los “autocomplacientes”. En caso de pesar otras agendas y fuerzas políticas en la órbita bacheletista es probable que Enríquez-Ominami deba enfrentar por tercera vez consecutiva la contienda presidencial por fuera de la Concertación.

IV. LA BATALLA POR DESMERCANTILIZAR LA EDUCACIÓN

La reforma educacional sigue en el centro del debate nacional, pero la incapacidad demostrada por el Gobierno para impulsarla no sólo ha afectado considerablemente sus niveles de apoyo; también ha puesto en duda la existencia misma de una reforma. Comenzar con proyectos dirigidos a regular a los privados antes que a fortalecer la orientación pública del sistema educacional, sumado al errático manejo del Mineduc, ha contribuido a la resistencia y organización de padres y apoderados, quienes legítimamente perciben que se desmonta el sistema particular subvencionado sin que se ofrezca una alternativa pública. La derecha, en tanto, ha intentado encabezar oportunistamente ese descontento, que si bien existe, ha sido amplificado gracias a los errores del Gobierno. También, grupos fácticos han tratado de sepultar la discusión educacional, desplazándolas a los temas de desaceleración económica y seguridad ciudadana.

Por su lado, el progresismo de la Concertación apunta los dardos contra la derecha, a quienes acusan de obstruir la reforma. En paralelo, operan para contener en la Confech, en las organizaciones de estudiantes secundarios y en el Colegio de Profesores, algo que ya parece inevitable: el amplio rechazo que existe al diseño de la reforma educacional. La operación de RD, las JJCC y el PPD liderada por Peñailillo logró retrasar la inminente bajada de la Confech del Plan de Participación Ciudadana tan solo una semana. A su vez, a contrapelo de la dirección del PC, las bases del Colegio de Profesores rechazaron inicialmente la propuesta de agenda corta. En consecuencia, el progresismo pese a sus promesas no logra seducir ni controlar por la vía burocrática a las fuerzas sociales que abogan por cambios profundos en educación.

Desde la otra vereda, el movimiento estudiantil (catalogado como la “ultra”), rectores y representantes de la intelectualidad siguen impulsando la necesidad de que el Gobierno se abra a una reforma educacional que incluya lo intereses de las fuerzas sociales hasta ahora excluidas. Destaca la iniciativa de la FECH, organización que ha trabajado en una serie de indicaciones a los proyectos en la materia. En esa línea también apunta la iniciativa Compromiso por una Nueva Educación, instancia convocada por Fundación Nodo XXI, que aboga por una reforma que coloque en el centro a la educación pública como resultado de un acuerdo social amplio. El rechazo del Gobierno a las indicaciones realizadas por la FECH son una clara muestra de cómo se intenta impulsar una reforma sin considerar a las fuerzas sociales involucrada. Esta exclusión ha forzado a los defensores de la educación pública a continuar reclamando desde fuera del sistema político por la desmercantilazación de los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

En este escenario, al Gobierno se le plantea una encrucijada: o sigue aggiornando las exiguas reformas presentadas o se abre a un pacto social amplio en educación. Hasta el momento, el bacheletismo opta por defender a toda costa sus proyectos de ley, sin abrirse a dialogar con los actores educacionales comprometidos con el fortalecimiento de la educación pública como derecho social. La estructura del recién enviado proyecto de presupuesto 2015 demuestra que en líneas gruesas el modelo educacional se mantendrá. En consecuencia, el escenario más probable es que la “batalla por desmercantilizar” la educación se prolongue en el tiempo y la protesta social se reanude con más fuerza.

_LAS OTRAS LUCHAS SOCIALES

En los últimos años han estallado conflictos que no pueden ser reducidos al malestar que se movilizó tras la lucha educacional. En efecto, los movimientos medioambientales, regionalistas, en defensa de la diversidad y el fortalecimiento de los derechos reproductivos de la mujer, también se han tomado la calle. A pesar de lo heterogéneo de sus demandas, todos se han enfrentado a una política cerrada que no tiene oídos para atender intereses distintos al empresarial. El retorno de la Concertación al gobierno no alteró lo anterior, de hecho ha profundizado su cooptación sobre las direcciones de varios de estos movimientos. En efecto, se promovieron candidaturas parlamentarias de dirigentes regionales como la de Iván Fuentes, se incorporó a organizaciones feministas al equipo de Sernam y se incluyeron en el programa medidas como el AVP o el aborto terapéutico. El desfile de organizaciones sociales en reuniones con ministros, cabildos ciudadanos y espacios de diálogo no vinculantes se ha vuelto una práctica recurrente para la actual administración. No obstante aquello, la movilización de estos grupos ha disminuido sin que sus demandas estén cerca de concretarse.

