SÓLO EN CHILE ALEJANDRO SÁEZ MARDONES, ASESINO DE PARADA – NATTINO Y GUERRERO QUEDA LIBRE

La libertad condicional otorgada por la Corte de Apelaciones al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Sáez Mardones, quien fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985, causó indignación entre los familiares de sus víctimas y un fuerte cuestionamiento a los tribunales superiores, que otorgan beneficios carcelarios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

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En esa línea la hija de José Manuel Parada, Javiera, lamentó desde Nueva York a 24horas.cl que los tribunales no separen a la hora de otorgar beneficios carcelarios, los delitos comunes de aquellos que se consideran delitos de lesa humanidad y que afectan a toda la sociedad.

Además, señaló que el fallo solo reabre las heridas de un proceso que para las familias ha sido muy doloroso y que comenzó hace ya 30 años, adelantó que pedirán al Gobierno reglamentos específicos para que los violadores de derechos humanos no gocen de beneficios carcelarios y que recurrirán ante la Corte Suprema para revertir el fallo del tribunal de alzada.

“Para nosotros como familia es muy doloroso, es un proceso que comenzó hace treinta años y todavía no se puede cerrar. A nivel personal es terrible porque nos hace revivir lo que han sido estos 30 años, lo que fue el secuestro, su búsqueda y lo que tuvieron que luchar nuestras familias para que los juicios fueran llevados a cabo y fueran encontrados los culpables, pero también es muy desesperanzador ver como nuestro país sigue teniendo tantas deudas con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno militar”, dijo Javiera Parada.

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El criterio de la defensa de Sáez fue acogido por el tribunal de alzada, que aceptó el recurso de protección y concedió la libertad condicional. Sáez gozaba del beneficio de salida de fin de semana desde junio de 2013.

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Además, señaló que el fallo solo reabre las heridas de un proceso que para las familias ha sido muy doloroso y que comenzó hace ya 30 años, adelantó que pedirán al Gobierno reglamentos específicos para que los violadores de derechos humanos no gocen de beneficios carcelarios y que recurrirán ante la Corte Suprema para revertir el fallo del tribunal de alzada.

“Para nosotros como familia es muy doloroso, es un proceso que comenzó hace treinta años y todavía no se puede cerrar. A nivel personal es terrible porque nos hace revivir lo que han sido estos 30 años, lo que fue el secuestro, su búsqueda y lo que tuvieron que luchar nuestras familias para que los juicios fueran llevados a cabo y fueran encontrados los culpables, pero también es muy desesperanzador ver como nuestro país sigue teniendo tantas deudas con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno militar”, dijo Javiera Parada.

LIBERTAD REABRE EL DEBATE

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La Corte de Apelaciones revirtió así una decisión anterior de la ministra presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, Romy Rutherford, quien había rechazado el beneficio para Sáez por considerar que “de los informes psicológicos proporcionados por Gendarmería de Chile, aparece que el condenado no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio, circunstancias que conducen a concluir que requiere un mayor tiempo de evaluación para comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social”.

Sin embargo, la defensa de Sáez Mardones estimó que el beneficio de la libertad condicional “se otorga a quienes hayan cumplido la mitad de la condena que se les impuso por sentencia definitiva y que hayan observado conducta intachable en el establecimiento penal en el que cumplen la condena” y que, por lo tanto, “corresponde a la autoridad determinar si cumplen con los requisitos que señala la ley, pero no cuestionar el mal o la extensión del daño causado por el mismo, ya que al hacerlo, su resolución carece de fundamento, y por lo tanto, se transforma en ilegal”.

El criterio de la defensa de Sáez fue acogido por el tribunal de alzada, que aceptó el recurso de protección y concedió la libertad condicional. Sáez gozaba del beneficio de salida de fin de semana desde junio de 2013.

Según señalaron los abogados, el cabo (R) de Carabineros cumplía con el tiempo mínimo exigido para otorgarle la libertad condicional, tenía una conducta penal intachable en Punta Peuco y una buena relación con sus pares y los funcionarios de la unidad. Además, posee dos casas totalmente pagadas y “tiene la firma voluntad de respetar la ley, la que se ha demostrado durante el goce de los beneficios intra penitenciarios que se le han otorgado”.

Añadía su defensa que “psicológicamente se reitera la disposición al cambio, la que se encuentra ampliamente desarrollada, teniendo un favorable pronóstico de reinserción social, sin embargo, por séptima vez, se le rechazó la libertad condicional”.

Al respecto, Javiera Parada recordó que esta misma situación la vivieron las familias hace dos años, cuando se pidieron beneficios penitenciarios para algunos de los condenados. “En ese momento constatamos, después de hablar con la ministra de Justicia y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en Chile la legislación no tiene separados las beneficios penitenciarlos para los criminales comunes de los de lesa humanidad. Ahí hay una responsabilidad del país en delimitar cuáles son los requerimientos para estos delitos que son totalmente distintos”.

Recordó que al término de la investigación del secuestro y posterior asesinato de su padre existía la posibilidad de solicitar la pena de muerte, pero ella no se pidió y en cambio se prefirió la cadena perpetua, la que -insistió- no debería ser objeto de beneficios carcelarios. “Este es un crimen tipificado como de lesa humanidad, que no es amnistiable. Por eso, es importante que se haga una diferencia ente los beneficios para criminales comunes y los que han cometido crímenes que son gravosos para la sociedad en su conjunto”.

Por lo mismo, las familias de Nattino, Parada y Guerrero se reunirán mañana con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para abordar el tema.

FUENTE: TVN

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