CHILE: BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL A MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

 

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Represión en Chile: La respuesta de un gobierno a demandas estudiantiles

Desde las 10:00 de esta mañana, estudiantes secundarios convocados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones)se congregaron en Plaza Italia, acompañados de organizaciones universitarias, para iniciar una marcha hasta Los Héroes, pese a no contar con la autorización de la Intendencia Metropolitana. Sin embargo, la columna no pudo salir del perímetro ya que, en la intersección de Vicuña Mackena con Alameda, fueron de inmediato reprimidos por Carabineros

Entre los asistentes, destacó la ocurrencia de los dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes marcharon con los gorros naranjos, famosos luego que los estudiantes los utilizaran de señuelo el pasado martes 24 para hacerse pasar por visitantes en gira de estudios y así entrar a La Moneda.

Noticia en desarrollo…

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De los infiltrados y los atentados de falsa bandera

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Oficial del Ejercito de Chile,junto a una Patria y Libertad haciendo saludo nazi.

ROBERTO AVILA TOLEDO

Política es la confrontación de intereses económicos en lucha por hacerse del poder del estado. Los que ganan tienen reconocimiento social, riquezas y quedan en la historia que cuentan ellos mismos. Los que pierden reciben la otra cara de la medalla. En esta lucha, especialmente los que tienen el poder, buscarán retenerlo con buenas y malas artes. Saber lo que hace o piensa hacer el adversario es muy importante. Todo ejército escribió Sun Tzu debe tener ojos. Una de los mejores ojos y oídos son los que están en el propio campo enemigo. Si además de escuchar se puede teledirigir las acciones del campo contrario mejor aún.

Estas manipulaciones son tan viejas como la política. En 1975 el ejército argentino se aprestaba a dar un golpe y desatar un genocidio. El Ejército Revolucionario del Pueblo(ERP) en un desesperado intentó por apertrecharse de armas ante la avalancha que venía atacó los arsenales de Monte Chingolo, pero la operación era conocida vía infiltración y cerca de setenta guerrilleros fueron muertos cuando ésta se desplegó. El golpe que darían los militares no pareció ahora un ataque a la constitución sino la respuesta militar a una guerrilla desbordada. Un negocio redondo.

El atentado contra Edmundo Pérez Zujovic, que sirvió de pretexto a la política de la derecha democratacristiana, de impedir todo acuerdo con la UP y promover el golpe, tiene la impronta de la infiltración. Se detiene a cinco extranjeros, incluido un japonés que había aportado armas, dinero e ideas a la organización. El policía que los detiene los pasa tan “livianos” en el parte que el juez los deja en libertad. Cuando llegan los antecedentes incriminatorios ya están fuera de Chile y nunca volverán. Ese policía tendrá una plácida vejez como jefe de seguridad de una de las cadenas de hoteles norteamericanas más importantes.

Los norteamericanos sabían del ataque a Pearl Harbour. El presidente había hecho campaña diciendo que EEUU jamás entraría en la guerra. Los japoneses atacan “por sorpresa”, pero los “sorprendidos” americanos han sacado el día anterior a sus portaviones; muchos muertos pero daño bélico sin significación estratégica. El pueblo americano, hasta entonces pacifista, exigió la entrada en guerra. En el complejo militar industrial se frotaron las manos.

La ultraderecha chilena antes de asesinar el general Schneider (1970) preparó el ambiente con una serie de atentados con bombas para lo cual creó la denominación BOC (Brigada Obrero Campesina). Paralelamente El Mercurio tocaba las campanas del escándalo ante una supuesta ultraizquierda fuera de control.

Cuando las cosas son confusas en política hay que preguntarse dos cosas, ¿quién paga? y ¿quién gana?

Legalmente existe el agente encubierto, que puede mutar perfectamente en agente provocador. Durante la dictadura de Ibáñez (1927-32) su jefe de inteligencia Ventura Maturana hizo proliferar los autoatentados para justificar la falta de libertades públicas.

En Chile lo de los encapuchados, es sólo para ingenuos. Se puede ser joven pero no tonto, sobre todo cuando se es parlamentario o se pretende ser dirigente político.

Los encapuchados actúan en perfecta coordinación, habitualmente cuentan con el repudio de los auténticos manifestantes, la policía nunca los detiene aunque estén a pocos metros, actúan violentamente en las manifestaciones, cuando toda lógica aconsejaría actuar sin la presencia de testigos y la posibilidad de ser filmado o fotografiado por cualquiera. En una ocasión los encapuchados rescataron y escoltaron a un coronel del ejército para que no corriera riesgos con los estudiantes. Está la foto.

El aumento de la tensión no es sólo algo político. Significa designaciones, cursos en el extranjero que aumentan los sueldos, asignaciones especiales, compras de armamentos, vehículos etc…

ROBERTO AVILA TOLEDO

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El Partido Comunista de Chile, es el unico PC en el mundo que esta contra los intereses de la clase trabajadora.

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VOCERO DE LA ASAMBLEA SOCIAL DE CASTRO:
Fernando Venegas:

“El Partido Comunista quebró el movimiento en Chiloé”

A dos semanas de estallar la crisis, al cierre de esta edición, las comunas de Ancud y Quellón seguían dando la pelea. Fernando Venegas, miembro del movimiento social de Castro, lamenta que su ciudad se haya bajado de la movilización. Acusa, además, que dirigentes asociados al Partido Comunista cerraron un acuerdo de manera unilateral con el gobierno, sin tomar en cuenta todas las demandas de la comunidad.

Soy miembro de la Asamblea Social de Castro, que nació el año 2011. En ese entonces levantamos demandas por la salud en la isla, a raíz de la postergación histórica del archipiélago por parte del Estado. Demandas estructurales que no han sido abordadas ni resueltas durante décadas. Acá no hay universidad, hay pequeñas islas que todavía no tienen luz eléctrica, tenemos el fantasma de las sequías cada año. Es una crisis profunda no resuelta. Como asamblea hemos manifestado parte de estas demandas, a través de la crítica a la construcción del Puente Chacao.

Con la cantidad de plata que se pretende gastar en ese proyecto, se pueden construir los hospitales de alta complejidad que necesitamos o hacer caminos para mejorar la conectividad dentro de la isla. Todas estas son necesidades inmediatas, más importantes que la construcción de un puente, que es la prioridad del Estado en Chiloé. Una mirada bastante centralista del desarrollo. Santiago decide por los territorios sin considerar sus realidades y necesidades. Aún está la duda de si con la extensión de la carretera se quiere favorecer a la industria salmonera o a las mineras que están acechando.

En Castro las barricadas aparecieron de forma espontánea. Como asamblea estamos trabajando hace años, junto a vecinos y feriantes. En medio de la movilización, generamos una estructura y organización para funcionar los primeros seis días de protesta. Ahí delimitamos responsabilidades, pero a los pocos días percibimos a algunos dirigentes que querían bajar el movimiento. Tito Barría, militante del Partido Comunista y dirigente de la feria Yumbel, empezó a crear una estructura paralela a la que ya teníamos, tratando de acaparar la conducción de las movilizaciones. Fue así como se sacaron las caretas. A comienzos del gobierno de Bachelet, el PC dijo que iba a estar con un pie en la calle y el otro en el gobierno. Yo creo que ahora tienen los dos pies en el gobierno.