En el ámbito de las luchas socioambientales las promesas electorales de defensa del medio ambiente conviven con una Agenda Energética nítidamente pro empresarial que, al no cuestionar la matriz extractiva, acentuará los perjuicios sobre el medio ambiente y las comunidades implicadas. En el ámbito de la salud, la movilización en el Hospital Salvador es otro ejemplo de este doble discurso. A pesar de que la presidenta había prometido que en su gobierno no se avanzaría en la política de concesiones de hospitales públicos, el Minsal no quiso detener la concesión del nuevo edificio y de la posterior administración de los servicios allí prestados. Sólo la movilización de los funcionarios permitió que esa concesión fuese reducida a la construcción del recinto y se excluyera esta modalidad para la administración de los servicios.

De esta manera la Concertación no sólo busca cooptar a representantes de estas luchas sociales, sino también -tras la imposibilidad de controla a las fuerzas estudiantiles- intenta trazar una línea entre el movimiento social “realista” y “dialogante” y otro “maximalista” y “radicalizado”. Se argumenta que el primero permitiría avanzar en la implementación de las reformas demandadas por la calle, en cambio el segundo sería funcional al juego de la derecha y a los grupos conservadores. Pero, en la medida que la Concertación apuesta exclusivamente a administrarlos clientelarmente y no pretende proyectar estas luchas sociales en el campo de la política se va configurando un escenario de disputa sobre la dirección de estos procesos.

En esa línea destacan organizaciones que denuncian el fichaje de rostros medioambientales de parte de consorcios multinacionales dedicados a la actividad extractiva, los movimientos regionales que proyectan sus disputas contra el centralismo exacerbado o agrupaciones que promueven una agenda por la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad más allá de la agenda liberal. Sin embargo, todavía siguen primando las lógicas clientelares y formas de organización que dependen excesivamente de las modalidades de poder vigentes.

V. LA URGENCIA DE CONSTRUIR UNA FUERZA POLÍTICA TRANSFORMADORA

La crisis de los partidos políticos y el avance de la agenda empresarial reducen al extremo los límites de la estrecha democracia de la transición. Los partidos políticos, ajenos a toda preocupación por impulsar reformas, no sólo renuncian a representar intereses sociales subalternos; en la actual coyuntura tampoco resultan eficaces para viabilizar los del gran empresariado. Es por ello que este último refuerza la presión directa sobre la Ejecutivo que, a su vez, ignora las demandas del resto de las fuerzas sociales que, pese a todos sus esfuerzos, no pueden (o son incapaces de) hacer presente sus intereses en la política.

En el actual escenario el fantasma de la desaceleración, los escándalos empresariales y los sucesivos bombazos han dado un vuelco a la agenda pública. De momento, el crecimiento económico vuelve a ser la preocupación fundamental de Bachelet y la discusión presupuestaria se concentra en medidas contra cíclicas que le permitan al país superar el turbulento escenario internacional. De reformas sustantivas se habla más bien poco, y los llamados de la clase política son a la responsabilidad y a la unidad nacional. En ese contexto, la posibilidad que se impulsen reformas anti subsidiarias en el actual periodo presidencial se estrecha. Las fuerzas estudiantiles y otros actores educacionales parecen ser los únicos interesados en que esto ocurra, pero tienen enormes dificultades para participar e incidir en el curso de proyectos de ley que los reclama como autores intelectuales. En tanto, otras fuerzas subalternas han intentado incidir, sin éxito, en la Agenda Energética, sin embargo la orientación de esta cartera está orientada exclusivamente a construir un diálogo con los empresarios.

La situación parece indicar que la protesta social, la voluntad de participación en espacios de diálogo y la capacidad de producir propuestas no son suficientes para dar inicio a un cambio de rumbo sustantivo. Tampoco colmar cada cierto tiempo las “grandes alamedas”. Para la realización de los intereses de las fuerzas sociales subalternas parece ineludible afrontar el dilema de la articulación de una fuerza política cuyo horizonte no se limite a corregir los excesos del modelo neoliberal. Ni la democratización política ni la democratización social de la sociedad son posibles dentro de sus lógicas. En consecuencia resulta fundamental que dicha fuerza, en una perspectiva de largo plazo, vuelva a plantearse al mismo tiempo el problema de la emergencia política y de la transformación social. Allí anidad las esperanzas de cambio sustantivo.

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