Abogado Programa de DD.HH.: Cerraremos la Transición cuando nos demos una nueva Constitución

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Andrés Ojeda | Domingo 26 de julio 2015 18:20 hrs.

Radio Universidad de Chile

Novecientas treinta causas pendientes sólo en el caso de ejecutados políticos y de desaparecidos existen pendientes dentro de Programa de Derechos Humanos. Cerca de mil 400 víctimas y sus familias esperan por una justicia que ha demorado cuatro décadas. Una preocupación que el jefe del área jurídica del Programa, Rodrigo Lledó, conoce bien debido a las reuniones que sostiene diariamente con los ministros en visita que llevan adelante los procesos y las agrupaciones de familiares.


Lledó-678x330Rodrigo Lledó, jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organiza los pasos a seguir y ve los avances, retrocesos y dificultades en los procesos judiciales, agenda reuniones y piensa cómo lograr una justicia que vaya más
allá de la frase “en la medida de lo posible”

Los nuevos antecedentes en el caso del asesinato de Rodrigo Rojas De Negri y de la brutal agresión a Carmen Gloria Quintana luego de 29 años de diligencias y sus nuevos procesamientos, es algo esperanzador para el programa, así como también la acusación a diez militares por el caso del profesor de la Universidad de Chile y cantautor nacional Víctor Jara. Sin embargo es crítico, sabe que todavía no es suficiente y tal vez nunca lo sea.

Lledó reconoce que el programa necesita apoyo, son pocos abogados, pero compensan el trabajo con sacrificio porque tienen que conjugar el avance en las investigaciones antes de que los implicados fallezcan y también los familiares de las víctimas, con hacerle frente a las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios porque muchos condenados están llegando a la mitad de su pena.

¿Por qué la justicia ha tardado tanto en llegar en los casos de Derechos Humanos?

Recordemos que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército durante ocho años más, y después de eso se mantuvo durante otro tiempo más como Senador Vitalicio hasta que fue detenido en Londres, de manera que entre 1990 y 1998 poco o muy poco se pudo avanzar sobre esta temática. También es verdad que el Programa de Derechos Humanos se crea en el año 1997, recién. O sea que entre el 90 y el 97 solamente es tiempo perdido para justicia, para las causas de Derechos Humanos y a partir de allí se avanza con dificultades, con mucho temor. Si usted mira los estatutos originales del Programa de Derechos Humanos se señala que nuestra competencia consiste en brindar asesoría jurídica y social a los familiares, pero que también tenemos que trabajar con la máxima reserva respecto de estos casos. Eso habla del temor que en ese momento existía, de las dificultades en hacer justicia. Se hablaba de justicia en la medida de lo posible o justicia para algunos casos emblemáticos y para otros no. Se pensaba que con el caso Letelier ya estábamos listos, que era como la gran excepción que se iba a hacer porque el delito se había cometido en Estados Unidos y no existía realmente una voluntad o existía mucho temor para hacer justicia en estos casos.

¿En esta etapa es más factible que se avance y se cierre la transición?

Cerraremos esta transición cuando seamos capaces de darnos una nueva Constitución que sea completamente democrática. En el último tiempo, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha avanzado bastante más y eso obedece a que las mismas agrupaciones de familiares, de víctimas de la dictadura, de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han puesto el acento en la necesidad de avanzar lo más posible porque se está dando este fenómeno que ellos han llamado “impunidad biológica”, porque están muriendo los imputados, están muy mayores, algunos han caído en demencia senil, también están muriendo los familiares, muchas esposas de víctimas de la dictadura han fallecido sin que se haya hecho justicia respecto de sus esposos. Entonces tenemos el deber como Estado de apurarnos lo más posible y de hacer justicia lo más posible.

El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, está empeñado en esa misma convicción, nosotros hemos hecho esfuerzos por ponernos a la altura de eso, hemos hecho un esfuerzo por también incrementar un poquito la planta y contratar un par de abogados más para poder atender esta demanda de una justicia rápida y en todos los casos que sea posible.

Sin embargo, aquellos condenados por estos crímenes están solicitando beneficios carcelarios, como disminución de penas o libertad condicional ¿cuál es la función del programa en este sentido?