Es lamentable que los mismos vecinos se aislaran y alinearan con esa dirigencia y con el gobierno, para llegar a un acuerdo vago y liviano. En un primer momento el PC apostó a conducir el proceso, trabajamos codo a codo con ellos, no nos importó que fueran militantes, pero luego se produjo un quiebre en el movimiento, cuando se dieron cuenta que la manifestación iba en alza y estaban perdiendo conducción. El PC en general no se involucró, fue más bien la militancia local la que se prestó para la jugada del gobierno. Hubo incluso agresiones. Yo fui agredido por un militante comunista, un ex preso político a quien respeto por su trayectoria, pero que me tiró unos combos. Nos empezaron a acusar de que nosotros estábamos buscando figurar y robarnos el protagonismo del movimiento. El día en que dieron cuenta del acuerdo, agredieron a otras dos compañeras. Le pegaron a una vecina cuando se quiso subir al escenario y no le dieron la palabra. A otra la bajaron a patadas. Desplegaron todo su accionar poniendo a sus militantes en una línea de seguridad en torno a la tarima, para que sus dirigentes no fueran encarados. El distanciamiento se dio en medio de las negociaciones. Un día los representantes fueron a revisar el petitorio a Puerto Montt, en una reunión con el ministro Marcelo Díaz y el subsecretario de Pesca, y después de eso llegaron con el acta de acuerdo.

La mesa de Castro está constituida por una parte que es el movimiento social, y otra que es el gremio de pescadores y de feriantes. Cuando nosotros encaramos a los dirigentes sociales, nos dijeron que este era un movimiento de pescadores y nos dejaron fuera. Durante la movilización recorrí las barricadas viendo cuál era el ánimo de la gente. Todos planteaban que este es un problema de fondo, que no es sólo la marea roja, que hay un daño ambiental profundo que durará años. Ya vimos que despidieron a 300 empleados en una planta de choritos, y las salmoneras también van a empezar a despedir gente. La incertidumbre se da en torno a qué va a pasar más adelante.

El discurso del gobierno ha sido mantener la crisis en torno a la marea roja. El problema, sin embargo, es mucho mayor. Hay una sobreexplotación de la pesca artesanal a causa de la industria y la ley de pesca. Las salmoneras han tenido impunidad a través de los años y eso ha repercutido en el medioambiente. Este conflicto esconde años de frustraciones, de postergación, de ver cómo se protege a las salmoneras, cuando incluso hay trabajadores con lesiones crónicas que ni siquiera son reconocidas como profesionales. Acá hay un problema con la libre disposición de recursos en nuestro territorio.

Las barricadas partieron como un espacio de resistencia, pero luego fue de liberación política. Ahí discutimos en torno a este problema, de cómo podemos generar incidencia sobre las decisiones en nuestra tierra, y eso pasa por cambiar el carácter del Estado, cambiar la Constitución y así resolver parte de los problemas.

En las barricadas aprendimos organización, compromiso, solidaridad, a confiar en nosotros mismos, en los vecinos, y que solamente organizados y sin operadores políticos vamos a triunfar. Ya se han bajado cinco comunas con este acuerdo que no resuelve nada, que ya en el enunciado pone en duda si las salmoneras son las responsables. Nosotros seguimos movilizados, porque esto no se va a resolver la próxima semana ni en unos meses más.

Aquí hubo engaño, traición y desprecio por los que se amanecieron en las barricadas. Gente que no eran pescadores sino cesantes y que estuvieron ahí en todo momento. Los dirigentes despreciaron eso. En el acuerdo no se consideró qué va a pasar con los cesantes ni qué va a pasar cuando vuelva la marea roja en el verano. Nosotros proponíamos un bono permanente para estas épocas de crisis, que sea parte de un presupuesto fijo. Eso no se tomó en cuenta. Evidentemente este acuerdo sale del gobierno y la dirigencia fue blanda en aceptarlo. El centralismo se sintió desde un primer momento, cuando exigimos la presencia de un delegado presidencial.

Esto lo hemos vivido históricamente con nuestro modelo de desarrollo. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Hoy día nos quedamos con las pérdidas de esta industria que se levantó como muy exitosa, pero no es tan así. La marea roja, las salmoneras, la sobreexplotación, todas son causas de esta crisis, pero sobre todo los años de postergación del Estado con la isla.

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QUE ESTA MAREA ROJA LIMPIE LA PODREDUMBRE DE PAIS QUE TENEMOS

“Violencia al territorio violenta a las mujeres”


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Politika

La actual crisis ambiental y social que se vive en Chiloé, venía anunciándose hace meses, ya desde el año pasado se comenzó a registrar un alza inmanejable de mortandad al interior de las balsas. En el mes de febrero comenzaron a registrar importantes despidos en comunas como Quemchi, Dalcahue y Quellón que no han parado hasta la fecha.

Que existe una innegable negligencia de las autoridades (alcaldes, diputados, gobernador, intendencia, sernapesca, medioambiente, etc.) sumada a un actuar delictivo de las empresas salmoneras que no tomaron las acciones pertinentes para minimizar el daño ambiental que generan sus cultivos, sino al contrario lo agravaron.

Que la industria del salmón se ha enriquecido no sólo gracias al daño ambiental que genera sino también gracias a la precarización del empleo de muchas personas durante casi tres décadas.

Que la crisis ambiental y social perjudica a los pescadores artesanales, a las recolectoras de orilla, a los y las trabajadoras de la industria y a quienes habitamos este territorio que veremos modificadas nuestras condiciones de vida y entorno.

Que este drama ambiental y social nos afecta como siempre, más duramente a las mujeres, ya que casi el 70% de la fuerza laboral (altamente precarizada por lo demás) de la industria del salmón son mujeres. También lo son la mayoría de las recolectoras de orillas cuyo sustento lo obtienen de la cosecha de algas y mariscos. Muchas de estas mujeres único sostén económico en de sus familias.

13015476_1071874336209478_8669425857752625337_nQue nuevamente el gobierno financiará con recursos del Estado, salvavidas para una industria que no entrega beneficio alguno para los territorios y las personas.

Que tanto el resultado –la crisis- como los actores –las empresas y las instituciones- no pueden mejorarse en tanto no contemos con una Nueva Carta Constitucional que establezca derechos de la naturaleza y de las generaciones venideras.

Que está nueva carta constitucional debe contener también el derecho de los territorios a definir su desarrollo y las inversiones que realizan.

Que será fundamental también en esta nueva constitución devolver al Estado, los recursos estratégicos hoy en manos de privados.

Hacemos un llamado a sumarse a las manifestaciones callejeras, a apoyar con ayuda económica para el sustento de familias entre ellas muchas mujeres desempleadas (recolectoras de orilla, trabajadoras de la industria).

