Murió Aylwin, el hombre que consagró la impunidad

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Acaba de morir a los 97 años Patricio Aylwin. Todos los sectores políticos lo lloran y rinden homenaje. Lo cierto es que fue clave para consagrar la impunidad y continuidad de la herencia de la Dictadura.

Los programas de televisión, las radios y periódicos se llenarán de homenajes a la historia de Aylwin, como el hombre que garantizó una transición ordenada y pacífica, que abrió la puerta a la vuelta a la democracia, entre otros motes.

Lo cierto es que el gobierno de Aylwin fue uno de los que apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Dictadura de la que se fue distanciando progresivamente para pasar a la oposición.

Impunidad e informe Rettig

Durante el gobierno de Aylwin se consagró la impunidad a los violadores de los Derechos Humanos, bajo su política de “justicia en la medida de lo posible”. Esta “medida de lo posible” permitió la aplicación de la Ley de Amnistía y escasos avances en la investigación.

El discurso de la Concertación de Partidos por la Democracia es que se trataba de una democracia imperfecta, que estaba “amarrada” por las leyes que dejó la Dictadura. Sin embargo, la propia Concertación se encargó de mantener gran parte de esas leyes, como también el modelo económico y social del neoliberalismo, que incluso se perfeccionó durante los gobiernos concertacionistas.

De esta manera, la salud, la educación, las pensiones, entre otros derechos básicos, continuaron siendo un negocio; los trabajadores vieron con impotencia como se mantenía el Código Laboral de la Dictadura, al igual que la Constitución del 80’, las leyes de Amnistía, antiterroristas, etc.

Aylwin creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, en la que se culpaba al contexto de polarización durante la Unidad Popular como responsable del Golpe, mientras que se proponía solo avanzar en la reconciliación y reparación, pero no en el castigo y cárcel a los genocidas.

El 18 de abril de 1991 se crea el “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, conocido como la “Oficina”, que se encargó de desarmar y perseguir a las organizaciones de izquierda armadas que se mantenían funcionando, como el MAPU Lautaro, sectores del MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, usando muchos métodos que venían de la Dictadura, como la infiltración, el soplonaje o la extorsión.

El gobierno de Aylwin inauguró así la transición pactada y los gobiernos concertacionistas, los que durante veinte años se transformaron en los mejores administradores de la herencia de Pinochet.

Hace 26 años asumía Aylwin consolidando la herencia de la dictadura

Natalia Cruces

El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos del dictador Augusto Pinochet. En ese acto se simbolizaría el significado de la transición pactada: la convivencia entre la Concertación, los militares y la derecha, para la mantención del modelo económico, político y social implementado bajo la Dictadura Cívico-Militar.

arton36979-19bf0Después de 17 años de violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, donde se quitó gran parte de los derechos conquistados a lo largo del siglo XX como la salud o la educación; se transformó las condiciones de trabajo contra los trabajadores imponiendo la precarización laboral, la subcontratación, la atomización de los sindicatos, la Concertación de Partidos por la Democracia negoció una transición que se basó en la lógica de la reconciliación y la continuidad.

Mientras los políticos de la Concertación celebraban en el Congreso, en las calles miles de personas se manifestaban contra la Dictadura y Pinochet, terminando con una fuerte represión durante la tarde de ese día y en la noche, principalmente en las calles céntricas y en muchas poblaciones.

Pinochet se mantuvo en el poder al frente de las Fuerzas Armadas, para luego ser Senador Designado. Durante el gobierno de Aylwin realizó un ejercicio de enlace (19 de noviembre de 1990) y el boinazo (28 de mayo de 1993), para presionar contra la investigación que se estaba llevando adelante en el llamado caso “pinocheques”, y por los cambios en la Ley de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que la Concertación garantizó la impunidad para los militares y sus colaboradores, responsables de las violaciones a los derechos humanos. El Informe Rettig impuso la tesis de la reconciliación nacional y de la crítica a la polarización y la “lucha de clases”, instalando la idea de buscar la unidad nacional y dar vuelta la hoja. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tendría como objetivo la búsqueda de la verdad con el fin de la reconciliación; esto facilitaría las medidas de reparación y la posibilidad de la justicia, aunque esta última quedaba como una posibilidad lejana.

En esta comisión participaron diferentes personalidades, como el historiador Gonzalo Vial, férreo defensor de la Dictadura Militar. Su objetivo era conocer el destino de los “detenidos desaparecidos, ejecutados, y secuestros y atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos” ; dejando fuera a los que sufrieron tortura, relegamiento, expulsión del trabajo o el país. A pesar de lo limitado del informe, el sólo anuncio de Aylwin despertó la ira de los militares y sectores de la derecha que salieron a atacar la constitución de la Comisión, a defender la Ley de Amnistía y la obra de la Dictadura.

Por otro lado, se trataba de construir una suerte de “teoría de los dos demonios” o del enfrentamiento entre los dos bandos; para justificar y legitimar el Golpe de Estado, atribuyendo la culpa a las “divisiones” del pasado, al antagonismo social, la intransigencia de los partidos políticos y argumentos similares. Había que reescribir la historia para impedir que se cuestionara el nuevo orden político, económico y social, acusando a las divisiones del pasado y el enfrentamiento de ser responsables del golpe.

De esta manera, la Concertación consolidó la impunidad, en lugar de la verdad y la justicia. No podía ser de otro modo, si habían aceptado la institucionalidad que la dictadura había construido, con un régimen democrático autoritario, que buscaba preservar los fundamentos del modelo económico y social neoliberal.

Si bien el triunfo de Aylwin generó ciertas expectativas en amplios sectores de la población, rápidamente se mostró que la Concertación no traía ninguna “alegría” y que el sistema económico y social se mantenía tal cual, junto a la falta de justicia, el abuso empresarial y otros temas. Tanto el gobierno de Aylwin como los posteriores gobiernos concertacionistas se sostuvieron en la institucionalidad impuesta por la Dictadura: Constitución del 80, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, leyes de amarre, Ley de Amnistía, entre otras.

Así, la transición a la democracia se fundó en la continuidad e incluso profundización en gran parte del modelo implementado en Dictadura, y en la lógica del pacto social y el consenso. Las grandes demandas sociales quedaron olvidadas, entre ellas las de la clase trabajadora, cuando se mantuvo el Código Laboral que se impuso en 1979 con sangre y fuego, de la mano del entonces Ministro de Trabajo, José Piñera.

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