Hace poco el programa de Derechos Humanos solamente se dedicaba a llevar adelante los juicios, a colaborar con la justicia y a instar porque hayan condenas proporcionales a la gravedad del daño cometido. Ahora esto es nuevo, hay varias causas en donde los sujetos que han sido condenados hace mucho tiempo ya, la operación Albania es una de estas, el caso Degollados es otro y bueno tenemos que ocuparnos de estos beneficios que están pidiendo. Hemos establecido una coordinación con Gendarmería para poder enterarnos, porque antes no nos estábamos enterando de la solicitud de beneficios para efectivamente oponernos y porqué nos queremos oponer a la concesión de beneficios y de libertad condicional, porque entendemos que estos no son delitos comunes y esos beneficios están pensados para delincuentes comunes que cometen delitos comunes, como robo o algún otro. Están pensados, si usted se fija, en algunos de los requisitos que se señalan allí son aprender a leer y escribir, a tener un oficio, asistir a talleres, ese tipo de cosas está pensada para delitos comunes y este decreto ley 321 es de 1925 y está firmado por la junta militar, es una junta militar de 1925 anterior al gobierno de Arturo Alessandri Palma, anterior a ese gobierno incluso. O sea que es una normativa que no solamente no hace la diferencia en lo que es un delito común y un crimen contra la humanidad sino que también está muy desfasada en el tiempo. Lo que tenemos que hacer hoy día es poner al día esta legislación, actualizarla al siglo XXI y efectivamente hacer la distinción entre lo que es un delito común y lo que es un crimen contra la humanidad”.

¿Pero entonces estos criminales no podrían acceder a beneficios o existe alguna reglamentación que se los otorgue?

Esto está señalado en el artículo 110 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Estatuto del cual Chile es parte y señala allí que una posible reducción de condena tiene que evaluarse cuando se han cumplido dos tercios de la pena y si se trata de presidio perpetuo, por lo menos 25 años. Allí los requisitos no es solamente el cumplimiento del tiempo sino que son bastante estrictos: tiene que el condenado haber colaborado desde el inicio activamente con las investigaciones de la Corte. Otra hipótesis es que se haya facilitado también todas las actividades de la Corte para reparar a las víctimas. De manera que no solo en el caso de los Degollados, ya que usted lo menciona, no concurren estos requisitos sino que tampoco ni siquiera tienen todavía ellos conciencia de la gravedad del daño cometido. Ellos simplemente estiman que han cumplido órdenes y que le han hecho un servicio a la patria, todavía, entonces el estándar internacional exige que los sujetos no solamente hayan adquirido conciencia de la gravedad del daño cometido, sino que esta conciencia se haya traducido en hechos concretos, que colaboren con las investigaciones, que reparen a las víctimas”.

El ministro en visita Miguel Vaquez acusó a diez militares por el homicidio de Víctor Jara ¿qué expectativas tiene el Programa?

La expectativa de lograr justicia siempre está, la esperanza nunca la perdemos. Efectivamente a lo que aspiramos nosotros es a que hayan condenados. Hay mucha gente que estuvo en el estadio Chile, hoy día estadio Víctor Jara, son muchas las personas que son responsables de lo que allí ocurrió. Hay un tema pendiente todavía respecto de la extradición de (Pedro) Barrientos que está en Estados Unidos, de manera que si bien aspiramos a que haya condena de muchos de los responsables, no van a estar todos y va a quedar una arista pendiente y lamentablemente, en este caso como en otros, se obtiene una justicia tardía, de alguna manera se obtiene algo de justicia y eso alivia un poco a la familia, se obtiene una verdad, lamentablemente parcial.

Todavía no sabemos en muchos casos donde están los detenidos desaparecidos, que pasó exactamente con ellos de manera que si por un lado, satisfechos porque uno ve que el trabajo de tantos años, de tantos profesionales da frutos, pero por otro lado una pena negra porque esos frutos no son todo lo que nosotros quisiéramos.

¿Sería más fácil si se terminara con el “pacto de silencio”?

Ellos están colaborando (las Fuerzas Armadas), están entregando información respecto de consejos de guerra, han entregado información en su momento respecto de listados de agentes de la DINA, de la CNI que han servido para muchas causas, no solamente para una causa en concreto. Lamentablemente, quienes tienen la información de primera mano, hoy día, son precisamente los condenados y ellos no han querido hablar. O sea, si la gente que está en Punta Peuco hoy día dijera todo lo que sabe, este tema sería mucho mejor para nosotros, podríamos avanzar mucho más en verdad, pero desgraciadamente hay gente que está cerrada a colaborar. El día miércoles celebrábamos un poco la valentía de un conscripto que rompió un pacto de silencio.