También hacemos un llamado a las autoridades a abrir la mesa de negociación a otras organizaciones ciudadanas para definir las verdaderas y reales compensaciones que las y los chilotes exigimos para restaurar el medio ambiente y nuestras condiciones de vida.

Apreciamos enormemente la solidaridad y compromiso de las chilotas y chilotes que en todo Chile se han manifestado, también a quienes conocen Chiloé y su gente, le tienen aprecio y se han sumado. Todo esto nos emociona y nos anima.

Esta la lucha de hoy, es también la lucha por la dignidad de las personas, por el amor a nuestra tierra, por la recuperación de nuestra soberanía y democracia. Esta lucha es sin duda compartida por muchas otras y otros en todo Chile.

Agrupación de mujeres MESTIZAS
Chiloé, 7 Mayo 2016

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Legado de la dictadura. Vagos y Borrachos: Ejército gasto 4 millones de dóllares en tragos, farras y cocaina durante la gestión de Fuente-Alba

 

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Aparte de enriquecerse de manera obscena robándonos a todos nosotros y apitutar a sus hijos con millonarios trabajos, siguen apareciendo “yayitas” del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, y es que durante su mandato, el Ejército gastó la cifra record de 4 millones de dólares en copete.

Como indica The Clinic, se trata de 2.420 órdenes de compra, realizadas entre el 2010 y marzo de 2014, que equivalen a un 25% del total de gasto en bebidas alcohólicas de todas las instituciones públicas en ese mismo lapso de tiempo. (16 millones de dólares). Todo esto por supuesto, sin olvidar el desfalco al Estado que están realizando los militares a través de la Ley Reservada del Cobre.

Hijos del general Oviedo obtuvieron pasaportes diplomáticos y pagos de la Embajada en EEUU

Publicado por Pablo Bustos.  La Información es de Erik López

Bibiochile.cl

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El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, efectuó acciones que beneficiaron directamente a sus hijos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su paso como jefe de la Misión Militar de Chile en Estados Unidos.

En un oficio enviado el 18 de noviembre de 2010 al entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt Ariztía, el alto uniformado le solicita pasaportes diplomáticos para Humberto y Diego Oviedo Stegmann, donde reconoce la improcedencia de la petición en favor de sus hijos.

Sin embargo, el general invoca el artículo N° 6 del decreto N° 232 sobre el Reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales que indica lo siguiente: “El Subsecretario de Relaciones Exteriores podrá, en casos calificados, disponer el otorgamiento de pasaportes diplomáticos y oficiales a otras personas no contempladas en los artículos precedentes, únicamente cuando deban viajar al exterior en cumplimiento de misiones oficiales. Esta facultad debe ser ejercida por dicha autoridad por medio de una instrucción escrita dirigida al Director Consular y de Inmigración”.

No obstante que ambos hijos del uniformado no iban a cumplir una misión oficial, se les concedió el pasaporte especial. Incluso al solicitar por Ley de Transparencia copia de los documentos, Humberto Oviedo Stegmann intentó mantener la reserva, argumentando que se iban a exponer datos como su fotografía, dirección y número de identificación.

Durante su estadía en Estados Unidos, este hijo del Comandante en Jefe del Ejército obtuvo pagos de la embajada de Chile, mientras su padre oficiaba de jefe de la misión militar nacional.

Oviedo Stegmann firmó un documento que detalla los 3 mil dólares obtenidos en tres cheques por servicios como “Coordinador de Eventos” entre agosto y octubre del 2011. En el texto se describe que apoyó la muestra sobre el rescate de la mina San José en el Museo de Historia Natural – Smithsonian Institution.

Los documentos fueron obtenidos en el marco de la investigación que realizó el abogado Cristián Cruz sobre el desfalco en el Ejército conocido como “Milicogate”, donde están siendo indagado como inculpado el antecesor del general Oviedo en la comandancia en jefe del ejército, el general retirado Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

El abogado anunció que iniciará acciones judiciales para aclarar estas anomalías que podrían constituir el delito de falsificación ideológica por parte del actual Comandante en Jefe del Ejército.

Cruz además denunció que el general Oviedo incumplió su deber al no denunciar la posible responsabilidad de altos mandos de la institución en el desfalco que afecta al ejército, conocido como “Milicogate”.

En diciembre del año pasado, el ministro en visita Omar Astudillo, que investiga el denominado caso, desechó una querella interpuesta por el abogado Cruz en este proceso, lo que le impidió ser parte en la causa a nombre de un familiar a ejecutado político en dictadura, Adriana Pohorecky.

Este martes, el Ejército emitió un comunicado donde dicen que “No amparamos situaciones que puedan ser constitutivas de delitos” y que quienes sirven en la institución “son personas honestas e inspiradas en sentimientos de servicio público”.

Conoce a continuación los documentos obtenidos por Radio Bío Bío.

https://www.scribd.com/embeds/311500774/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-z1lp8Y5XqAnLLfqqlx9k&show_recommendations=false

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Más allá del film sobre Colonia Dignidad

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Cuando la noche negra del Fascismo se dejo caer sobre Chile…

Más allá del film sobre Colonia Dignidad

Sitio Cero

Alejandra Yermany Publicado: 22 abril, 2016 En presencia de las víctimas, abogados y ex policías vinculados al caso, el pasado miércoles 20 de abril se estrenó de manera clandestina en el país, la película Colonia, basada en las atrocidades y crímenes cometidos en Villa Baviera, a partir de los años 70. La película -del director alemán Florian Gallenberger- y protagonizada por la conocida actriz Emma Watson, ha sido vista desde octubre de 2015 en otros países, pero aún no llega a los cines chilenos y -según consigna la prensa- la cinta no entrará al circuito comercial para que los chilenos puedan verla masivamente (1). La convocatoria de este estreno no oficial se realizó de manera privada por un grupo de comunicadores que, informalmente, consiguieron una copia del filme para reproducirlo frente a un reducido grupo de asistentes en el patio de una pequeña casa en Ñuñoa, justo un día antes de que se realizara el estreno “oficial” en el Festival Internacional de Cine de Concepción.

Tras la reproducción de la película, se dio paso inmediato a unconversatorio íntimo entre las víctimas, dos ex policías, una investigadora y el abogado que hasta hoy lleva el caso. Con gran humildad, los protagonistas de esta historia contaron al público presente sus testimonios, entregando detalles siniestros de sus días en Colonia Dignidad. A su vez, los policías y abogados relataron de manera no menos dramática, cómo la justicia chilena ha entorpecido constantemente las investigaciones y cómo la amplia clase política del país ha logrado desviar constantemente la atención (tal vez incluso mediante la censura encubierta de la cinta en Chile).

foto-1-colonia-dignidad-440x231.pngLuis Henríquez Seguel, ex director nacional de la Policía de Investigaciones –quien lideró los primeros allanamientos de la PDI en la colonia- señaló de manera tajante que “en la titánica tarea por descubrir las aberraciones tanto de abuso de menores como de violaciones a los derechos humanos, hubo jueces e integrantes de la Corte de Apelaciones de Talca que abiertamente defendían a los integrantes de Villa Baviera”, agregando además que el Departamento Quinto de la PDI siempre supo que no podían confiar en las autoridades de Parral.

Por su parte, Sandro Gaete, detective investigador de la Brigada de Derechos Humanos, agregó que “lo que había empezado como una investigación del abuso de un solo pequeño, terminó convirtiéndose en una aberración en la cual estaban involucrados 25 menores chilenos, sin contar a los alemanes que antes habían vivido las mismas atrocidades”. Sobre los comienzos de la investigación, Sandro recordó una de las primeras conversaciones que sostuvo con un ex colono. “Me habló de tráfico de armas, de explosivos, de túneles secretos y de torturas. Yo pensaba esto es una broma, dónde está la cámara, pero todo era verdad”.

foto-3-colonia-dignidad-230x175.pngLas dos víctimas de Schafer presentes en la tertulia, Heinz Kuhn y Efraín Veuhoff, concentraron la mayor atención del público al referirse a las atrocidades ocurridas dentro de Colonia Dignidad.

Kuhn, ex colono alemán que llegó a Chile engañado por Schafer, compartió con el público sus recuerdos sobre la colonia, donde fue torturado en reiteradas ocasiones. “La película es una historia de ficción, pero detrás de ese relato hay una enorme verdad. Yo viví ahí, vi cómo torturaban a las personas, vi a los niños maltratados y viví en carne propia las atrocidades que se cometían de manera impune en Parral. Escapé con mi mujer y fui perseguido por los colonos fieles a Schafer, quienes siempre averiguaban dónde encontrarme. A mí me castigaron con electroshock y a mi esposa Úrsula la hicieron abortar. A pesar de las atrocidades que se cometían adentro, nadie hacía nada. Las redes de poder eran enormes y no solo incluía a los políticos chilenos sino también a la embajada alemana de la época”, señaló de manera categórica, poniendo énfasis en que Villa Baviera –que hoy figura como centro de eventos sociales y políticos- sigue en manos de los hijos de los colonos, quienes han perpetuado su legado. “A mí me torturaron en reiteradas ocasiones en el mismo comedor donde hoy sirven kuchenes y chucrut”.

Tras el impactante testimonio de Heinz Kuhn, Efrain Veuhoff tomó la palabra para referirse de manera directa sobre la intervención de políticos y parlamentarios de todas las bancadas. “Nadie ha hecho nada por nosotros.Los de derecha siempre se han mostrado a favor de la Colonia, pero también existen casos de la Concertación, políticos que incluso hoy tienen un rol público, que defendieron a Schafer y entorpecieron las investigaciones. Durante la dictadura de Pinochet se fortaleció este “Estado independiente” dentro de Chile y hoy ya se sabe que existía una estrecha relación entre Manuel Contreras –líder de la DINA- y Schafer. Tal como muestra la película, los presos políticos venían a ser torturados en túneles subterráneos y luego, cuando alguien llegaba a investigar, se armaba una fachada para decir que nada estaba pasando”.

Su caso es una de tantas historias de niños chilenos que, separados de sus padres reales al nacer, pasaron a ser parte de Colonia Dignidad. Efraín fue secuestrado a los dos meses de edad y logró escapar de Villa Baviera a los 32.

Marisol Villanueva, detective en retiro, era la única mujer de esta mesa redonda. Ella fue la primera en atender a un niño víctima de abusos por parte del alemán y según relató Hernán Fernández, abogado querellante del caso, “fue la persona que logró generar los mayores vínculos con esos niños”.

Fernández además se refirió al estado judicial del caso, emplazando duramente al sistema político y judicial de Chile. “En este país no hay justicia. Las víctimas que lograban escapar tenían que volver a Colonia Dignidad porque no encontraban apoyo del Estado Chileno. No sabían qué hacer, era como salir de una burbuja al mundo real, un mundo desconocido y muy cruel para ellos. Muchos volvían a servir a los colonos alemanes porque no encontraban oportunidades fuera de Villa Baviera. Algunos lo lograron, pero han tenido que sobrevivir por sus propios medios, sin apoyo sicológico, sin ayuda financiera,  y sobre todo, sin justicia”.

Hoy, la película no tiene fecha de estreno en el país. Sin embargo, los organizadores de este encuentro –los periodistas Marcelo Araya y Paola Dragnic– prometieron seguir haciendo ruido sobre el tema.

Te invitamos a ser parte de esta cruzada, que busca romper con el silencio y la injusticia que aún viven las víctimas de Paul Schafer, compartiendo con tus amigos este texto.

(1) Según publicación del sitio 24 Horas el pasado jueves 21 de abril, la película ya tiene distribuidor y podría ser exhibida en los cines locales.

Revisa el tráiler de la película acá.

https://ok.ru/video/47287634504

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Peligra vida de Mauricio Hernández, prisionero político chileno en Brasil

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Traslado imprevisto de cárcel de ex combatiente antifascista, lo pone en limbo judicial, sin posibilidad de accionar de sus abogados y sin pronunciamiento alguno de gobiernos de Chile y Brasil

Andres Figueroa Cornejo

Politika

En tanto empeora su salud, se multiplica la solidaridad y se intensifica la campaña por la libertad del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

“La prisión me robó la libertad, pero no los recuerdos.”
Nelson Mandela

El traslado carcelario sin aviso y arbitrario de Mauricio Hernández Norambuena, ex combatiente chileno antifascista e internacionalista, y ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (destacamento político y militar que enfrentó a la tiranía de Pinochet desde los años 80 del siglo XX), actualmente prisionero político en Brasil, en los hechos significa que el luchador social se quedó de golpe sin proceso judicial y, por tanto, carece de todo derecho en su condición de reo por razones políticas e ideológicas.

Mauricio Hernández o “Comandante Ramiro”, lleva más de 14 años deambulando por los peores presidios de alta seguridad de Brasil, agravado por ser víctima del feroz Régimen Disciplinar Diferencial (RDD), consistente en un encierro y aislamiento extremos. De acuerdo a sus familiares directos, debido a semejante régimen, en el último tiempo Mauricio Hernández ya presenta un evidente empeoramiento físico y psicológico.

Hasta casi mediados de marzo de 2016, Mauricio permanecía prisionero en la Cárcel Federal de Porto Velho, en Rondonia, Brasil, cerca de la frontera con Bolivia, pero sorpresivamente fue llevado hasta la Prisión Federal de Mossoró, en el interior de Rio Grande do Norte, a casi 6.000 kilómetros de Santiago de Chile. Esto es, la justicia brasileña intensificó su castigo y, acaso más gravoso todavía, con el cambio de cárcel está impidiendo que su abogado en Brasil, Fernando Moreira, y su defensor en Chile, Alberto Espinoza, puedan realizar cualquier gestión judicial a favor de Mauricio. En la realidad, el luchador social internacionalista ahora mismo se encuentra en la más completa indefensión legal y a expensas de los caprichos de sus carceleros.