En mayo se procesó a 18 ex uniformados por el asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Miguel Woodward en el Buque Escuela Esmeralda. Son tres de sus ex altos mandos los que se encuentran en prisión preventiva efectiva esperando la resolución final de los tribunales. ¿En qué está la investigación ahora?

El caso Woodward se investigó durante muchos años, es una causa muy antigua muy voluminosa también y llegó a la Corte Suprema y allí se ratificaron las condenas, pero de muy pocos agentes y en realidad estos agentes tenían un mando bastante menor. Estamos hablando de suboficiales, estamos hablando de ejecutores directos y no de los responsables en la planificación de este crimen. Entonces es la Corte Suprema respondiendo a una petición del Programa en la cual se le señaló a la Corte Suprema, oiga, mire aquí hay más responsables de los que han sido condenados, tenemos que reabrir esta investigación para dar cuenta de la oficialidad, de los oficiales de la Marina que intervinieron en esto, no probablemente apretando el gatillo, no como ejecutor directo, pero sí tomando las decisiones respectivas de terminar con la vida del señor Woodward. Entonces la Corte Suprema dijo, no me corresponde a mí pronunciarme sobre esto, que de esto se pronuncie el ministro en visita, el ministro instructor. El ministro instructor se pronunció y procesó a una serie de altos oficiales. Allí hubo una apelación por parte de la defensa y alguna modificación hubo en estos procesamientos. Nosotros interpusimos un recurso de queja en su momento ante también la Corte Suprema por haber dejado sin efecto algunos de estos procesamientos, lamentablemente no nos fue bien en ese recurso de queja, pero, de momento, sí hay una serie de oficiales que están procesados, no todos los que nosotros hubiéramos querido, pero sí hay oficiales procesados y esperemos que la causa continúe adelante, porque no solamente es responsable el ejecutor directo, sino sobre todo, el oficial que está a cargo del operativo.

Existen temas actuales en materia Derechos Humanos como pueblos originarios, manifestaciones de diverso tipo ¿cómo debería verse este tema? ¿Se debería ver en separado o el Programa debiera analizar toda la temática de Derechos Humanos, una vez que esté constituido la subsecretaría que dependerá del Ministerio de Justicia?

“Lo que yo no veo posible sería que un abogado de Derechos Humanos en la mañana se ocupara de un recurso de protección, por alguna situación, de alguna protesta y en la tarde se preocupara de alguna acusación en contra de Manuel Contreras por Villa Grimaldi. Yo entiendo que tiene que ser experticias distintas y que, de alguna manera, hay que preservar toda la experticia que el Programa de Derechos Humanos ha adquirido a lo largo de todos estos años”.


CHILE: La justicia carga herencia de la dictadura
Por Pamela Sepúlveda

Imágen a personas que protestan

Imágen a personas que protestan

SANTIAGO, 24 may (IPS) – “Lo que se hace en Chile no es justicia sino que es una pantomima, porque con la Ley Antiterrorista no hay posibilidad alguna de alcanzarla”, afirmó en su visita al país José Venturelli, portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-SE).

La norma a la que se refiere Venturelli fue la aplicada originalmente a los cuatro comuneros mapuches presos en una cárcel del sur, que este martes cumplen 70 días de huelga de hambre en reclamo de un juicio justo.

Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, sentenciados a 20 años de prisión, y Héctor Llaitul, a 25 años, finalmente fueron enjuiciados por homicidio frustrado y robo de madera por una norma común. Pero se usó para ello la investigación que se había realizado en el marco de la Ley Antiterrorista.

Otros 10 detenidos por el llamado “caso bombas” también llevaron adelante 65 días de ayuno este año para denunciar supuestos montajes con el fin de inculparlos por esta ley heredada de la dictadura (1973-1990), cuestionada también por aplicarse a menores de 18 años.

A pesar de que fue modificada varias veces, sus críticos sostienen que aún conserva su espíritu represivo. “Se actualiza en términos que pareciera que la función represiva del Estado debe tener, además del derecho penal normal, un recurso ultra intenso indispensable”, dijo a IPS el abogado Julio Cortés.

Tal como está planteada, se viola el derecho a la presunción de inocencia y, por tal, no permite un juicio justo, según juristas. También permite aumentar la prisión preventiva, investigaciones judiciales secretas y limitar derechos de acusados, además de aplicar penas desproporcionales, pudiendo incluso doblarlas en comparación a un mismo delito juzgado por leyes comunes.