EL GOBIERNO CHILENO CALLA

Por su parte el gobierno chileno de la Nueva Mayoría se comprometió por iniciativa propia a responder a un conjunto de demandas sobre las condiciones de presidio para esclavos en el que se encuentra Hernández Norambuena. Sin embargo, esa respuesta que debió haberse efectuado hace un mes, se ha esfumado en medio del silencio de La Moneda.

En este sentido, la familia de Mauricio Hernández y la coordinadora nacional de solidaridad por su libertad se manifestaron altamente preocupadas por la vida del imputado, no sólo por el traslado intempestivo del que fue objeto, sino también por el enrarecido clima político por el que atraviesa el gobierno democrático de la Presidenta Dilma Rousseff ante la ofensiva golpista que apremia a su administración y al pueblo brasileño, y a las inciertas repercusiones que podrían afectar a Mauricio.

No es un misterio para nadie que de llegar a tener éxito un “golpe blando” por la derecha más dura de Brasil, ello significará no únicamente un ajuste estructural en contra de la población mayoritaria del gigante latinoamericano, sino también la represión y una batería de medidas antipopulares de las cuales no están exentos los prisioneros políticos, más todavía si su origen es extranjero. Al respecto, la solidaridad chilena con Mauricio y su familia han redoblado su solicitud al gobierno de Michelle Bachelet para que acelere los trámites de extradición al país andino del cautivo luchador social.

LA SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

Mientras tanto, en Chile la ampliación de la solidaridad con la causa de la libertad de Mauricio no se ha hecho esperar. Es así que numerosas personalidades y agrupaciones han firmado una carta de apoyo a la liberación del prisionero político, y como mínimo su extradición inmediata a Chile. Entre los adherentes se encuentra la Confederación de Estudiantes de las Universidades de Chile (Confech); Tomás Moulian, Sociólogo, académico y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2015; Gabriel Salazar, Historiador y académico, Premio Nacional de Historia 2006; Juan Pablo Cárdenas, Periodista, académico, Premio Nacional de Periodismo 2005; Gabriel Boric, ex dirigente estudiantil y Presidente de la Fech, actual Diputado de la República; Alberto Mayol, Sociólogo y académico; Alicia Lira Matus, Presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Cristián Cuevas, dirigente social; Carmen Soria, de profesión ciudadana; Pablo Salas, realizador audiovisual; Víctor Hugo Robles (El Ché de los Gays), periodista y activista social; entre muchas y muchos otros.

Los solidarios señalan en la carta dirigida a la Presidenta Dilma Rousseff que “declaramos ante Usted y el mundo que somos personas de reconocida trayectoria con el compromiso y defensa de los derechos humanos en Chile y América Latina. Se trata de un deber superior que reafirmamos, tanto en el oscuro pasado de las dictaduras militares que asolaron a Chile, Brasil y al resto del Continente, como en la actualidad, ante cualquier vulneración de los derechos y principios fundamentales que originaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás Pactos y Convenciones regionales. Nuestra convicción ética demanda la alerta y vigilancia permanente de los respectivos Estados y sus ciudadanos. Sobre todo si en los hechos se transgreden y naturalizan gravemente.”

Asimismo, añaden que “hoy nos conmueve que Mauricio Hernández Norambuena (un compatriota y luchador social de nacionalidad chilena, que en el pasado reciente fue un dirigente y luchador consecuente con el ideario de la emancipación latinoamericana, la democracia y la justicia social, y que combatió resueltamente a la dictadura de Pinochet en Chile) ahora se encuentre privado de libertad en tierras lejanas. Y nos resulta todavía más preocupante que Mauricio Hernández Norambuena sufra una pena carcelaria, a nuestro juicio, absolutamente desproporcionada. (…) nos sorprende el silencio cómplice de los sucesivos gobiernos democráticos, tanto en Chile como en su país, Brasil, los que no han realizado ningún pronunciamiento humanitario que vaya en el sentido de atenuar o anular el drástico castigo de 30 años de privación de libertad en contra de Mauricio. Esa pena salió de los Tribunales de Justicia brasileños que jamás consideraron que el chileno era un dirigente político asumiendo, por tanto, tareas políticas.

Mauricio Hernández Norambuena, de nacionalidad chilena, tiene 58 años de edad. Es un reconocido militante de izquierda y ex combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), agrupación política y militar antifascista que desplegó su política revolucionaria, sobre todo, en tiempos de la dictadura pinochetista (años ’80) y hasta fines de los años ’90, período en que aún el dictador Pinochet ostentaba muy campante el cargo de Comandante en Jefe del Ejército chileno.

Mauricio es un luchador político y social Internacionalista. Al igual que los personajes independentistas del colonialismo y cuyos nombres llenan con victoriosa justicia las calles y plazas de toda América Latina.

Mauricio fue detenido en Brasil en 2002 y condenado a 30 años de presidio. Desde su detención ha sido confinado a distintos recintos carcelarios brasileños, y mantenido bajo un “Régimen Disciplinar Diferenciado” (RDD). Semejante cautiverio ha impactado significativamente en su salud y ya comienza a manifestar secuelas y dolencias físicas, las cuales fueron constatadas en visita por la Cónsul de Chile en Brasil en el 2015.

Es por ello que consideramos que el mencionado “Régimen Disciplinar Diferenciado” (RDD), al cual ha sido sometido por 14 años, constituye una doble represalia, toda vez que ese tipo de confinamiento significa sobrevivir en una virtual cárcel de exterminio, con habituales tratos crueles e inhumanos, y constitutivos de agravio a los derechos esenciales de su persona, a pesar de estar ya condenado.”

Frente a semejantes circunstancias, las personalidades y organizaciones que suscriben la misiva a la mandataria brasileña, indican que “consideramos respetuosamente su alta magistratura, su sensibilidad social y humana demostrada hoy en su gobierno, como en el pasado al comprometerse en la lucha inclaudicable en contra de la dictadura militar que golpeó criminalmente al pueblo hermano de Brasil en los años ‘60 y ‘70, y en donde Usted también sufrió la persecución política, la tortura y el encarcelamiento.

Que el Gobierno Federativo del Brasil ha rubricado los Tratados y Pactos Internacionales para rescatar, fomentar y defender los derechos humanos en Brasil, Chile, Latinoamérica y el mundo, tales como el Tratado de derechos individuales, colectivos y comerciales del MERCOSUR, donde su país es actor fundamental y Chile es un país asociado; el Pacto Interamericano de derechos humanos suscrito en San José de Costa Rica; la Declaración de derechos humanos suscrita ante las Naciones Unidas; y finalmente, los diversos tratados bilaterales y recíprocos entre la República Federativa del Brasil y la República de Chile, donde se señalan expresamente los derechos y deberes de los Estados cuando se trata de proteger los derechos individuales e integridad física y psicológica de todos(as) los ciudadanos de ambos países, sin discriminación de pensamiento, raza y/o credo religioso, aun cuando uno de los suyos esté privado de libertad. Los acuerdos incluyen el intercambio de reos o prisioneros privados de libertad con el fin de que sus penas sean cumplidas en el país natal. Al respecto, existen precedentes jurídicos, como es el caso de la psicóloga brasileña Tania Cordeiro en los años ‘90.”

Finalmente, la solidaridad humana con Mauricio sintetizada en carta, apunta que “Solicitamos Sra. Presidenta que se adopten las medidas humanitarias, políticas y administrativas necesarias para la pronta libertad de nuestro familiar, amigo y compañero Mauricio Hernández Norambuena, a través de cualquier figura jurídica que vaya en su beneficio. Solicitamos Sra. Presidenta que se adopten de inmediato las medidas humanitarias mínimas e indispensables que constaten “in situ” las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentra Mauricio, tales como, permitir el ingreso de un Doctor(a) en Medicina de absoluta confianza de la familia Hernández Norambuena.

Desgraciadamente esta última solicitud ha sido negada de manera sistemática por el recinto carcelario donde permanece recluido Mauricio. Solicitamos Sra. Presidenta el término inmediato del Régimen Disciplinar Diferencial (RDD) aplicado desde hace 14 años. Así también, que se restituyan los derechos inherentes a su condición humana y se le permita el acceso a los beneficios de cumplimiento alternativo de las penas que debieron haberse aplicado al cumplir 1/6 de su condena (esto es, a los 5 años de presidio).

Solicitamos Sra. Presidenta la transferencia inmediata (vía extradición o mediante cualquier otra fórmula jurídica de derecho de los prisioneros) de nuestro compatriota Mauricio Hernández Norambuena a su país natal, Chile, para que así pueda cumplir el resto de su pena cerca de su familia, amigos y demás compatriotas. O gestionar la “expulsión” de Mauricio Hernández del territorio brasileño, contemplando la acogida, solidaridad, asilo y/o refugio político en un tercer país que se abra a esa posibilidad, de común acuerdo de las partes.”.

EL FUTURO ESTÁ LLENO DE MEMORIA

La campaña de solidaridad organizada por la coordinadora chilena por la libertad de Mauricio ha contemplado colosales pintadas y murales, acciones públicas, conversatorios y el video-testimonio del realizador audiovisual chileno Antonio Vargas, llamado “Fragmentos de una Injusticia”, y ya están en diseño nuevas y diversas expresiones de apoyo, tanto en Santiago, como en las principales ciudades de Chile.

La memoria de los pueblos es igual y lo mismo que su historia. Y la historia consiste en el desenvolvimiento de la realidad y la verdad. Por eso los carceleros de la memoria, los que silencian o trastocan la historia a su amaño, lo que hacen es destruir la posibilidad de saber la verdad. Mauricio Hernández Norambuena, hijo de los intereses históricos de su pueblo, por voluntad y convicción, abrazó el peligro superior cuando fue la hora de enfrentar a la dictadura más cruenta conocida en el devenir de toda la vida de Chile.

Muchos son los que hoy se acomodan en el mobiliario suntuoso del poder, vanagloriándose del retorno de los gobiernos civiles y la democracia representativa en Chile. Mientras hacían la siesta cuando campeaba el espanto de la tiranía, Mauricio arriesgaba la existencia junto a tantos que ya no están y otras que continúan acariciando un país donde predominen la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos. Mauricio honró y honra con su conducta lo más noble de los pueblos que hay en Chile. Su nombre descompuso la sonrisa rabiosa e inhumana del fascismo.

¿Su cautiverio infame es la venganza de los que anegaron en sangre a Chile y, lo que es peor, también es producto del olvido conveniente y cómplice de quienes hasta hace un cuarto de siglo hacían gárgaras en contra de la dictadura y hoy gozan de las prebendas de una democracia secuestrada?

Aquí abajo, la inmensa mayoría, los jóvenes, las mujeres, los empobrecidos, los mapuche y los trabajadores asalariados, no hemos perdido ni un gramo de memoria. Con Mauricio somos la historia que fue en el combate, que es en la solidaridad y resistencia actuales, y que será el material sensible con que se forjará la madera brillante del porvenir.

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Murió Aylwin, el hombre que consagró la impunidad

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Acaba de morir a los 97 años Patricio Aylwin. Todos los sectores políticos lo lloran y rinden homenaje. Lo cierto es que fue clave para consagrar la impunidad y continuidad de la herencia de la Dictadura.

Los programas de televisión, las radios y periódicos se llenarán de homenajes a la historia de Aylwin, como el hombre que garantizó una transición ordenada y pacífica, que abrió la puerta a la vuelta a la democracia, entre otros motes.

Lo cierto es que el gobierno de Aylwin fue uno de los que apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Dictadura de la que se fue distanciando progresivamente para pasar a la oposición.

Impunidad e informe Rettig

Durante el gobierno de Aylwin se consagró la impunidad a los violadores de los Derechos Humanos, bajo su política de “justicia en la medida de lo posible”. Esta “medida de lo posible” permitió la aplicación de la Ley de Amnistía y escasos avances en la investigación.

El discurso de la Concertación de Partidos por la Democracia es que se trataba de una democracia imperfecta, que estaba “amarrada” por las leyes que dejó la Dictadura. Sin embargo, la propia Concertación se encargó de mantener gran parte de esas leyes, como también el modelo económico y social del neoliberalismo, que incluso se perfeccionó durante los gobiernos concertacionistas.

De esta manera, la salud, la educación, las pensiones, entre otros derechos básicos, continuaron siendo un negocio; los trabajadores vieron con impotencia como se mantenía el Código Laboral de la Dictadura, al igual que la Constitución del 80’, las leyes de Amnistía, antiterroristas, etc.

Aylwin creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, en la que se culpaba al contexto de polarización durante la Unidad Popular como responsable del Golpe, mientras que se proponía solo avanzar en la reconciliación y reparación, pero no en el castigo y cárcel a los genocidas.

El 18 de abril de 1991 se crea el “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, conocido como la “Oficina”, que se encargó de desarmar y perseguir a las organizaciones de izquierda armadas que se mantenían funcionando, como el MAPU Lautaro, sectores del MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, usando muchos métodos que venían de la Dictadura, como la infiltración, el soplonaje o la extorsión.

El gobierno de Aylwin inauguró así la transición pactada y los gobiernos concertacionistas, los que durante veinte años se transformaron en los mejores administradores de la herencia de Pinochet.

Hace 26 años asumía Aylwin consolidando la herencia de la dictadura

Natalia Cruces

El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos del dictador Augusto Pinochet. En ese acto se simbolizaría el significado de la transición pactada: la convivencia entre la Concertación, los militares y la derecha, para la mantención del modelo económico, político y social implementado bajo la Dictadura Cívico-Militar.

arton36979-19bf0Después de 17 años de violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, donde se quitó gran parte de los derechos conquistados a lo largo del siglo XX como la salud o la educación; se transformó las condiciones de trabajo contra los trabajadores imponiendo la precarización laboral, la subcontratación, la atomización de los sindicatos, la Concertación de Partidos por la Democracia negoció una transición que se basó en la lógica de la reconciliación y la continuidad.