En un informe emitido el año pasado sobre Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que en la norma no hay una definición adecuada del delito de terrorismo sino que la deja a la discrecionalidad del juez o tribunal quién la aplica.

El presidente de Chile, el derechista Sebastián Piñera, admitió que la ley tiene imperfecciones, pero ha defendido su existencia.

Es necesario “adecuar nuestra legislación antiterrorista a los estándares propios de las democracias desarrolladas, pero sin que ello nos signifique bajar la guardia frente a este flagelo cruel y despiadado, que representa en sí mismo una violación grave a los derechos fundamentales”, señaló Piñera el sábado 21 en su cuenta anual al parlamento.

“Es verdad que después de 2001 (atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos) hay un aumento de las facultades para combatir el terrorismo a nivel global (…), pero en el caso de la ley chilena “permite tratar como delitos terroristas los perpetrados contra la propiedad, y eso es desproporcional”, enfatizó Cortés.

Otra crítica de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos es el uso de la declaración protegida o “sin rostro”, cuya eliminación fue planteada por los diputados de los partidos Socialista y Comunista e independientes que hicieron un nuevo intento por modificar esta norma.

“La posibilidad de recabar pruebas a través de testigos y peritos protegidos, lo que a su turno admite que se les otorgue un contraprestación económica”, desnaturaliza la esencia de las pruebas y la imparcialidad, fomentando la delación “a cambio de dinero y la fabricación arbitraria de pruebas”, argumenta la iniciativa parlamentaria presentada en abril.

Arma contra la protesta mapuche

Los mapuches representan 83 por ciento del casi millón de indígenas existentes en Chile. En la actualidad hay 49 de ellos imputados o cumpliendo condena por delitos investigaos en el marco de Ley Antiterrorista.
Por posibles irregularidades en el procesamiento, infracción de derechos y garantías constitucionales, los cuatro huelguistas interpusieron un recurso de nulidad del juicio ante la Corte Suprema, cuyo fallo será anunciado en junio. Mientras, la ministra Ena Von Baer llamó a los comuneros a deponer su ayuno.

“Aquí hubo una decisión de los tribunales de justicia, autónoma, y al gobierno no le compete comentar las decisiones de los tribunales de justicia”, argumentó la portavoz de Piñera.

Diversas organizaciones mapuche y de derechos humanos han sostenido que las detenciones a comuneros hay que contextualizarlas en la lucha por la recuperación de su territorio ancestral, lo cual no constituye una asociación ilícita terrorista.

Desde 2008, esta cuestionada ley ha sido aplicada a cinco mapuche menores de 18 años. “Por supuesto que la gravedad es mayor cuando se pasa por encima de una serie de convenciones firmadas y ratificadas por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño”, señaló a IPS el director de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), José Horacio Wood.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es la que correspondería aplicar a personas menores de 18 años en Chile.

La misma incoherencia en la investigación y los excesivos períodos de privación de libertad rechazados por los mapuche, son los denunciados por los detenidos en el llamado caso bombas.

“Lo que pasó con los mapuche fue más bien el laboratorio de cómo aplicar esta ley en democracia”, analizó Cortés, abogado defensor en esta causa.

Se trata de 14 imputados por supuestos delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de 29 artefactos explosivos. Diez de ellos sostuvieron una huelga de hambre de 65 días, entre febrero y abril.
“Los ‘caso bombas’ hoy día parecen ser, más bien, los ‘caso de tongo’, los ‘caso de los montajes’, porque resulta que no hay ningún elemento que hoy se quiera aceptar”, expresó Venturelli, luego de que más de 2.500 pruebas presentadas por la fiscalía fueran desestimadas en la preparación del juicio oral.

Entre las pruebas de los delitos que fueron desechadas aparecían libros sobre anarquismo, extintores, bicicletas, impresoras y ejemplares de periódicos.

Las voces críticas a la Ley Antiterrorista la enfocan como un peligroso instrumento represivo hacia la movilización y disidencia política, sobre todo mientras persista como cuerpo legal que anula la posibilidad y derecho a la legítima defensa.

“Mediante la Ley Antiterrorista han sido capaces de poder mantener una presión sobre cualquier tipo de protesta (…). De hecho, legalmente lo que han desarrollado es lo que se llama el derecho penal del enemigo”, concluyó Venturelli al apuntar la incoherencia de la norma con el sistema democrático.(FIN/2011)

Pamela Sepúlveda Rosales
Periodista
(056-9) 9-848 4658
skype: pamelasep
twitter: pame_sepulveda
youtube: pamelasero

José Venturelli dice:

Martes 24 Mayo en 20:30 pm

“Sin defensa no hay justicia” es el lema de la defensoría nacional. Esto está en la Constitución de Pinochet. Esta actitud de sentarse en su propia constitución demuestra que el estao, el gobierno y el Ministerio Público forman un grupo represo muy efricinete. Violan los principios centrales de cualquier democracia que se precie de serlo en lo que se refiere al derecho a manifestarse, expresarse.

El gobierno, al pretender que ya cumplió todo, como lo dicen el Ministro del Interior, la virulenta Subsecretaria de Gobierno y el propio y escabullidizo Presidente, muestra su absoluto respeto por la Justicia.
El aumento de la represión y aplicación de la Ley Anti-Terrorista son prueba de que el único camino, y eso es a largo plazo, es llegar a una Asamblea Constituyente (y no a una “nueva reforma constitucional del estilo Lagos” que no sirvió sino para aumentar la represión. Pero de respeto al pueblo mapuche, por mucho que el Ministro Mañalich diga pomposamente “los hermanos mapuche” después de despreciarlos por 70 días, no hay nada. Ni una pizca de respeto.
El que en Chile se violen todos los derechos habidos y por haber del pueblo mapuche y de todos los que defiendan sus derechos e ideas, indica que solo las luchas por los derechos fundamentales, que sí están en la “Carta fundamental de Naciones Unidas”, permitirán avanzar hacia la democratización.

(Comentario en Diario Electrónico de la Radio Universidad de Chile)

Sin defensa no hay justicia

Exija Justicia, hable con sus gobiernos, denuncie esta inmoralidad.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura CECT-SE

Comisión Ética Contra la Tortura – CECT
Huelén 164, 1er piso.
Providencia
Santiago, Chile

www.contralatortura.cl


Expresos Politicos y sobrevivientes rinden homenaje a asesinados y desaparecidos en Dictadura en Curacavi.

Despues de mas de 30 años acompañados de familiares y de Exprisioneros Politicos sobrevivientes y Organizaciones de Derechos Humanos y representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ,se inaguro el memorial que recuerda a los martires y luchadores Sociales de Curacavi asesinados durante la Dictadura y otros echos desaparecer.

La historia de estos macabros echos se remontan en Curacavi y en la ex comisaria que fue recuperada y transformada hoy en un solemne lugar de Refleccion y Memoria ,pues hoy aun estan los calabozos donde muchos trabajadores estuvieron presos y detenidos en contra de sus voluntades,pues aun tambien se conserva el lugar donde se aplicaron las torturas y la celda donde fueron traidos los cuerpos de los Presos Politicos Ejecutados en la Cuesta Barriga en el año 1973.

Por otro lado cabe destacar que muchos Campesinos,Trabajadores y Militantes que conformaron los Partidos de la Unidad Popular fueron detenidos en Curacavi luego del Cruel Golpe de Estado y la Instalacion de la Dictadura Militar en el Poder,y el fiel testimonio y reflejo es que les tomaron una foto a un Grupo de ellos donde la mayoria de ellos estan descalzos , para luego llevarse a 7 del grupo de Prisioneros de ellos quienes fueron sacados en forma engañosa ,con la mentira que los llevarian al Estadio Nacional.Pero al llegar a Cuesta Barriga ,los bajaron para matarlos y donde solo 2 de ellos escaparon con vida y despues de varios años uno de ellos regreso,para enterarse y le dijeron que no tenia nada pendiente ,previamente lo citaron a la misma Comisaria y se presento para nunca mas volver y desaparecio,y hasta los dias de hoy sus familiares no han podido encontrarlo.

Por hoy dia se rinde un sentido Homenaje a sus Memorias y sigue lamando la atencion en el Mundo entero con la frialdad con que se actuo en estos echos y que por hoy dia los Jovenes de Curacavi pretenden ahi hacer Talleres y abrirlo a la Comunidad para atender sus Derechos y para que se entienda ante la Comunidad el terrible daño y el dolor que se ocasiono a las Victimas con estos brutales atropellos a los Derechos Humanos en Chile y nunca mas se repita en la Historia este horror del pasado Dictatorial.