Mientras los políticos de la Concertación celebraban en el Congreso, en las calles miles de personas se manifestaban contra la Dictadura y Pinochet, terminando con una fuerte represión durante la tarde de ese día y en la noche, principalmente en las calles céntricas y en muchas poblaciones.

Pinochet se mantuvo en el poder al frente de las Fuerzas Armadas, para luego ser Senador Designado. Durante el gobierno de Aylwin realizó un ejercicio de enlace (19 de noviembre de 1990) y el boinazo (28 de mayo de 1993), para presionar contra la investigación que se estaba llevando adelante en el llamado caso “pinocheques”, y por los cambios en la Ley de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que la Concertación garantizó la impunidad para los militares y sus colaboradores, responsables de las violaciones a los derechos humanos. El Informe Rettig impuso la tesis de la reconciliación nacional y de la crítica a la polarización y la “lucha de clases”, instalando la idea de buscar la unidad nacional y dar vuelta la hoja. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tendría como objetivo la búsqueda de la verdad con el fin de la reconciliación; esto facilitaría las medidas de reparación y la posibilidad de la justicia, aunque esta última quedaba como una posibilidad lejana.

En esta comisión participaron diferentes personalidades, como el historiador Gonzalo Vial, férreo defensor de la Dictadura Militar. Su objetivo era conocer el destino de los “detenidos desaparecidos, ejecutados, y secuestros y atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos” ; dejando fuera a los que sufrieron tortura, relegamiento, expulsión del trabajo o el país. A pesar de lo limitado del informe, el sólo anuncio de Aylwin despertó la ira de los militares y sectores de la derecha que salieron a atacar la constitución de la Comisión, a defender la Ley de Amnistía y la obra de la Dictadura.

Por otro lado, se trataba de construir una suerte de “teoría de los dos demonios” o del enfrentamiento entre los dos bandos; para justificar y legitimar el Golpe de Estado, atribuyendo la culpa a las “divisiones” del pasado, al antagonismo social, la intransigencia de los partidos políticos y argumentos similares. Había que reescribir la historia para impedir que se cuestionara el nuevo orden político, económico y social, acusando a las divisiones del pasado y el enfrentamiento de ser responsables del golpe.

De esta manera, la Concertación consolidó la impunidad, en lugar de la verdad y la justicia. No podía ser de otro modo, si habían aceptado la institucionalidad que la dictadura había construido, con un régimen democrático autoritario, que buscaba preservar los fundamentos del modelo económico y social neoliberal.

Si bien el triunfo de Aylwin generó ciertas expectativas en amplios sectores de la población, rápidamente se mostró que la Concertación no traía ninguna “alegría” y que el sistema económico y social se mantenía tal cual, junto a la falta de justicia, el abuso empresarial y otros temas. Tanto el gobierno de Aylwin como los posteriores gobiernos concertacionistas se sostuvieron en la institucionalidad impuesta por la Dictadura: Constitución del 80, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, leyes de amarre, Ley de Amnistía, entre otras.

Así, la transición a la democracia se fundó en la continuidad e incluso profundización en gran parte del modelo implementado en Dictadura, y en la lógica del pacto social y el consenso. Las grandes demandas sociales quedaron olvidadas, entre ellas las de la clase trabajadora, cuando se mantuvo el Código Laboral que se impuso en 1979 con sangre y fuego, de la mano del entonces Ministro de Trabajo, José Piñera.

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La trampa de los procesos constituyentes

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Un día nos vamos a despertar con la novedad que anuncia la instalación de una Nueva Constitución.

Clarin.cl

Y doble contra sencillo: con el pueblo mirando el sarao a través de los visillos, la que se impondrá será una hecha a la medida para evitar que se desfonde el tinglado neoliberal ya sea por el peso de la corrupción o por un levantamiento popular.

El sistema aprendió hace mucho a arrancar hacia adelante.

Una Constitución redactada y aprobada  por la vía que fuere, si es con el pueblo desmovilizado, con sus organizaciones diezmadas por la cooptación, la corrupción o la indolencia, con una izquierda evaporada, atrapada en sus contradicciones, sus teorías y somnolencias, no será sino el mecanismo perfecto para dar el paso refundacional que supere las contradicciones y debilidades que hace rato asoman en un ordenamiento que ya hizo lo suyo.

La Constitución siempre ha sido una expresión de las necesidades emergentes de quienes tiene el poder. Creer por un segundo que una convocatoria de esa proyección e importancia va a dar cuenta de las reales necesidades democráticas de la gente, es pecar de una ingenuidad mayor.

Solo una vez que el pueblo haya conquistado importantes cuotas de poder político, estará en condiciones de pelear por imponer sus condiciones. Antes, en calidad de borregos que asisten cada dos años y medio a votar, engrupidos por las promesas, sometidos por el lazo acerado de la deudas, en su eterna espera para recibir un poquito de la repartija, la gente víctima de esta cultura estará necesariamente en las peores condiciones para ser convocada siquiera a discutir respecto de una nueva Constitución

La política, en tanto su cuestión es el poder, requiere fuerza objetiva, contante y sonante y el pueblo, la gente, sin organización ni horizonte, no la tiene. Aún.

La fuerza del pueblo organizado de múltiples maneras y peleando con disímiles medios ha hecho posible hasta el más mísero avance a su favor. Nunca nada, ni un derecho ni un avance, han sido regalados por los poderosos de todas las épocas.

Por muy poca cosa que sea lo que se ha logrado, ha sido porque alguna vez luchó y se lo ganó en la pelea y con el activo concurso de sus partidos políticos y sus organizaciones. Y la mayor parte de las veces, quedó un reguero de sangre y sufrimiento

La actual debilidad de los sectores populares se explica primero por la abdicación de los antiguos partidos populares que encontraron la tibieza de  lo cómodo en el sistema.

Luego, íntimamente vinculado con lo anterior, vino la desaparición o abulia de sus organizaciones, las que dieron fiera batalla en los tiempos duros de la dictadura, hasta casi extinguirse del todo en lo que se suponía era la reconstrucción democrática.

Las organizaciones de trabajadores, han ido reculando hasta transformarse en objetos decorativos cuya fuerza ha sido demolida por un sistema legal que abomina de la organización de los trabajadores, con el concurso presto y diligente de pseudo dirigentes que viven convencidos que esas organizaciones son de su propiedad

Sin ir más lejos, el patético caso de la CUT. Secuestrada por dirigentes que obedecen a lineamientos alejados del interés de los trabajadores, se ha evaporado entre manejos oscuros y vínculos secretos con el gobierno y los empresarios.

Y los más numerosos y organizados actores del último tiempo, los estudiantes, siguen atrapados en sus marchas que no sirven de nada y entretenidos en el truco de la gratuidad que los aleja de las peleas de fondo.

En suma, el pueblo, el gran ausente de esta historia, hoy está desmovilizado, al margen, ausente, endeudado, sin ninguna posibilidad de convertirse en un actor de peso en nada.