Por ende la primera foto fue tomada el 16 de Septiembre de 1973 ,al interior de la excomisaria de Curacavi a los Prisioneros Politicos y hoy a sido colocada a la entrada de este Memorial,como Refleccion recordatorio.

Cordialmente por Juana Aguilera .

Equipo de trabajo de la Comisión Etica Contra la Tortura

Agrupación Solidaria de Expresos Políticos y Torturados de Magallanes

http://wwwagrupacionsolidariaexppmagallanes.blogspot.com/
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http://informador1954.obolog.com/
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http://informanoticiero.globered.com/

COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Departamento Jurídico

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE MENORES Y TRÁFICO DE DROGAS COMETIDOS POR SOLDADOS NORTEAMERICANOS DE LA OPERACIÓN UNITAS; Y SOLICITA DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Nº 2 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES.
PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS.

SEGUNDO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE.
EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA
PLENO

Gonzalo Taborga Molina, abogado, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos ; y Rubén Jerez Atenas, abogado, del Departamento Jurídico, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ambos con domicilio, en calle Huérfanos # 1044, oficina 62, Santiago, a SS. EXCMA. Respetuosamente decimos:

Que, de conformidad con los artículos 19, Nº 3, de la Constitución; y 52, Nº 2, del Código Orgánico de Tribunales, venimos en interponer querella criminal por los delitos de violación de menores y tráfico de drogas, cometidas por soldados norteamericanos de la operación UNITAS, con el encubrimiento explícito de la Armada de Chile y de su unidad de inteligencia, denominada ANCLA 2, según pasamos a explicar.

Esta grave denuncia, se funda en hechos que mancillan la dignidad nacional, y que tienen el carácter público y notorio, a partir de las publicaciones, en titulares y editorial, efectuadas por el diario, “El Mercurio de Valparaíso”, los días 10 y 13 de abril de 2007. En este medio, se señalaba que menores, de condición pobre y vulnerable, eran acarreadas en buses, en el puerto de Valparaíso, para ser abusadas sexualmente por marinos de la operación UNITAS, del años 2006. Todo lo anterior, junto al correspondiente tráfico de drogas. Estos antecedentes, se recogieron en investigaciones realizadas por la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Católica de Valparaíso y por el centro de atención a menores, ANTÚ.

La Cancillería chilena, nunca interpuso una protesta formal, al gobierno norteamericano, por estos hechos.

Esta situación, fue reiterada, en agosto del 2009, cuando fue sorprendido, en Valparaíso, el marine norteamericano, Lester Santiago Gálvez, del “USS Makin Island”, con una menor, en el Hotel Kenny, regentado por Edith del Carmen Araya Mondaca. Este soldado, fue visitado y asesorado por funcionarios de la Armada de Chile y de la Embajada Norteamericana. En este caso, la Armada de Chile se preocupó más de salvaguardar la pedófilo que de proteger a la menor, víctima del delito.

Estos graves delitos, principalmente los cometidos el año 2006, han sido encubiertos por la Fiscalía Nacional, el Consejo de Defensa del Estado, la Cancillería de Chile, el SERNAN, el SENAME y la Armada de Chile, instituciones que, teniendo conocimiento, no han realizado, hasta la fecha, denuncia alguna que permita perseguir la responsabilidad de soldados extranjeros que violaban menores en territorio chileno. El caso del soldado norteamericano, Lester Santiago, es el más elocuente. Este individuo, fue liberado, permitiendo su impunidad y escape a Estados Unidos, a instancias del Fiscal Pablo Gómez – actual Fiscal Regional- de la Fiscalía de Valparaíso, quien sólo pidió, para este pedófilo, la suspensión del procedimiento.

La presente acción, se sostiene en los documentos acompañados al recurso de amparo, acogido por esta EXCMA. CORTE SUPREMA, con el rol de ingreso Nº 2005 – 2009, interpuesto por el abogado Rubén Jerez Atenas, en favor de la entonces menor Sabina Bustos Delgado, secuestrada y torturada, por la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de evitar se conociera la red de tráfico de drogas, pedofilia y corrupción, al interior del Estado, y que fuera denunciada por el subcomisario de Investigaciones, don Héctor Guzmán Godoy, al programa “Contacto”, de canal 13, emitido el año 2009 y denominado “ Los ángeles del Charly”.

Pareciera ser que la defensa de la soberanía nacional, por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente la Armada de Chile, no incluye la protección de la integridad sexual de menores pobres, abusadas por soldados extranjeros en el Puerto de Valparaíso.

No es la primera vez que la Armada, en connivencia con fuerzas extranjeras – como las UNITAS, atenta en contra de los intereses nacionales. Basta recordar el golpe de Estado de 1973, que no sólo dio inicio a una matanza organizada de compatriotas sino que materializó una de las mayores traiciones a nuestra soberanía económica: la entrega, a la rapiña de las transnacionales, de nuestras riquezas básicas nacionalizadas.

Tampoco sorprende la intervención impune de soldados norteamericanos en crímenes al interior del territorio nacional. Ejemplo de lo anterior, fue la entrega de armas y dólares, a connotados generales del Ejército, por parte de la estación militar de la embajada norteamericana en Chile, destinados al secuestro y asesinato del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Sr. René Schneider Chereau, ocurrido el año 1970, con el explícito propósito de producir un golpe de Estado y evitar la asunción constitucional, al poder, del presidente Salvador Allende G.

Como los abusadores sexuales de menores, y traficantes de drogas, provienen de fuerzas armadas extranjeras, que ingresan al país en mérito de un tratado internacional, conocido como TIAR, es que esta denuncia debiera al menos, en defensa de nuestra ultrajada dignidad nacional, afectar las relaciones internacionales con Estados Unidos. En este contexto, resulta paradójico que el Estado de Chile permita el ingreso de pedófilos, y traficantes de drogas, en virtud de un Tratado Internacional de Asistencia Recíproca.

Es por lo anterior, que corresponde la investigación de este caso a un Ministro de la Excma. Corte Suprema, de conformidad con el tenor literal del artículo 52, Nº 2, del Código Orgánico de Tribunales.
POR TANTO, SÍRVASE SS. EXCMA. Tener por presentada querella, en los términos antes mencionados, designando un Ministro de vuestro Tribunal, para la tramitación y fallo de la presente acción, a fin se investiguen y sancionen a los autores, cómplices, y encubridores, de los graves atentados sexuales y tráfico de drogas, realizados, en territorio nacional, por pedófilos de la OPERACIÓN UNITAS, en perjuicio de menores vulnerables y permanentemente discriminadas, por el Estado de Chile, por su sola condición social.

PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE SS EXCMA. Decretar las siguientes diligencias:

1º Se traigan a la vista, dejando copia, las causas por amparo, ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol: 110 -2009; y ante la Excma. Corte Suprema, Rol: 2005 -2009.
2º Se oficie, al diario “El Mercurio de Valparaíso”, para que remita todos los antecedentes que se investigaron y publicaron, en el mes de abril de 2007, y que se relacionan con el tenor de esta querella.
3º Se oficie, a la Armada de Chile, para que informe de las investigaciones administrativas iniciadas a partir de los hechos descritos en esta acción; y de la participación de dicha institución en la Operación UNITAS, del año 2006; y en la liberación del soldado norteamericano, Lester Santiago Gálvez , el año 2009.
4º Se oficie, a la Fiscalía Nacional, para que remita los antecedentes que constan en su poder o en la Fiscalía de Valparaíso y que digan relación con los hechos descritos en este libelo.
5º Se remitan oficios, a la Cancillería, al SERNAM, SENAME y Policía de Investigaciones, para que remitan los antecedentes que consten en su poder, y que digan referencia con esta querella.
6º Se decrete orden de investigar a la Policía en la que SS. Excma. tenga mayor confianza.
POR TANTO, SÍRVASE SS. EXCMA. Acceder a las diligencias antes indicadas.
SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE SS. EXCMA. Tener presente que, en nuestra calidad de abogados, nos representaremos personalmente, conjunta o separadamente, en la tramitación de esta querella.

Con copia a:

SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SR.MINISTRO DEL INTERIOR
SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
CANCILLERÍA DE CHILE
EMBAJADAS Y REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS CON ASIENTO EN CHILE
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE‏


Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En un completo informe, la Fundación ANIDE, en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al auspicio de Kindernothilfe, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), y gracias al auspicio de Kindernothilfe y Save the Children.

El Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.

Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y 2011, por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche, como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal, ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a niños, niñas y adolescentes mapuche en sus comunidades, escuelas y espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas.