Y en ese contexto surge la iniciativa bacheleteana para instalar lo que en el gobierno llaman Una nueva constitución para Chile.

Falos. Esa patraña no es otra cosa que una pirotecnia que entiende la participación de la gente como la asistencia boba a actividades formateadas que no tendrán ninguna incidencia por su carácter no vinculante.

Digas lo que digas en esas instancias dizque participativas, gastarás saliva en vano. Las decisiones finales y de fondo, quedarán aunque no lo creas, en manos de quienes tienen el mayor rechazo de la gente y conforman el tándem de sujetos que han hecho de la corrupción una forma de vida: el Congreso.

Cada uno de los recursos que se diseñaron para esta puesta en escena no tiene otro norte que restarle importancia y sustancia a una discusión esencial. Se trata de vaciar de contenido político lo que se refiere a la necesidad de cambiar la Constitución.

Se trata de obstaculizar una comprensión más profunda de lo que es y ha sido para el cártel de poderosos que ha dirigido el país en el último cuarto de siglo, haber hecho pie en una Constitución de origen espurio, pero que ha sido muy cómoda a la hora de hacerse ricos y despreciar a la gente pobre.

Un país nacido del sueño de las gentes castigadas en un cuarto de siglo de mentiras y promesas fallidas, saldrá cuando lo impulse una decisión afirmada en su  fuerza organizada. Para avanzar hacia la superación del actual derrotero neoliberal basta proponerse construir un país decente.

Y para que la tracción hacia ese derrotero funcione, es necesario que la carreta vaya detrás de los bueyes.

Desde el punto de vista de la gente ninguneada, maltratada, endeudada, reprimida, si asiste a la ascensión de una nueva Carta Fundamental desde el lugar subordinado en que se encuentra desde hace veinticinco años, tenga por seguro que lo que vendrá será peor que lo conocido.

ESCRITO POR RICARDO CANDIA CARES

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En la Araucanía hay terrorismo de Estado

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La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno a mediados del siglo XIX, pero que no sabemos cuándo concluirá.

Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce la existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un discurso en 1841que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con “las tribus bárbaras del Sur” habían sido los únicos problemas de paz exterior. Es decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las llama. Por consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado militarmente. Ese es el origen del conflicto. Este es un conflicto chileno o, a lo sumo, un conflicto chileno-mapuche.

Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para de este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues, como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo de delincuencia rural.  Está meridianamente claro que no existe conflicto mapuche, sino que aquí tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la ocupación definitiva en 1883 mediante la circunloquiamente designada “Pacificación” de La Araucanía que nada tuvo de pacífica. Si un Estado llega por la fuerza a otro país soberano, como lo era el país mapuche, y usurpa el 90% de su territorio ¿No tendrían los mapuche el derecho a

llamarle a eso delincuencia rural? ¿No es delincuencia rural el proceso de contra-reforma agraria llevado a cabo por la dictadura que despojó a los mapuche de 152 mil hectáreas que les habían sido restituidas por el gobierno de la Unidad Popular? Es terrorismo de Estado la represión experimentada por el pueblo mapuche por militares y agricultores; y es violencia estructural también la consolidación de la industria forestal en su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la pesca industrial y prospecciones mineras.

Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso de las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente amedrentaban a las comunidades, confrontado con la posibilidad de desintegración territorial, social y cultural, segmentos del pueblo mapuche concluyen que deben confiar en su propia fuerza e inteligencia para luchar por sus derechos colectivos. Surge así un movimiento de resistencia a la violencia estatal y el Estado responde con el terror, militarizando el territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado y La Ley anti-terrorista después. Hoy, 14 años después de haberse aplicado la Ley anti-terrorista por el presidente Ricardo Lagos en 2002, el actual ministro del Interior Jorge Burgos la invoca en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable ataque a su casa en enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo Stavengahen y James Anaya,relatores especiales de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas han sido inequívocos en señalar que la legislación anti-terrorista, implementada ante la supuesta existencia del terrorismo mapuche, ha atentado contra cualquier tipo de juicio justo. Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, fue aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en parte del problema y no de la solución del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: “todo uso de la ley Antiterrorista debe cesar inmediatamente”.

12472728_1317371321609936_7878822705952974236_nEn esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el testimonio de una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se retractó de su declaración explicitando que la policía lo había obligado a confesar algo que no es verdad, tanto los medios de comunicación como la fiscalía, ya dan por hecho que los detenidos –todos mapuche– son culpables de un acto delictual.

Incluso los niños mapuche son tratados como criminales; es lo acaecido en octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños en la comunidad Coñomil Epuleo. Los niños fueron golpeados y uno de ellos baleado con perdigones. Estuvieron 4 días detenidos y fueron llevados esposados y los mantuvieron en esa condición en el Tribunal de garantía de Collipulli. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que no habría sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque se habían cumplido todos los protocolos. Además, uno de los niños mapuche relató que cuando lo llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le dijo: “ojalá todos los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…”.

Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas del Estado Islámico –como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos o, quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso. Al de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le reduce, se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC, Al Qaeda, con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo alguno, pues no existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el alzamiento mapuche, la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y estrategias de guerra psicológica para justificar la represión y reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio mapuche.

A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, se les asesina, pero Juan de Dios Fuentes, agricultor y presidente de “Paz en La Araucanía” se pasea armado con una pistola al cinto en una manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la Ley: al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche. Esto es racismo jurídico.

Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro de agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran para defenderse de posibles atentados. Esto es sumamente peligroso, especialmente si los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y evidenciado, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un grupo de camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que, además, sean recibidos en el palacio presidencial por el ministro del Interior. ¿Qué pasaría si los mapuche hicieran lo mismo? ¿Los dejarían siquiera salir de Temuco

Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere terrorismo en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal haya crecido exponencialmente en las últimas décadas y haberse expandido sus plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares en 1997 –año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6 mil millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese terrorismo, como dicen que hay, si hubiera el clima de terror, inestabilidad e incertidumbre que afirman que existe, cómo siguen operando y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche? Algo no calza

En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por territorio. Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el artículo 3 de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas –firmada también por Chile– en 2007. Si el Estado chileno lleva más de siglo y medio utilizando la violencia contra ellos, sienten tener el legítimo derecho a la autodefensa. El recurso a la violencia política es un instrumento decolonizador ante la violencia histórica. La violencia utilizada por algunas organizaciones mapuche es substancialmente contra la propiedad privada, sea esta de empresas forestales o de agricultores particulares.

 

Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan la demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones –la mayoría– también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna está planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: “un Estado dentro de otro Estado”.

Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si piensa que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino que político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la designación de un fiscal preferente o la detención de comuneros basado en la prueba de una persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que hace recordar otros montajes pasados.

Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el contrario, han agravado la situación, toda vez que existe una nueva generación de mapuche que viven permanentemente bajo el asedio policial, que conocen de allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales. La violencia acá es estructural, tiene un contenido histórico y un origen chileno. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios. Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el país mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la fuerza. Así de simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.

Chile: Colinia Del Neoliberalismo ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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