No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y éste no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años.

Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche y chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la Audiencia en la CIDH, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso.

El Informe se nutre además, por una serie de testimonios de dos comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, en Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuche, sus familias y autoridades tradicionales mapuche, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades.

Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y/o testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas.

“… tenía 13 años le vinieron a pegar en la casa, le quebraron la culata de la escopeta aquí en la frente, ahora lo último este año, tampoco no lo dejaron estudiar, lo fueron a buscar en el liceo y ahí lo tienen no más, preso. No hay ni una prueba, no hay ni una prueba y lo tienen ahí. Casi le fracturaron aquí la mandíbula. Le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías”, se lee en uno de los casos expuestos en el informe.

Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad, por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a personas menores de 18 años.

La ilegal e ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista

El Estado Chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que significó el reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial.

Sin embargo, desde el año 2008, la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la Ley Antiterrorista no sólo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieran 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban dos imputados por Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) por supuestos delitos que habrían cometido siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la Ley Antiterrorista excluyendo su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años.

Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente.

Así, el Informe que será presentado a la CIDH, da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche.

Audiencia temática en la CIDH y Petitorio

A la audiencia ante la CIDH, que se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en período ordinario de sesiones Nº141 en Washington DC, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE.

Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son:

1) Poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las instituciones que solicitaron la audiencia en la CIDH plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales; la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos; la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes; la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de18 años; que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país; y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez.

Por su parte, las comunidades mapuche consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al Convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades, la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.

(Fin/ANIDE/marzo/2011)

Contacto de prensa:
Pamela Sepúlveda Rosales
Periodista
Fundación ANIDE

(056-9) 9-848 4658
fundación.anide2011@gmail.com

http://www.anide.cl/
http://libertadninos.wordpress.com/
http://www.infanciachile.cl

Ana Cortez Salas
95743940



Cheyre apoya a Piñera. Este fue comandante en jefe de los Gobiernos de la concertacion.

Arnaldo Pérez Guerra

Niños ejecutados en Coquimbo

El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.
Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

“Qué saben ustedes”

La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo- jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos militares, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí “se podían producir atentados extremistas”. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 Arica, de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda sin resultados, regresaron a sus casas.
Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en “caso de moverse o alarma”.

Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad.

Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrio cambió radicalmente.
La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”.
Balas militares.

Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.
Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los menores, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales “expertos en rastreo”. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector- encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Se encontraban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

“Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocado allí con posterioridad”, señala el abogado Hugo Gutiérrez.

En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que práctico la autopsia.

Les indicó que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usa sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les señaló que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado señala causa de muerte indeterminada”, agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y “todos los que resulten responsables”. También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento Arica.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños.

Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando las búsquedas de las policías y los vecinos terminaron. “Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de inculpado. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe.

Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso”, señala Hugo Gutiérrez.

Cheyre anuncia su apoyo a Piñera y en el comando acomodan dichos sobre involucrados en dictadura

viernes 8 de enero 2010
|
por Camilo Arce

Luego de que Piñera dijera que probablemente no habría ex funcionarios de la dictadura de Augusto Pinochet en un eventual gobierno, Rodrigo Hinzpeter, coordinador general del comando de oposición aseguró hoy que “participar en un gobierno no es en sí mismo un delito”. A esto se suma el apoyo del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

Mientras Sebastián Piñera intentaba ayer sumar adherentes de Marcos Enríquez-Ominami, respondiendo a las exigencias de Patricio Navia, hoy parece suceder lo contrario. Hinzpeter dijo que tiene “mucho respeto” por muchas personas que han sido funcionarios de la dictadura. El jefe del comando de Piñera dijo que “los delitos los establecen los tribunales” y que no hay ningún juicio de reproche a nadie que haya cumplido funciones de ministro en el gobierno de Pinochet.

Precisamente hoy, en la actividad cultural en la que participó el escritor peruano Mario vargas Llosa se sumó también Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del ejército en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y apuntado de “traidor” por la ultra pinochetista Luz Gajardo. El general (r) dijo que la Coalición por el Cambio tiene un plan concreto de gobierno y un buen equipo, que podrá fortalecer los derechos humanos y la democracia, refiriéndose a la Concertación como un “gobierno débil”.

Cheyre fue designado intendente de Atacama en 1987 por Augusto Pinochet Ugarte. Además está casado María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de la dictadura, Carlos Forestier Haensgen

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